Danska Polis

Primero quiero felicitar a los cuatro integrantes de Greenpeace, personalizando en Juan López de Uralde, por estar en sus casas tras veinte días de detención exagerada e injustificada. El impacto obtenido se puede contabilizar fácilmente: el número de afiliados a la ONG se ha incrementado en cerca de un 20% desde el 17 de diciembre. Esta actualización, más que centrarse en este asunto, porque las declaraciones de Juantxo ya han salido en todos lados -otra prueba del éxito es el aumento de visibilidad mediática- lo hará en las justificaciones de las autoridades y la policía de Dinamarca, incluso de algún diplomático español, sobre las actuaciones emprendidas. Evidentemente me baso, en gran parte, en lo declarado por López de Uralde sobre todo el proceso que han soportado en ese periodo, desproporcionado a todas luces.

Veamos la tontería. Los activistas de Greenpeace Juan López de Uralde y Nora Christiansen se cuelan hasta la cumbre burlando -con pasmosa facilidad- el sistema de seguridad que protegía a cientos de políticos. Clamoroso error de seguridad. Son detenidos. No ofrecen resistencia alguna. En un primer momento se les dice que no pasaría nada y que serían deportados en un breve plazo. A la mañana siguiente a alguien de la policía danesa se le enervan los ánimos y decide que no pueden dejar pasar el ridículo en que les han dejado, de modo que cambian de idea y les mandan a prisión. Podemos pensar que es un juez el que decide el ingreso en función de las pruebas aportadas por la policía, pero hasta la fecha no tenemos constancia de que esa decisión partiera de un juez. De hecho se les pone en libertad el día antes de la vista en que por fin hubieran podido declarar ante uno. El fracaso de la cumbre tanto en resultados como en organización puede incluso hacernos pensar en una pataleta del propio gobierno danés. Sí es el Tribunal Superior de Justicia de ese país el que deniega su recurso antes de Nochebuena.

Según el propio López de Uralde y otras informaciones, la primera noche la pasa sólo con una colchoneta sobre la que dormir, vigilado por videocámara y con la luz encendida de forma permanente, en una habitación con más de 60 personas. Esto podría ser considerado tortura, desde luego trato denigrante, y de hecho ya se está estudiando. Conforme los arrestados durante la COP 15 van siendo soltados, la prisión se va llenando con presos comunes, acusados de delitos más graves. La policía danesa recibió, en función de una reforma legal, atribuciones extraordinarias de actuación (una ley de excepción) un mes antes de la Cumbre del Clima, con el resultado que hemos visto y una extraordinaria brutalidad al dispersar las marchas de protesta y detenciones "preventivas" masivas (más de mil personas en tres días). De hecho, el lugar donde fueron recluidos fue habilitado como centro de detención ¡específico! para albergar a los arrestados durante la Cumbre. Los activistas de Greenpeace han carecido de todo contacto exterior casi hasta el último día, cuando Uralde recibió la visita de su hermano y de su esposa, eso sí, en una conversación con unas restricciones bárbaras ("presencia de un policía con traductor en la única visita de mi mujer e interrupción cada vez que se hablaba del caso..."), hasta el punto de que el director de Greenpeace España fue desnudado después de la visita para comprobar que no le habían entregado nada y se lo hubiese escondido. Pese a que se le mandaron cartas a la prisión Uralde afirma no haber recibido ninguna. Aparte, sólo le han visto el abogado y algún representante de la embajada.

Según he podido leer, la policía danesa tiene atribuciones similares a las de una fiscalía, a la hora de poder investigar a los delitos y poder instruir acusaciones. La prisión preventiva, sin la posibilidad de una tutela judicial efectiva ni la comunicación con un abogado, se justificó por el riesgo de fuga y por la posibilidad de la destrucción de pruebas. Tampoco han llegado a comparecer ante un juez. El riesgo de fuga es inexistente porque Greenpeace nunca se ha ausentado de ningún juicio, es más, le interesa acudir para dejar clara su postura, es una organización que necesita hacerse visible, justo lo que al final ha propiciado Dictamarca -antes Dinamarca- por la torpeza con que han conducido el proceso. La destrucción de pruebas tampoco ha lugar porque la acción de protesta ha salido en los informativos de todo el mundo y la propia ONG ha colgado un vídeo de acceso público en Internet "explicando la jugada", relatando todo el proceso relativo a la adquisición de los trajes, el coche, las falsas acreditaciones, las matrículas... Les hubiera bastado con ir ahí. Se ha dicho que la liberación se aligera cuando Greenpeace entrega los nombres de otros cinco activistas presentes en la Cumbre, pero el responsable de la ONG en Dinamarca dice que se ofreció a colaborar desde el principio, con el silencio de la policía por única respuesta, y que sólo le requirieron información el último día (ver nota de la ONG). En este sentido, Uralde apunta que sólo se le interroga el último día, con lo cual cabe preguntarse bajo la base de qué datos estaría investigando -es lo que dicen que estaban haciendo- la policía danesa hasta ese momento. También resulta patética la bravuconada de la policía diciendo que la pena se podía agravar "porque estaba la Reina".

