viernes, enero 07, 2011

Verdad verdadera

Muchos días, los hombres nos sentimos como Jon Arbuckle en estas dos tiras, por ejemplo. Es así. Aquí, al tener que buscar un regalo o quedando en evidencia. No queda otra que admitirlo.

domingo, enero 02, 2011

Retomando el blog con fuego: el catalán

No tenía yo pensado ningún tema concreto con el cual regresar a esta bitácora con motivo del nuevo año recién estrenado, hasta que me he topado con parte de la carta que el director del periódico El Mundo, Pedro J. Ramírez, ha escrito para la edición de hoy. Me he detenido en particular en la segunda de las peticiones que hace para 2011 (enlace), que dice lo siguiente:

"2.- Que la legalidad constitucional impere en toda la nación.

Todavía no ha llegado el momento del gran pacto PP-PSOE -reforma constitucional incluida- para fortalecer las competencias del Estado, garantizar la igualdad de los españoles y reducir el coste de las autonomías. Ese será probablemente mi primer anhelo para el 2012. Pero, entre tanto, es de desear que los poderes públicos tengan la consistencia necesaria para responder a los desafíos inmediatos de las fuerzas nacionalistas empeñadas en romper España a plazos.

Después de que 2010 haya sido el primer año completo de normalidad democrática en el País Vasco desde el inicio de la Transición, es esencial que, diga lo que diga el inminente comunicado de ETA, nadie sufra ahora un ataque de amnesia. Si los terroristas hablan de «alto el fuego», exijamos su autodisolución; y si utilizan el adjetivo «verificable», advirtamos que de la misma forma que el tiempo ha levantado acta de su ignominia, sólo el tiempo podrá acreditar un cambio de actitud. Eso implica que los moderados invitemos a Batasuna a presentar candidaturas en 2015 y los más exigentes lo retrasen hasta 2019.

Con igual claridad y firmeza debe toparse la Generalitat de CiU si, con el apoyo del PSC de Montilla -patético e indigno hasta en la gestión de su debacle-, insiste en desobedecer a la vez al Constitucional y al Supremo. Mientras los términos de la sentencia sobre el Estatut eran ambiguos, los de la Sala Tercera acotan bastante la cuestión: las autoridades autonómicas están obligadas a cambiar su modelo educativo para que el español sea tan lengua vehicular de la enseñanza como el catalán.

No es la panacea. Lo ideal sería que cada familia pudiera decidir en qué lengua estudia su hijo. Pero precisamente por lo poco ambicioso y muy viable de esta exigencia, estamos ante una piedra de toque en la que tan importante es el huevo como el fuero. Pronto veremos si Artur Mas tiene un mínimo de buena voluntad y disposición a acatar la legalidad o si pretende arrastrar a la burguesía catalana a un proceso de insumisión soberanista. Si fuera este el caso, cuanto antes quedaran las cartas boca arriba, mejor. De ahí que sólo quepa animar al PP, a Ciutadans y a las admirables entidades sociales que luchan por la igualdad de derechos lingüísticos a que hagan cuanto esté en su mano para contribuir a la ejecución de lo ordenado por el Supremo. Aquí tendrán siempre un altavoz.

Y ojo con lo que ocurre en Baleares, pues ya está demostrado que el tal Antich es tan iluminado como Maragall y tan mediocre como Montilla. Hace tiempo que las subvenciones otorgadas por su Pacte de Progrés vienen incubando el huevo de la serpiente del que salieron los polluelos violentos que el jueves trataron de tomar la calle. En pocos lugares es tan imprescindible el cambio como en esas islas".

Pues no sé cómo decirle al señor Pedro J. que en la Comunidad Valenciana, a la que no nombra, también se han producido demandas de padres para que sus hijos puedan estudiar en castellano. De hecho su propio periódico daba cuenta de una nota de EFE en la que se dice que la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL) ha elevado al Tribunal Supremo un recurso de casación por la imposibilidad de una familia de Biar (Alicante) de escolarizar a su hijo de 12 años en lengua castellana. De igual modo, una niña valenciana vio cómo le suspendían un examen por contestarlo en castellano. Reclamó hasta al ministro. En marzo se publicaba que la Conselleria de Educación había decidido aplicar "de forma excepcional" y durante este curso un "tratamiento lingüístico diferenciado" a la alumna, que suspendió un examen de una asignatura que se imparte y evalúa en valenciano por contestar a las preguntas en castellano, y cuya nota se revisará. Precisamente fue El Mundo el primer medio que se hizo eco de esta reclamación, pero por supuesto, para el director de dicho periódico el problema está en Cataluña, esos secesionistas peligrosos, ya se sabe (les ruego que capten la ironía). Precisamente el conseller valenciano de Educación afirmó el pasado agosto que el modelo lingüístico de enseñanza que existe en la Comunidad Valenciana es "insostenible desde el punto de vista económico", ya que pretender tener una línea en valenciano y otra en castellano en todas partes "no se sostiene". Y el valenciano pierde progresivamente su espacio en la administración autonómica valenciana, en contra de lo prometido por el presidente Camps. En este sentido, el presidente de Escola Valenciana manifestó que "La enseñanza del valenciano es la única que garantiza el bilingüismo y facilita el plurilingüismo". Pero no, el problema son los catalanes, ya se sabe.

