lunes, octubre 31, 2011

Programas electorales: religión y laicismo

PSOE

La laicidad del Estado es consustancial a la idea de libertad e igualdad. La inmensa mayoría de los ciudadanos ama la libertad personal frente a imposiciones religiosas. Aprecian que la laicidad constitucional es una garantía para la libertad individual y un principio que favorece la convivencia de ciudadanos iguales con creencias diversas. Es una laicidad positiva.

En nuestro país junto a un proceso notable de secularización y disminución de la práctica religiosa tradicional se ha producido un incremento cuantitativo y cualitativo de la diversidad religiosa, lo que implica cambios en la vida y en las tradiciones culturales de nuestros pueblos y ciudades y también políticas públicas no exentas de controversia y contradicciones.

Esta diversidad de identidades es un hecho característico de la mayor parte de los países europeos en lo que constituye uno de sus desafíos mayores: cómo construir cohesión social, cultural y política de país a partir de la diversidad, cómo construir una idea de ciudadanía común en nuestras democracias y cómo evitar derivaciones hacia el extremismo que constituyen una amenaza para la igualdad de género, los derechos individuales y la democracia.

La separación entre Estado y confesiones religiosas, es una medida positiva de fomento del pluralismo religioso y de la libertad de no profesar religión alguna. En este terreno proponemos las siguientes medidas:

Aseguraremos la neutralidad religiosa en los espacios y actos públicos, puesto que el Estado tiene el deber de garantizar que en los espacios tutelados por los poderes públicos no exista confusión entre lo público y lo religioso.

Suprimiremos los privilegios que se conservan en la legislación hipotecaria en beneficio de la Iglesia Católica. La Ley Hipotecaria arrastra un privilegio en favor de la Iglesia Católica, tributario de épocas pasadas y carente de justificación, que equipara la Iglesia Católica a las Administraciones territoriales y Corporaciones de derecho público, facultándola para emitir sus propios certificados de dominio en ausencia de título escrito de dominio, que resulta contrario a su naturaleza jurídica y al principio de aconfesionalidad del Estado. En consecuencia se procederá a modificar el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento a fin de eliminar este injustificado privilegio.

Dije que no iba a opinar de los programas, solo plasmarlos, pero aquí hay que decir que durante la legislatura que ahora acaba el Gobierno socialista propuso la Ley de Libertad Religiosa, que ha quedado en el cajón y no se rescata en este texto. En cuanto a la "laicidad constitucional" que cita, no existe.

PP y CiU no hacen ninguna mención a este tema. Es de suponer que para ambas formaciones todo está bien como está. Por su parte, Equo aboga por un estado federal, laico y republicano, siendo la única mención a la cuestión religiosa en su programa.

UPyD

El artículo 16 CE sobre libertad religiosa, apartado 3, quedará redactado así: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal". UPyD impulsará la laicidad del Estado, garantizando la libertad de conciencia y de prácticas religiosas legítimas -que no atenten contra los principios básicos de la Constitución-, así como la autofinanciación de las confesiones religiosas y la total separación de preceptos religiosos e instituciones del Estado.

IU

El laicismo supone la existencia de las condiciones políticas, jurídicas y sociales que permiten garantizar el derecho al pleno ejercicio de la libertad de conciencia en cualquiera de sus manifestaciones y en un plano de igualdad.

Hoy no existen tales condiciones porque el carácter aconfesional aludido en la Constitución viene negado con la afirmación del Art. 16.3 de que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Se ignora así la libertad de convicciones de libre elección, limitando las creencias o convicciones a las que tienen un carácter religioso.

Esas relaciones se sustentan en: Concordato del año 1953, el Acuerdo base del 1976, los Acuerdos con la Santa Sede en 1979 y en la ley de Libertad Religiosa de 1980 que amparan subvenciones, privilegios fiscales, en la educación, presencia y simbología religiosa en instituciones públicas..., negando el principio de separación entre Iglesias y Estado.

Con el objetivo de la construcción de un estado laico proponemos como más relevante lo siguiente:

- Reforma de la Constitución en sus artículos 16 y 27 para suprimir cualquier privilegio confesional, reforzando el carácter laico del estado y del sistema público educativo.

- Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979 y del Concordato de 1953.

- Derogación de la Ley Orgánica de Libertad de Religiosa de 1980 y elaboración de una “Ley Orgánica de Libertad de Conciencia” que proteja, sin distinciones ni privilegios, todo tipo de creencias y convicciones, sean de naturaleza religiosa o de cualquiera otra naturaleza.

- Eliminar cualquier tipo de financiación pública, exención fiscal o administrativa, donación de suelo público o subvención directa a instituciones religiosas y sus correspondientes asociaciones. Son los fieles de cada religión quienes, en su caso, deben contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas. Se suprimirá del IRPF la financiación de la iglesia católica. El patrimonio religioso de interés cultural o histórico artístico, que sea restaurado con fondos públicos, deberá ser afectado al uso público.

- Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y espacios de titularidad pública. En ningún espacio público (escolar o universitario, sanitario, centro penitenciario, juzgados, etc.) habrá recintos destinados al culto de cualquier confesión religiosa.

- Los actos confesionales no tendrán carácter “oficial”. Ningún funcionario público participará en su condición de tal. No debe haber ninguna ostentación de fe en la Jefatura del Estado. No se celebrarán ritos religiosos en actos oficiales, como tomas de posesión, reconocimiento de méritos, rendición de honores, funerales de Estado, inauguraciones, etc.

- Respetar en la escuela el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia de alumnado y profesorado, suprimiendo el adoctrinamiento religioso o la exhibición de símbolos confesionales.

- Los poderes públicos velarán por la laicidad de las enseñanzas impartidas en los itinerarios oficiales, dentro de los centros educativos de titularidad pública y de los privados sostenidos con fondos públicos por lo que la enseñanza de cualquier doctrina religiosa debe quedar fuera de la enseñanza oficial exigiendo que, de forma inmediata, quede fuera del horario lectivo.

- No existirá financiación pública para los centros educativos con ideario religioso u otro que suponga exclusión o segregación ideológica o de cualquier otro tipo para el alumnado. No se subvencionarán centros educativos con ideario propio ya sean de carácter religioso o de cualquier otra naturaleza ideológica.

- Suprimir la obligación de declarar de forma implícita o explícita, sobre la ideología, creencias o religión sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en cualquier tipo de documentación civil.

- Facilitar que cualquier ceremonia civil pueda celebrarse dignamente al margen de connotaciones religiosas. Los poderes públicos han de garantizar en toda la red sanitaria la atención a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a una Muerte Digna y las disposiciones del Testamento Vital.

- Para fortalecer la convivencia en un plano de igualdad reivindicamos: incorporar conmemoraciones civiles al calendario laboral y escolar, nombres de personas ilustres de todas las tradiciones al callejero municipal, denominación neutra de las vacaciones escolares, igual acceso a los medios de comunicación públicos, eliminando el privilegio de trato concedido a sectores confesionales.

- Someter los ficheros de datos de la Iglesia Católica a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y por tanto al derecho de rectificación y cancelación de datos por parte de los interesados. No obstante, se garantizará a quien quiera ejercer la apostasía sin ninguna traba para quienes la prefieran.

Programas electorales: lengua y educación

PSOE

La diversidad lingüística es una de las mayores riquezas culturales de España. Para los socialistas, el respeto a esta diversidad desde todas las Administraciones Públicas ha sido, y seguirá siendo un principio irrenunciable.

El papel del gobierno de España es fundamental para la defensa del plurilingüismo en todo el Estado. El conocimiento de las lenguas oficiales en los territorios bilingües hace que los derechos de los ciudadanos, su comunicación, su convivencia y su libertad estén más garantizados. Es bueno que el conjunto de españoles lo valore positivamente, haga suya esta riqueza y la defienda como propia. Invertir en valorar las otras lenguas españolas no es una inversión intangible: es una apuesta a favor de la educación, de la igualdad de oportunidades, de la cohesión social, del bienestar personal y colectivo y del respeto mutuo. El plurilingüismo además también genera valor económico. Por ello, manifestamos la necesidad de defender, proteger e impulsar los sistemas educativos de nuestro país que, en las diferentes Comunidades Autónomas garantizan que al término de la educación obligatoria nuestros jóvenes conozcan perfectamente tanto la lengua castellana como el resto de lenguas cooficiales, también españolas.

Una economía basada en esa materia prima inagotable que es el conocimiento debe considerar la lengua como un activo estratégico de primer orden. En este sentido merece una especial mención la capacidad de riqueza que encierra el castellano.

PP

Impulsaremos la opción de una educación trilingüe en las comunidades autónomas con lengua cooficial, hasta el final del bachillerato.

Defendemos el bilingüismo armónico y el derecho a ser educados en la lengua española que libremente elijamos y a conocer las lenguas cooficiales de cada Comunidad Autónoma.

La lengua no puede convertirse en un factor de discriminación ni una barrera cultural para restringir derechos, impedir la movilidad geográfica, o romper la unidad de mercado.

Los españoles tienen derecho a elegir el idioma en el que educar a sus hijos.

Queremos garantizar un bilingüismo equilibrado, con el fin de que la lengua sea un instrumento de libertad al servicio de las personas, un vehículo de entendimiento y no una fuente de desigualdades. Los poderes públicos garantizarán que todos los españoles puedan ejercer este derecho que les asiste, también, en el ámbito de la educación.

Reconocemos el derecho de las Comunidades Autónomas con lengua cooficial a impulsar y extender su conocimiento. De la misma manera, velaremos por la efectividad del derecho constitucional de conocer y utilizar la lengua común.

Estableceremos las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los españoles a usar el castellano y asegurar que ningún ciudadano sea discriminado por el ejercicio de este derecho.

Garantizaremos por ley el derecho a utilizar y a estudiar en castellano en todas las etapas del sistema educativo.