Es evidente que no conozco la legislación danesa, así que me remito a la española, a la Constitución en este caso:

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.(1)
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención (2), no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.(3)
4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.(4)

(1): Con los antecedentes ya expuestos, ¿tiene justificación una detención preventiva de veinte días? Claramente no. Los hechos estaban más que claros y había poco que averiguar. Y no es que no se les pusiera a disposición de la autoridad judicial en un máximo de 72 horas, es que no se les ha puesto en ningún momento y se les libera el día anterior a la fecha tope para ello.
(2): Las autoridades danesas sí han dicho de qué se acusaba a los activistas -allanamiento de morada, suplantación de autoridad pública (¿qué autoridad?) y falsificación de documentos-, pero tiene toda la pinta de que López de Uralde y los demás tardaron varios días en enterarse de qué se les acusaba.
(3): De asistencia letrada, nada de nada, casi hasta el final. Eso se deduce al menos. Según se denunció, "la Policía danesa guarda un total hermetismo sobre la investigación, lo que dificulta mucho el trabajo de los abogados defensores de los detenidos".
(4): Esta última frase es la que, al menos en España, lo justifica todo. Poco podemos quejarnos de que en Dinamarca se tenga a cuatro personas en el más puro limbo jurídico durante veinte días si en nuestro país la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite mantener a una persona recluida en régimen de incomunicación hasta cinco días en todos los casos y hasta 13 si es sospechosa de delitos de terrorismo. Este período de 13 días se compone de una fase de hasta cinco días de incomunicación bajo custodia policial, que puede prorrogarse otros cinco días más en prisión provisional. Además, en cualquier momento de la instrucción el juez puede imponer tres días más de incomunicación. Así lo denunció Amnistía Internacional en su informe "España: salir de las sombras", presentado el 15 del pasado mes de septiembre.

Y lo peor, como dijo López de Uralde nada más pisar la calle, es que el verdadero perdedor sigue siendo nuestro planeta.

Y ahora hago la crítica diplomática mencionada en el primer párrafo. Ha ocurrido que, para sorpresa de muchos, en unas declaraciones a la Cadena Ser, el embajador español en Dinamarca hizo una cerrada defensa de la actuación de la justicia danesa, advirtiendo de que es "arriesgado" dudar de la legitimidad del sistema judicial danés, criterios que ha reafirmado en otra entrevista para El País. Él sí afirma que las acciones preventivas fueron decretadas por un juez. ¿Y luego ese mismo juez les suelta sin interrogarles antes, sin una mísera vista de carácter ordinario? Una falta absoluta de seguridad jurídica y un "castigo sin juicio", en palabras del abogado de Greenpeace España y la persona responsable de su delegación nórdica (ver en este artículo, incluyendo la estrambótica versión de la fiscalía danesa).

Ojo a las sandeces de Melitón Cardona, ¿embajador? de España en Dinamarca: "Esto no ha sido ninguna revancha de la policía porque la policía no puede hacer nada si un juez no lo avala. No se puede poner en duda el sistema judicial danés" (...) "Lo que ha pasado no tiene nada de extraordinario. Es absolutamente normal". Y que por supuesto no debemos dudar de la condición democrática de Dinamarca. ¿Cómo que no? ¡La que se hubiera armado si la detención se produce en Bolivia o Venezuela! ¿Se imaginan?

Ahora las campañas por la liberación de López de Uralde y sus compañeros deberían transformarse en campañas para presionar por un verdadero acuerdo en contra del Cambio Climático y por la petición de un juicio justo y una pena proporcional a los delitos cometidos en el caso de que los activistas de Greenpeace sean finalmente llevados a juicio.

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