Programas electorales: cultura e industrias culturales (UPyD)
UPyD
Nueva Ley de Propiedad Intelectual adaptada a la era digital que defienda la cultura y su difusión como bien social, y que devuelva el control de sus derechos tanto a los creadores como a los usuarios, dejando de criminalizar el aprovechamiento de nuevas tecnologías y volviendo a priorizar los derechos fundamentales.
Dominio Público: legitimarlo como espacio para la creación amateur o como opción gratuita de promoción a la creación profesional, priorizando el registro de obras descatalogadas. Potenciará el acceso a los fondos digitales del procomún (como los de RTVE), con empleo prioritario de licencias copyleft y software libre en la eAdmon.
Derogación de la llamada “Ley Sinde” y de los monopolios de las Sociedades de Gestión Colectiva de derechos de autor. Incentivar y flexibilizar el mercado de patentes y licencias, evitando la concentración industrial excesiva de los derechos en manos de oligopolios y grandes corporaciones.
Se abrirán nuevas opciones a la gestión del derecho privado de copia (copyright). La compensación por copia privada se hará mediante fiscalidad especial y no mediante canon o cualquier otra tasa gestionada por particulares.
Defensa de la Neutralidad de la Red, garantizando el derecho de los usuarios de Internet a intercambiar, recibir u ofrecer cualquier flujo de información lícito a través de Internet sin que pueda ser discriminado arbitrariamente por los prestadores de acceso, servicios y contenidos de Internet, reconociendo la legalidad del uso particular de aplicaciones P2P para el intercambio de archivos. Se garantizará que instituciones e industria informen con transparencia sobre los derechos de los usuarios y las características de los servicios.
Eliminar la duplicidad de las subvenciones y ayudas a las industrias culturales ahora concedidas por diversos ministerios para el mismo fin, evitando las duplicidades de procedimientos y el difícil control de la gestión y las cuentas. Tramitar y obtener la financiación necesaria a través del Instituto de Crédito Oficial ICO, creando una línea específica.
Integrar el Instituto Cervantes en el Ministerio de Cultura dada la naturaleza de sus funciones, que deben de estar integradas en el conjunto de las actividades culturales de Estado.
Liquidar la Alianza de las Civilizaciones, integrando sus funciones en instituciones culturales ya existentes, eliminando la duplicidad y la redundancia, así como las contrataciones arbitrarias y el aumento del gasto.
Los fondos del 1% del presupuesto de obras públicas dedicado a inversiones culturales deben ser administrados por el Ministerio de Cultura, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos con criterios de racionalidad y transparencia, dedicándolos a restauración de BICs y compra de obras de arte de autores vivos.
El IVA de los libros electrónicos tendrá el mismo tipo superreducido (4%) que se aplica a los libros en soporte físico, bajo el criterio de neutralidad en la competencia.
Nueva Ley de Propiedad Intelectual adaptada a la era digital que defienda la cultura y su difusión como bien social, y que devuelva el control de sus derechos tanto a los creadores como a los usuarios, dejando de criminalizar el aprovechamiento de nuevas tecnologías y volviendo a priorizar los derechos fundamentales.
Dominio Público: legitimarlo como espacio para la creación amateur o como opción gratuita de promoción a la creación profesional, priorizando el registro de obras descatalogadas. Potenciará el acceso a los fondos digitales del procomún (como los de RTVE), con empleo prioritario de licencias copyleft y software libre en la eAdmon.
Derogación de la llamada “Ley Sinde” y de los monopolios de las Sociedades de Gestión Colectiva de derechos de autor. Incentivar y flexibilizar el mercado de patentes y licencias, evitando la concentración industrial excesiva de los derechos en manos de oligopolios y grandes corporaciones.
Se abrirán nuevas opciones a la gestión del derecho privado de copia (copyright). La compensación por copia privada se hará mediante fiscalidad especial y no mediante canon o cualquier otra tasa gestionada por particulares.
Defensa de la Neutralidad de la Red, garantizando el derecho de los usuarios de Internet a intercambiar, recibir u ofrecer cualquier flujo de información lícito a través de Internet sin que pueda ser discriminado arbitrariamente por los prestadores de acceso, servicios y contenidos de Internet, reconociendo la legalidad del uso particular de aplicaciones P2P para el intercambio de archivos. Se garantizará que instituciones e industria informen con transparencia sobre los derechos de los usuarios y las características de los servicios.
Eliminar la duplicidad de las subvenciones y ayudas a las industrias culturales ahora concedidas por diversos ministerios para el mismo fin, evitando las duplicidades de procedimientos y el difícil control de la gestión y las cuentas. Tramitar y obtener la financiación necesaria a través del Instituto de Crédito Oficial ICO, creando una línea específica.
Integrar el Instituto Cervantes en el Ministerio de Cultura dada la naturaleza de sus funciones, que deben de estar integradas en el conjunto de las actividades culturales de Estado.
Liquidar la Alianza de las Civilizaciones, integrando sus funciones en instituciones culturales ya existentes, eliminando la duplicidad y la redundancia, así como las contrataciones arbitrarias y el aumento del gasto.
Los fondos del 1% del presupuesto de obras públicas dedicado a inversiones culturales deben ser administrados por el Ministerio de Cultura, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos con criterios de racionalidad y transparencia, dedicándolos a restauración de BICs y compra de obras de arte de autores vivos.
El IVA de los libros electrónicos tendrá el mismo tipo superreducido (4%) que se aplica a los libros en soporte físico, bajo el criterio de neutralidad en la competencia.
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