En aquellas Comunidades Autónomas que tengan, junto con la lengua oficial del Estado, otra lengua cooficial de acuerdo con sus Estatutos estarán garantizados:

Los derechos preferentes de los padres y de los alumnos, de modo que en todas las etapas educativas y en todos los cursos, la lengua castellana sea vehicular en las distintas áreas y materias junto con la otra lengua cooficial, en el marco de un modelo de bilingüismo integrador, teniendo en cuenta la realidad sociolingüística del entorno educativo.

El derecho a cursar las enseñanzas en la lengua oficial del Estado, en aquellos casos en que, por circunstancias familiares o laborales, los alumnos residan temporalmente en la Comunidad Autónoma.

La lengua castellana tendrá el tratamiento propio y el horario necesario para garantizar que todos los escolares la comprendan y se expresen en ella con corrección, oralmente y por escrito, al finalizar la enseñanza básica.

El Estado, a través de la Alta Inspección, velará por el cumplimiento de estos objetivos.

CiU

Seguiremos defendiendo el modelo de inmersión lingüística en catalán como lengua vehicular normalmente utilizada en la enseñanza, garantizando la consecución de las competencias lingüísticas en catalán y castellano y aumentando las competencias en otras lenguas, principalmente el inglés.

Garantizaremos el derecho a la educación y la libertad de elección de centro, de acuerdo con su ideario y proyecto educativo.

Promoveremos el catalán en todos los niveles universitarios y la proyección de la lengua catalana en todo el mundo, junto con el inglés y otras lenguas. Velaremos, para que los efectos de la movilidad de grados provenientes de otras CCAA, no suponga impedimentos al carácter vehicular de nuestra lengua.

Impulsaremos la creación de cátedras de Filología Catalana en universidades de fuera de Cataluña. Trabajaremos para incorporar las carreras de Filología y Literatura catalanas en las universidades del Estado, de la Unión Europea y de países extranjeros.

El catalán debe ser lengua oficial en las instituciones de la Unión Europea. El catalán es la decimotercera lengua en número de hablantes en la UE y cuenta con más hablantes que catorce otras lenguas oficiales comunitarias. Aprovechando la revisión de los Tratados y del Reglamento de Usos lingüísticos con motivo de la integración de Croacia en el año 2013, impulsaremos la incorporación del catalán como lengua oficial de la Unión Europea.

Más en "7. Una nueva etapa de la política catalana en Madrid", "7.2. Defensa de la lengua catalana y del caracter pluricultural del Estado" y "7.3. Elementos básicos del modelo lingüístico escolar en Cataluña". En catalán.

UPyD

En las Comunidades con dos lenguas oficiales debe asegurarse la igualdad de derechos lingüísticos en el trato con la administración, en la educación obligatoria y en todos los servicios públicos. En el artículo 14 CE que prohíbe la discriminación se incluirá, tras la palabra "raza", la palabra "lengua". Por otra parte, las lenguas no tienen derechos políticos, y por ello se suprimirá el artículo 3.3 CE: "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

Atribución el Estado de las competencias en educación, sin perjuicio de que la gestión siga siendo desempeñada por las CCAA. En los territorios con dos lenguas cooficiales, reconocimiento por ley del derecho a la escolarización en la lengua oficial de elección, y currículum que asegure el aprendizaje adecuado de ambas, con impulso del trilingüismo (y del bilingüismo con el inglés en el conjunto de España). Movilidad del profesorado en toda España en igualdad de condiciones y oportunidades.

Potenciación del aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, a través de la enseñanza bilingüe (o trilingüe en territorios con dos lenguas cooficiales). Al final del Bachillerato los alumnos deberán alcanzar el nivel requerido para continuar sus estudios en otro idioma.

Eliminar cualquier tipo de barreras o méritos relacionados con el conocimiento de lenguas cooficiales en las convocatorias, concursos u ofertas de empleo para acceder a puestos de investigación en las distintas Comunidades Autónomas y organismos de investigación, excepto en áreas y puestos que requieran el uso o investigación de la lengua cooficial.

IU

Escuelas Oficiales de Idiomas: Se garantizará en todo el territorio nacional una oferta pública de calidad de enseñanza de idiomas a adultos. Estas enseñanzas se ofertarán en la red de EEOOII y abarcarán los seis niveles definidos por el Marco Común Europeo para la enseñanza de las lenguas. Los estudios tendrán carácter reglado y darán acceso a certificaciones. Se prestará especial atención a las lenguas cooficiales.

Establecer y generalizar un modelo educativo para el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Potenciar los idiomas del alumnado de familias migrantes y de minorías en los centros escolares.

Equo

Nos comprometemos a impulsar la calidad de nuestro sistema universitario, dotándolo económicamente para lograr niveles de excelencia académica e investigadora. Reformando el sistema de acceso a la docencia y acreditación de méritos personales.

domingo, octubre 30, 2011

Programas electorales: cultura e industrias culturales (Equo)

Equo

- El Ministerio de Cultura, impulsando la coordinación con las Comunidades Autónomas, financiará y desarrollará un plan integral de Bibliotecas, archivos y museos que garantice la calidad y universalidad de estos servicios.