Yendo al texto de Pedro J. Ramírez, sus peticiones tienen relación con tres recientes sentencias del Tribunal Supremo, atendiendo a tres requerimientos particulares realizados en 2006, de tres familias que solicitaban que sus hijos pudieran ser educados en castellano en Cataluña, de modo que el castellano tuviera la misma consideración de lengua vehicular que el catalán en la enseñanza en Cataluña, algo que podría poner en riesgo el modelo llamado de "inmersión lingüística" vigente en dicha comunidad autónoma, y que desde la recuperación de las instituciones regionales catalanas parece haber gozado de relativo éxito.

En su investidura, el nuevo presidente de la Generalitat, Artur Mas (CiU), dejó claro que dicho modelo no estaba ni mucho menos en peligro, algo en lo que le apoyó el partido que dejaba la jefatura del Gobierno, el PSC. No solo eso: desde CiU aseguran que el Supremo "no tiene jurisdicción" sobre normas estatales o autonómicas, y que mantendrán el modelo. Los grupos más conservadores del Parlament reclamaron que la sentencia fuese aplicada y la 'popular' Sánchez-Camacho llegó a calificar el modelo de "excluyente". El texto del diario ABC donde se daba cuenta de la coincidencia CiU-PSC en defensa de la inmersión, en ningún caso merece la consideración de "informativo", ya que introduce apreciaciones subjetivas: "[CiU y PSC] desafían al Supremo", [CiU] "cuenta con un cómplice". Por su parte, no sólo los colectivos demandantes hablan del "fin de la inmersión lingüística", sino también el ex miembro del CGPJ Alfons López Tena, en la actualidad diputado autonómico por Solidaritat (SI).

Creo que, aparte de las consideraciones adicionales que voy a hacer más adelante, y de las fuentes a las que voy a recurrir para sustentar mi opinión, la sentencia pone de manifiesto la lentitud de la justicia o lo incorrecto de recurrir a determinados procedimientos, ya que los hechos denunciados son de aplicación a lo que ocurría en 2006. Y por otro lado, al ser tres casos particulares, de entre el millón doscientos mil alumnos escolarizados en la región, no deberían poder afectar a la norma general. Además, tras el inicio del sistema en 1979, los resultados académicos avalan un modelo basado en el catalán como lengua vehicular en la enseñanza, según Público, y nada hace peligrar al castellano en Cataluña. Lo mismo afirmaba la presidenta del Parlament. En su discurso de Fin de Año, Artur Mas destacó "la incomprensión y la hostilidad" hacia Cataluña, su lengua y sus instituciones.

Dicho lo cual, reafirmaré lo que ya dije hace unos meses: en agosto estuve en Barcelona por espacio de una semana y no tuve ningún problema por hablar en español (no me parece bien la definición de "castellano" para esta lengua o idioma). Por lo demás, veo de forma habitual espacios de la televisión autonómica catalana por Internet, y si bien es cierto que en ocasiones debo recurrir al diccionario o al traductor de Google para entender algunos términos y expresiones, creo que entiendo el catalán bastante bien. No lo hablo pero en términos generales creo que puedo decir que lo entiendo. Tanto el oral como el escrito. Y mi opinión de base es que si vas a vivir en Cataluña, tienes la obligación (no porque te obligue nadie, ojo, sino que tú mismo has de imponerte esa tarea) de hablar en catalán. A nadie con dos dedos de frente se le ocurriría ir a vivir o trabajar a Londres y exigir que te hablen en español, por poner un ejemplo. Así nadie te va a dar un trabajo allí, ¿no creen? Te tendrías que volver a los dos días. El español (no el castellano) lo hablan unos quinientos millones de personas en el mundo, por lo que muy en riesgo no parece que esté.

