domingo, octubre 30, 2011

Programas electorales: cultura e industrias culturales (Equo)

Equo

- El Ministerio de Cultura, impulsando la coordinación con las Comunidades Autónomas, financiará y desarrollará un plan integral de Bibliotecas, archivos y museos que garantice la calidad y universalidad de estos servicios.

- Puesta en marcha de un plan de políticas culturales destinado fomentar el cambio del actual modelo de negocio de las industrias culturales que combine de manera equilibrada y sostenible los legítimos intereses y derechos de todos los actores implicados y haciendo prevalecer entre esos intereses siempre el bien común.

- Aprobación de una nueva Ley de Patrimonio y políticas de gestión adaptadas al marco internacional vigente, que aseguren una correcta coordinación en la gestión, investigación, protección y difusión del patrimonio cultural.

Los modelos de financiación vigentes, en especial el 1% Cultural y las políticas de mecenazgo, deben ser mejorados para asegurar un impacto positivo en el desarrollo de políticas patrimoniales sostenibles que repercutan en la sociedad.

- Reforma de los derechos de autor y propiedad intelectual de manera armonizada internacionalmente y en consonancia con la declaración de Washington de 2011 del Global Congress on Intellectual Property and Public Interest y regulación de las entidades de gestión de derechos para su mayor transparencia y democracia interna.

Incluir una nueva regulación sustitutoria del canon por copia privada. Se han de acompasar dichas reformas con la defensa de los intereses de autores y usuarios y del fomento de un nuevo modelo de negocio para las industrias culturales.

- Desarrollo de políticas de promoción y cooperación cultural estatal e internacional a partir de principios de mejora de la movilidad, colaboración entre las administraciones, posicionamiento de España como tierra de creación, apertura de mercados y cooperación a través de la formación e intercambio para la solidaridad.

Fomento de un cambio de valores que conlleve una desmercantilización del ocio, el fomento de la multiculturalidad entre los jóvenes y el fomento del asociacionismo juvenil.

Supresión de ayudas y subvenciones a actividades y espectáculos que no respeten criterios de protección animal y medioambiental, de protección de especies, de derechos humanos, laborales, etc.

- Potenciación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento como herramienta de cohesión social y desarrollo social y económico.

Fomentar la presencia de mujeres en la formación en disciplinas tecnológicas, luchar contra la brecha digital, reducir las políticas basadas en la subvención para comprar equipos informáticos y reorientarlas para invertir en la formación gratuita de conocimientos básicos de uso de nuevas tecnologías.

- Apoyo al software libre, sobre todo en el ámbito de las administraciones públicas.

Todo el software desarrollado o contratado por la Administración deberá estar disponible para su uso a través de licencias libres.

- Reforma del modelo de patentes de software.

- Por unas nuevas tecnologías ecológicas, sostenibles, inclusivas, abiertas y seguras.

- La inclusión de las nuevas tecnologías en las administraciones públicas: por unas administraciones públicas eficaces, eficientes, transparentes y participativas.

- Establecimiento de un nuevo marco regulatorio que garantice la neutralidad de la red, la privacidad de las comunicaciones y el libre intercambio de información, se configure un ecosistema que sustente un nuevo modelo de negocio para los contenidos culturales y creativos.

Apostamos por el fomento de un nuevo marco que tenga en cuenta los derechos del conjunto de actores afectados, desde los usuarios a los creadores pasando por las industrias culturales y los proveedores de servicio. Dichos proveedores de servicio u operadoras deberán garantizar la neutralidad de la red impidiendo que se puedan priorizar el tráfico dependiendo de algunas de las características del mismo y en función de acuerdos bilaterales con proveedores de contenido u otros actores. Rechazamos las medidas de tipo legislativo y judicial que persiguen limitar el libre intercambio de información entre particulares, aun tratándose de archivos sujetos a derechos de autor y copyright, siempre que se realice sin ánimo de lucro, directo o indirecto.

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