- Puesta en marcha de un plan de políticas culturales destinado fomentar el cambio del actual modelo de negocio de las industrias culturales que combine de manera equilibrada y sostenible los legítimos intereses y derechos de todos los actores implicados y haciendo prevalecer entre esos intereses siempre el bien común.

- Aprobación de una nueva Ley de Patrimonio y políticas de gestión adaptadas al marco internacional vigente, que aseguren una correcta coordinación en la gestión, investigación, protección y difusión del patrimonio cultural.

Los modelos de financiación vigentes, en especial el 1% Cultural y las políticas de mecenazgo, deben ser mejorados para asegurar un impacto positivo en el desarrollo de políticas patrimoniales sostenibles que repercutan en la sociedad.

- Reforma de los derechos de autor y propiedad intelectual de manera armonizada internacionalmente y en consonancia con la declaración de Washington de 2011 del Global Congress on Intellectual Property and Public Interest y regulación de las entidades de gestión de derechos para su mayor transparencia y democracia interna.

Incluir una nueva regulación sustitutoria del canon por copia privada. Se han de acompasar dichas reformas con la defensa de los intereses de autores y usuarios y del fomento de un nuevo modelo de negocio para las industrias culturales.

- Desarrollo de políticas de promoción y cooperación cultural estatal e internacional a partir de principios de mejora de la movilidad, colaboración entre las administraciones, posicionamiento de España como tierra de creación, apertura de mercados y cooperación a través de la formación e intercambio para la solidaridad.

Fomento de un cambio de valores que conlleve una desmercantilización del ocio, el fomento de la multiculturalidad entre los jóvenes y el fomento del asociacionismo juvenil.

Supresión de ayudas y subvenciones a actividades y espectáculos que no respeten criterios de protección animal y medioambiental, de protección de especies, de derechos humanos, laborales, etc.

- Potenciación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento como herramienta de cohesión social y desarrollo social y económico.

Fomentar la presencia de mujeres en la formación en disciplinas tecnológicas, luchar contra la brecha digital, reducir las políticas basadas en la subvención para comprar equipos informáticos y reorientarlas para invertir en la formación gratuita de conocimientos básicos de uso de nuevas tecnologías.

- Apoyo al software libre, sobre todo en el ámbito de las administraciones públicas.

Todo el software desarrollado o contratado por la Administración deberá estar disponible para su uso a través de licencias libres.

- Reforma del modelo de patentes de software.

- Por unas nuevas tecnologías ecológicas, sostenibles, inclusivas, abiertas y seguras.

- La inclusión de las nuevas tecnologías en las administraciones públicas: por unas administraciones públicas eficaces, eficientes, transparentes y participativas.

- Establecimiento de un nuevo marco regulatorio que garantice la neutralidad de la red, la privacidad de las comunicaciones y el libre intercambio de información, se configure un ecosistema que sustente un nuevo modelo de negocio para los contenidos culturales y creativos.

Apostamos por el fomento de un nuevo marco que tenga en cuenta los derechos del conjunto de actores afectados, desde los usuarios a los creadores pasando por las industrias culturales y los proveedores de servicio. Dichos proveedores de servicio u operadoras deberán garantizar la neutralidad de la red impidiendo que se puedan priorizar el tráfico dependiendo de algunas de las características del mismo y en función de acuerdos bilaterales con proveedores de contenido u otros actores. Rechazamos las medidas de tipo legislativo y judicial que persiguen limitar el libre intercambio de información entre particulares, aun tratándose de archivos sujetos a derechos de autor y copyright, siempre que se realice sin ánimo de lucro, directo o indirecto.

Programas electorales: cultura e industrias culturales (IU)

IU

Avanzar en la transparencia pública de los criterios empleados para la política de subvenciones, adquisición y contrataciones.

Programa de apoyo a la diversidad cultural, con dotación presupuestaria específica.

Promover el conocimiento e intercambio de las diversas lenguas y culturas de los pueblos de España entre todos sus habitantes, y regular el uso de las lenguas oficiales en las instituciones públicas estatales.

Poner a disposición del público nuestro rico patrimonio cultural, que incluya desde los planes de rehabilitación, hasta una legislación que frene la especulación, los usos que deterioren el patrimonio y el expolio del mismo, aplicando una política policial y penal contra el comercio ilegal y la destrucción de nuestro patrimonio cultural, artístico y arquitectónico.

Potenciar la creación y la investigación artística, científica y técnica, dedicando mayores recursos y estableciendo una relación no “clientelar” entre los poderes públicos y los creadores e investigadores. Las subvenciones públicas no deben aplicarse en función de los resultados comerciales.

Crear espacios articuladores de los distintos movimientos culturales. Desarrollar políticas sectoriales de apoyo a la música, la danza, la pintura, la escultura, los museos, las salas de exposiciones, el teatro, el cine, los contenidos audiovisuales, el circo, todo tipo de deportes y los espacios públicos de ocio y entretenimiento.