La polémica por la sentencia del Tribunal Supremo tuvo su reflejo, para mi sorpresa, también en las Islas Baleares. Así, asociaciones de padres y de estudiantes, entidades y asociaciones del archipiélago rechazaron las sentencias del Tribunal Supremo sobre la presencia del castellano en las escuelas catalanas y defendieron la inmersión lingüística como factor de cohesión social. Por el contrario, Círculo Balear indicó que las tres sentencias también son vinculantes para los tribunales de Baleares y dijo que el español vive actualmente en una situación de "exclusión" en el sistema educativo de Baleares. El Partido Socialista en Mallorca tildó de "segregacionista" e "innecesaria" la triple sentencia y afirmó que el sistema actual garantiza la competencia del alumno en ambas lenguas al acabar la etapa obligatoria. Aquí, las mayores protestas han procedido de una fuerza política que ni siquiera está representada en el Parlamento balear, como es UPyD.

Lo malo es que, tanto en ésta como en otras cuestiones que tienen relación con Cataluña, los verdaderos expertos o conocedores del tema no son casi nunca llamados a opinar o debatir sobre el particular, como bien expresaba recientemente Manel Fontdevila (enlace) en una brillante viñeta para Público:


Retomando las sentencias del Supremo, en ellas se afirma que constatan una "exclusión de hecho del castellano", lo que "pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral". Lo malo de esta sentencia, por citar algo, ya que en verdad tiene mucho más que comentar, es que sin duda para tomar esta decisión y redactar de esta manera, ni mucho menos el alto tribunal habrá consultado a nadie sobre el terreno. La sentencia puede indicar una cosa completamente alejada de la realidad diaria del territorio, sin tener en cuenta el contexto ni obrar con conocimiento de causa. Es lo malo de que te administre una instancia que está alejada unos 600 kilómetros del lugar de los hechos. Poco después de conocerse la triple sentencia, se convocó una concentración de protesta que tuvo como lugar de celebración la Plaça de Sant Jaume, que alberga las sedes tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona.

Otros ejemplos de "inmersión" son el que se practica en Huesca para el aprendizaje del francés o en un bar de Madrid para saber manejarse en inglés. Son varios los casos en España, relatados en televisión, de desplazamientos a casas rurales de españoles para relacionarse con nativos de habla inglesa con la condición de tener que manejarse en la misma. Pero si uno se para a consultar las informaciones bien documentadas que hablan de informes serios y coherentes, cae en la cuenta de que el modelo de inmersión, que potencia el bilingüismo, en verdad es efectivo.

Así, El País reflejaba el pasado marzo un balance encargado por el Ministerio de Educación y el British Council sobre la experiencia de 120 colegios públicos españoles y que confirma la tendencia que ya apuntaban otros estudios: que el alumno bilingüe mejora su capacidad de aprender. También el castellano. Algo que también apuntaban datos de autonomías con dos idiomas oficiales, se señala. Es más, los alumnos de colegios que combinan castellano e inglés obtienen mejores resultados en la primera lengua que aquellos educados exclusivamente en ésta. El índice de abandono o fracaso escolar es del 10 por ciento. En general se mejora la habilidad y capacidad cognitiva del alumno.

En un artículo de este mismo periódico, fechado en diciembre de 2008, se informaba de que una de las conclusiones a las que había llegado un grupo de expertos del Consejo de Europa tras una visita de cinco días a España, el año anterior, era que Cataluña, Euskadi y Galicia deberían aplicar la "inmersión total" en la enseñanza y superar, así, el modelo bilingüe que impera hoy en esas tres comunidades, y que la población castellanohablante "parece no ser suficientemente consciente" de la realidad lingüística del país. La Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, es un acuerdo ratificado por los estados miembros del Consejo de Europa, entre ellos España (leer ratificación en el BOE en pdf), "para la defensa y promoción de todas las lenguas de Europa que carecen de carácter de oficialidad o que aún siendo oficiales en alguno de los firmantes no lo son en otros o aún siendo oficiales en el firmante están en manifiesta debilidad".

Otras referencias:

- Editorial de El País, 24 de diciembre de 2010 (leer): "El pasado miércoles, CiU y PSC coincidieron en evaluar que las tres sentencias del Supremo sobre el modelo lingüístico en la enseñanza obligatoria en Cataluña no obligaban a cambiar el modelo vigente. Este análisis es compartido por juristas que rechazan que el Supremo pueda modificar una ley. En cualquier caso, algunas de las reflexiones del Supremo, que hacen una interpretación muy restrictiva de los ambiguos párrafos del Tribunal Constitucional en la sentencia del Estatuto, aconsejan una detenida lectura por parte del Gobierno catalán, ante la posibilidad de que los recursos vuelvan a repetirse. Las sentencias contemplan un panorama legal, el de 2006, que ya no es el actual. La política lingüística escolar históricamente ha concitado el apoyo del 90% del Parlamento catalán. Así sucedió con la Ley de Normalización Lingüística y con la de Política Lingüística".