Reforzar la red de teatros y su cooperación estatal e internacional. Apoyo fiscal a los Cafés musicales. Potenciar la creatividad, producción y actuación de los cantautores abriendo nuevos espacios en el circuito de la cultura, de los municipios y en los medios audiovisuales de comunicación.

Llevar a cabo una campaña continuada de fomento de la lectura. Desarrollar una red de bibliotecas y mediatecas públicas.

Crear una Mediateca pública estatal modelo de archivo integral de la cultura, de consulta libre, descentralizada y gratuita.

Acceso libre y gratuito a todos los museos y al patrimonio arquitectónico y cultural; a las mediatecas y bibliotecas públicas, hemerotecas, fonotecas, filmotecas y mediatecas.

Frente a la precariedad laboral del sector del Espectáculo, proponer a los sindicatos representativos de los trabajadores la negociación de un Convenio Marco para promover el pleno empleo, hacia una jornada semanal máxima de 35 horas. Estatuto laboral y fiscal del creador y del actor y artista, mejorando sus derechos sociales, condiciones de vida y de trabajo.

Apoyo al cine español y otras obras audiovisuales: frente a la invasión de producciones norteamericanas, defender y potenciar la excepción cultural europea. Proteger y promover las culturas nacionales del país con medidas económicas, fiscales y políticas, potenciando la creación propia de contenidos para los medios de comunicación, cine y televisión, fijando cuotas mínimas de pantalla y garantizando el apoyo de TVE al cine español y europeo.

Apostamos por la democratización de la comunicación y la cultura, por gestionar de forma pública los derechos de autor, por el software libre y por una política cultural que apoye a los creadores desde la base y difunda las artes entre todos los niveles de la población, pero muy especialmente entre los colectivos y territorios menos favorecidos económica y socialmente.

Proponemos cambiar profundamente el modelo vigente de propiedad intelectual pues el vigente, concebido en un principio para proteger el trabajo del creador individual, se ha convertido principalmente en un instrumento de maximalización del beneficio de grandes empresas de carácter multinacional y dificulta el acceso al conocimiento.

Impulsar la derogación de la actual Ley de Propiedad Intelectual y elaboración, de manera participativa con todos los actores implicados, de una nueva ley que:

- Derogue el actual modelo de recaudación de derechos mediante entidades de gestión privadas. Creación de una entidad pública de Gestión, con presencia en todo el Estado, cuyo objetivo sea el de dar el servicio adecuado y no el lucro.

- Asegure la adecuada contribución de los operadores de telecomunicaciones y de las industrias de Tecnologías de la Información a la justa remuneración de los creadores, para que esta no se base en un sistema como el canon digital que penaliza indiscriminadamente a los ciudadanos independientemente del uso que estos den a soportes y dispositivos digitales y electrónicos.

- Reconozca las alternativas al “copyright” tradicional, como las licencias Creative Commons, y deje en manos del autor la cantidad de derechos sobre los que quiere licenciar su obra, así como la capacidad del autor de renunciar a estos derechos.

Garantizar la libertad y la neutralidad de la red frente a los intentos del lobby de la SGAE y sus aliados políticos por coartarlas. En este sentido se exige la derogación de la llamada “Ley Sinde”.

Favorecer la difusión del libro electrónico, reduciendo su precio y favoreciendo que se digitalicen las obras literarias y científicas que sean de dominio público. En este sentido las Administraciones Públicas deberán apoyar iniciativas similares al Proyecto Gutenberg con obras escritas en todas las lenguas oficiales del Estado y las editoriales hacer lo propio con obras descatalogadas.

Apoyo de IU al movimiento del Software Libre (open source). Establecer como obligatorio el uso de software libre (en su mayoría gratuito) en todos los ordenadores y medios informáticos oficiales en todas las Administraciones Públicas. Urge la presencia obligada de software libre en todos los ordenadores y medios de uso escolar: no queremos que se eduque a nuestros escolares para ser clientes de Microsoft o Apple, ni nos parece de recibo que se sigan pagando costosas licencias con dinero público cuando tenemos alternativas gratuitas y mejores al alcance. Impulsar una oposición total del Estado Español, en la Unión Europea, a los intentos por impulsar patentes de software cerradas: favorecen el mantenimiento de los monopolios e impiden el compartir los beneficios de la investigación.

Proponemos la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 para garantizar el acceso a Internet como un derecho de toda la ciudadanía, derogando asimismo la exclusividad de las empresas privadas de telecomunicaciones para proporcionar acceso a Internet, facilitando la creación de empresas públicas (por ejemplo de carácter municipal que faciliten el acceso inalámbrico a la red a sus vecinos y vecinas).

Proponemos una Ley General de la Comunicación Audiovisual que garantice el reparto de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal. Reconocimiento en la nueva ley de los medios del tercer sector (como las radios libres y comunitarias).

Programas electorales: cultura e industrias culturales (UPyD)

UPyD

Nueva Ley de Propiedad Intelectual adaptada a la era digital que defienda la cultura y su difusión como bien social, y que devuelva el control de sus derechos tanto a los creadores como a los usuarios, dejando de criminalizar el aprovechamiento de nuevas tecnologías y volviendo a priorizar los derechos fundamentales.

Dominio Público: legitimarlo como espacio para la creación amateur o como opción gratuita de promoción a la creación profesional, priorizando el registro de obras descatalogadas. Potenciará el acceso a los fondos digitales del procomún (como los de RTVE), con empleo prioritario de licencias copyleft y software libre en la eAdmon.

Derogación de la llamada “Ley Sinde” y de los monopolios de las Sociedades de Gestión Colectiva de derechos de autor. Incentivar y flexibilizar el mercado de patentes y licencias, evitando la concentración industrial excesiva de los derechos en manos de oligopolios y grandes corporaciones.

Se abrirán nuevas opciones a la gestión del derecho privado de copia (copyright). La compensación por copia privada se hará mediante fiscalidad especial y no mediante canon o cualquier otra tasa gestionada por particulares.

Defensa de la Neutralidad de la Red, garantizando el derecho de los usuarios de Internet a intercambiar, recibir u ofrecer cualquier flujo de información lícito a través de Internet sin que pueda ser discriminado arbitrariamente por los prestadores de acceso, servicios y contenidos de Internet, reconociendo la legalidad del uso particular de aplicaciones P2P para el intercambio de archivos. Se garantizará que instituciones e industria informen con transparencia sobre los derechos de los usuarios y las características de los servicios.

Eliminar la duplicidad de las subvenciones y ayudas a las industrias culturales ahora concedidas por diversos ministerios para el mismo fin, evitando las duplicidades de procedimientos y el difícil control de la gestión y las cuentas. Tramitar y obtener la financiación necesaria a través del Instituto de Crédito Oficial ICO, creando una línea específica.

Integrar el Instituto Cervantes en el Ministerio de Cultura dada la naturaleza de sus funciones, que deben de estar integradas en el conjunto de las actividades culturales de Estado.

Liquidar la Alianza de las Civilizaciones, integrando sus funciones en instituciones culturales ya existentes, eliminando la duplicidad y la redundancia, así como las contrataciones arbitrarias y el aumento del gasto.

Los fondos del 1% del presupuesto de obras públicas dedicado a inversiones culturales deben ser administrados por el Ministerio de Cultura, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos con criterios de racionalidad y transparencia, dedicándolos a restauración de BICs y compra de obras de arte de autores vivos.

El IVA de los libros electrónicos tendrá el mismo tipo superreducido (4%) que se aplica a los libros en soporte físico, bajo el criterio de neutralidad en la competencia.

Programas electorales: cultura e industrias culturales (CiU)

CiU

Traducido del catalán. Solo apartados aplicables a todo el territorio nacional.

Solicitarán la transformación del Ministerio de Cultura en una Secretaría de Estado, con el fin de evitar duplicidades entre la administración del Estado y las Comunidades Autónomas y suprimir estructuras administrativas innecesarias.

Promoverán una nueva Ley de Patrocinio y Mecenazgo que impulse la cultura en los diferentes sectores.

Promoverán las reformas legislativas necesarias para incrementar la transparencia y la objetividad en materia de subvenciones. Mayor publicidad sobre convocatorias, requisitos y concesiones, e información más clara y accesible. A su vez, introducción de sistemas de evaluación en las políticas de subvención.

Potenciarán la creatividad cultural, el conocimiento del arte y la cultura, y los acercarán especialmente a los jovenes.

Propondrán fórmulas para que el Estado, en coordinación con las Comunidades Autónomas, facilite la financiación de las empresas culturales. Aparte de las subvenciones se han de poner al alcance de las pequeñas y medianas empresas del sector cultural los instrumentos financieros adecuados que les permitan acceder al crédito para desarrollar sus productos y asumir procesos de modernización tecnológica.

Impulsarán que el Gobierno, a través de las CCAA, destine recursos al sector cultural para que se adapte al mercado digital, para modernizar infraestructuras y para acceder a los nuevos modelos de negocio, incluyendo la investigación y la innovación.

Promoveremos la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarla a las nuevas exigencias del desarrollo tecnológico y a la sociedad de la información fomentando soluciones armonizadas con la UE. La protección legal de la propiedad intelectual es fundamental para mantener nuestro patrimonio cultural, para fomentar la creación y la diversidad cultural y para asegurar la continuidad de las industrias culturales del país, lo cual pasa por una adaptación normativa que incorpore, entre otros, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Impulsarán, en el marco de la gestión colectiva de los derechos de autor, medidas para garantizar la máxima transparencia y control de las entidades de gestión y velaremos por que el Estado facilite los instrumentos y la información necesarios para que la Generalitat pueda hacer uso de sus competencias para autorizar, inspeccionar y revocar las entidades de gestión que actúan de forma mayoritaria en Cataluña.

Controlaremos el modelo que prevé la Disposición Final de la Ley de Economía Sostenible, que concede a una Comisión adscrita al Ministerio de Cultura la facultad para cerrar webs con autorización judicial. La aplicación de esta ley no puede ser en ningún caso arbitraria, ni puede suponer un recorte de las libertades de los usuarios ni puede responder a intereses partidarios.

Promoveremos la adopción de medidas que incrementen la formación y la concienciación de los usuarios sobre los derechos de los autores y creadores, y sobre los efectos negativos que causan las descargas ilegales tanto en la industria como en la pérdida de generación de cultura.

Promoveremos que se lleve a cabo una mayor difusión de los fondos depositados en las grandes infraestructuras culturales de titularidad estatal fijando fórmulas que impulsen la firma de los correspondientes convenios de cesión temporal entre las instituciones implicadas y el Estado.

Velaremos para que el 1% cultural se invierta en el lugar donde se hace la infraestructura financiada por el Estado, o que como mínimo, se destine a la misma Comunidad Autónoma donde se lleva a cabo la infraestructura.

Insistiremos en el establecimiento de un IVA superreducido para la totalidad de productos y espectáculos culturales, incluidos los discos y el cine, y para los libros electrónicos "sin apoyo" [textual: "sense suport"]. Velaremos también por el precio fijo del libro porque garantiza el mantenimiento de una oferta editorial plural, heterogénea y rica.

Impulsaremos la adopción de las disposiciones normativas necesarias para mejorar y asegurar la protección social de los artistas. Instaremos a la elaboración de un estudio que incluya propuestas para adaptar el sistema de los regímenes de la Seguridad Social a las especiales características de los creadores y artistas.

Programas electorales: cultura e industrias culturales (PP)

PP

Suprimiremos el canon digital y lo sustituiremos por nuevos modelos de gestión y retribución de la propiedad intelectual más justos y equitativos, basados en el uso efectivo de las obras.

Impulsaremos la extensión de las redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, y el desarrollo de nuevos servicios basados en ellas. Promoveremos la eliminación de barreras normativas y administrativas al despliegue de estas infraestructuras.

Impulsaremos el mecenazgo para que tanto particulares como empresas se involucren en la financiación y promoción de la cultura, sustituyendo progresivamente el actual modelo basado en subvenciones.

Prestaremos especial atención a los cambios que Internet está produciendo en el mundo de las industrias culturales, favoreciendo las transiciones que se operan en este nuevo marco de la globalización.

El Partido Popular está dispuesto a impulsar una iniciativa multiárea que comprenda conversaciones con el Gobierno central y con las consejerías de los Gobiernos autonómicos, con los representantes de la Federación Española de Municipios y, muy especialmente, con las Academias, organizaciones, empresarios y agentes culturales del país, a fin de acordar y firmar un Gran Pacto Nacional de la Cultura.

Eliminación del partidismo en las iniciativas culturales que se lleven a cabo desde las distintas administraciones del Estado.

Respeto institucional por la independencia de intelectuales, creadores y artistas, con la consiguiente ausencia de interferencias en su trabajo creativo.

Estabilidad de la legislación en materia cultural y contar con un marco regulatorio sencillo, eficaz y estable.

La industria cultural ha de ser considerada como sector clave en la creación de riqueza, calidad de vida presente y capitalización futura, así como pieza fundamental en la salida de la crisis económica.

En lo que respecta a Internet, las instituciones deben facilitar la creación de plataformas de difusión y venta de productos intelectuales a través de la red, plataformas que no culpabilicen ni castiguen al usuario, que en ningún caso presupongan el establecimiento de filtros de censura y que, al mismo tiempo, reconozcan plenamente el valor y la dignidad del trabajo de los autores.

Preparación de una Ley de Mecenazgo. Una ley que, después de su aprobación, facilitará extraordinariamente la entrada del sector privado en el sostenimiento de la industria cultural. Creemos que la Ley de Mecenazgo va a suponer una inyección de progreso y una mayor libertad para la industria y los agentes culturales.

(El Partido Popular) trabajará en España y en Europa para que las leyes no estrangulen la libertad de los usuarios de Internet y, por tanto, de todos los ciudadanos.

El Partido Popular propondrá en el marco europeo una normativa que garantice que ningún usuario sea privado de su acceso a Internet y prevenga la creación de sistemas de canon digital indiscriminados en soportes y dispositivos digitales con independencia del fin para el que vayan a ser utilizados por los usuarios.

Sobre la disposición final de la ley de Economía Sostenible, el Partido Popular:

- defiende los derechos de autor y de propiedad intelectual, no todo en Internet tiene que ser gratuito, sino que lo gratis tiene que convivir con alguna forma de pago.

- se opone de forma tajante a cualquier intervención en Internet que no venga avalada por la decisión de un juez.

- promueve la creación de una industria que produzca software en España, de esta forma se posibilita la generación propia de contenidos.

- aboga por proporcionar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fiscales y jueces más medios para combatir la piratería y los delitos informáticos.

Impulsar el despliegue de las redes de acceso de nueva generación, fijas y móviles, eliminando barreras legales, contando con el compromiso de todas las administraciones y garantizando los derechos de todos los usuarios.

Oponernos al canon digital que impone indiscriminadamente a los ciudadanos un gravamen por el uso de dispositivos y soportes digitales con independencia del uso al que vayan a ser destinados. Promovemos, en cambio, la adaptación del derecho de propiedad intelectual al nuevo entorno tecnológico para fomentar el desarrollo de nuestra industria cultural.

Programas electorales: cultura e industrias culturales (PSOE)

PSOE

Las industrias culturales y creativas han de jugar un papel muy relevante en el nuevo modelo productivo post crisis, basado en la economía del conocimiento. Tienen, además, un elevado potencial de creación de empleo de calidad, ya que la aplicación del factor trabajo en el sector es superior a la media y no precisa elevadas inversiones.

Reformar el actual marco de propiedad intelectual para sustituir el canon digital actual y establecer un nuevo modelo de protección, equilibrando los derechos de usuarios y creadores teniendo presente las iniciativas europeas en esta materia.

Crear una Agencia de Propiedad Intelectual, con participación de las Comunidades Autónomas, para integrar en un único organismo los diferentes aspectos de la gestión pública de la Propiedad Intelectual.

Reformar la Ley de Mecenazgo para incentivar las aportaciones privadas a las instituciones e iniciativas culturales. Entre otras medidas se equiparará el tratamiento dado a las aportaciones realizadas por las personas físicas con el que se dé a las personas jurídicas.

Impulsar la aplicación de un tipo de IVA reducido del 4% a todos los formatos de libro, incluido el libro digital.

Reforzar el Plan Integral de Apoyo a las Industrias Culturales y de la Creación, con especial incidencia en la formación de emprendedores, en la internacionalización, en el reforzamiento del tejido empresarial y en las facilidades de financiación, con el objetivo final de impulsar el cambio de modelo de negocio que el sector precisa.

La creación de software de entretenimiento y los videojuegos, son parte de la cultura de nuestro país, por ello adoptaremos medidas para potenciar la promoción, financiación e internacionalización de este importante sector económico y cultural.

Impulsar el autoempleo entre los creadores artísticos, así como la creación de sociedades laborales y cooperativas que aglutinen toda la cadena de valor de las artes: creación, producción, distribución y exhibición.

Promover a través de las instituciones culturales públicas la nueva creación artística en todas sus manifestaciones, para ello los centros de creación, bibliotecas y museos darán prioridad al desarrollo de talleres, residencias, coproducciones y todas aquellas actividades que faciliten la materialización de nuevos proyectos.

Fortalecer las sinergias entre dos sectores en los que España es líder mundial, el turismo y la cultura, con una línea específica de promoción del turismo cultural, favoreciendo la diversidad y calidad de la oferta.

Reformar la Ley de Patrimonio Histórico para dar cabida a nuevas formas de patrimonio cultural surgidas en los últimos años, tales como el patrimonio cultural inmaterial, el subacuático o el paisajístico.

Proseguir con el Plan de renovación de los museos nacionales y de titularidad estatal.

Crear el Centro Nacional de Fotografía y Artes Audiovisuales.

Continuar con el Plan de construcción de infraestructuras culturales, particularmente bibliotecas, consensuando con las CCAA la incorporación al Plan de municipios de gran tamaño distintos de las capitales de provincia.

Consensuar con el conjunto del sector del libro un plan viable de apoyo a las librerías minoristas para garantizar la pluralidad de la oferta editorial, incorporando en ella la oferta digital.

Favorecer la coproducción cinematográfica e impulsar el rodaje de películas extranjeras en España.

Impulsar un Plan de Digitalización de las salas cinematográficas en colaboración con las CCAA y con el sector de la distribución y de la exhibición.

Mejorar la financiación, pública y privada, de la producción cinematográfica.

Programas electorales para el 20N

Voy a ver los programas electorales de PSOE, PP, CiU, UPyD, IU y Equo para el 20N. Me voy a fijar en tres aspectos. Propuestas de índole cultural, propuestas en materia lingüística (si las hay) y propuestas en materia religiosa (si las hay). Solo reflejar lo que dicen de cada uno de esos temas, sin opinar.

El PP no veo que tenga publicado un programa como tal. Tiene publicados en su web una serie de principios generales bajo el epígrafe "Nuestras ideas".

Añadido: El País ha publicado diez páginas del programa electoral del PP.

Igual echan en falta el del PNV. No lo he encontrado.

Sé que se presentan más formaciones. Lo siento si no las incluyo.

Enlaces a los programas completos:

- PSOE (pdf donde dice "Documentos relacionados")

- PP (web)

- CiU (web, en catalán)

- UPyD (pdf, link directo)

- IU (enlace al pdf al final de la página)

- Equo (pdf, link directo)

Empezaré este mismo domingo con las propuestas culturales.