El País también consultó a juristas. Joan Vintró, catedrático de Derecho Constitucional de la UB, afirma que las sentencias no alteran el modelo vigente. "Son resoluciones que se refieren a regímenes lingüísticos que imperaban en 2006 en determinados centros. Y se pronuncian sobre unos determinados recursos. No se puede de las mismas hacer inferencias de tipo general". Además se indica, tal como hacía CiU, que las sentencias del Supremo no cuestionan la norma educativa catalana. Enoch Albertí, catedrático de Derecho Constitucional de la misma universidad, coincide en que el Supremo no puede dirigirse al Parlamento de Cataluña para que cambie el modelo. También opinan dos sociolingüistas. Mientras que Albert Branchadell considera que la sentencia da la razón a los magistrados que hicieron un voto particular en la sentencia del Estatuto que cuestionaba el modelo de inmersión, Xavier Vila i Moreno, considera que las sentencias anuncian la voluntad de imponer un nuevo modelo: "Afectan a centros y personas concretas, pero se quiere torpedear el modelo de conjunción pactado en Cataluña".

Por último, un reportaje, también del diario El País, del 23 de diciembre, habla de los modelos lingüísticos de inmersión y acaba por concluir que el problema, de existir, es más culpa de los políticos que del propio sistema educativo. Tal como indica, en el recién publicado Informe PISA de la OCDE (que ha evaluado las competencias en lectura, matemáticas y ciencias de los alumnos de 15 años de 65 países) Cataluña, Navarra, País Vasco y Galicia están por encima de la media española en lectura, y solo Baleares está por debajo (la Comunidad Valenciana ha preferido no tener resultados propios). O sea, los mejores resultados se dan en las comunidades donde coexisten dos lenguas.

Una vez citadas todas estas fuentes, volveré, para terminar, con mi experiencia personal. No solo es que haya estado en Barcelona y no tuviera problema alguno para expresarme en español y entender todas las indicaciones de la ciudad, que están en catalán, sino que tengo amigos catalanes. Independientemente de que tengan el español o el catalán como lengua en la que se expresan de forma habitual, el hecho es que se saben manejar correctamente en ambas, y me confirman por activa y por pasiva que una cosa es lo que de forma interesada se dice en los medios (en algunos) y otra muy diferente es la realidad de la calle, del día a día, donde no se da problema alguno, o muy menor. Lo mismo con el tema de las rotulaciones de los comercios, ya que no es que exista la obligación de tenerlas en catalán, lo cual es falso, tal como tuvo que reconocer la Defensora del Lector de El País: "La ley no establece multas por rotular en castellano. Los comerciantes pueden hacerlo libremente siempre que quieran. Lo que se sanciona es no hacerlo en catalán". Es decir, que como mínimo tienes que rotular en catalán, para que éste no desaparezca. Luego puedes rotular en más idiomas si quieres, o sea. En contra de lo que pide el director de El Mundo, el modelo educativo catalán, el de la inmersión lingüística, no ha de variar por algo aislado ocurrido hace cuatro años. En todo caso, llevar a cabo alguna modificación puntual, quizá, para evitar la repetición en el futuro.

El caso es que son los padres los que deciden la lengua de estudio de sus hijos, y son los padres los que invocan ese derecho de elección, no el alumno. Recientemente el abogado del Estado ha indicado, sobre el primer recurso que llega al Tribunal Constitucional contra la asignatura "Educación para la Ciudadanía", que niega que los padres tengan el monopolio sobre la educación y las virtudes cívicas. Rescato un párrafo que me ha parecido interesante: "El abogado del Estado añade que en las anteriores instancias no se debatió un punto importante, como es la posible colisión entre la libertad ideológica de los padres objetores y la de su hija alumna. La libertad de creencias asiste a los menores de edad en su derecho a no compartir las convicciones de los padres o a no sufrir sus actos de proselitismo, de manera que la libertad ideológica del menor no puede quedar abandonada lo que puedan decidir quiénes tiene atribuida su guarda y custodia o su patria potestad". ¿En algún momento llegará al Constitucional alguna demanda relacionada con la enseñanza del catalán? ¿Opinará lo mismo el abogado del Estado? Al respecto de esta demanda, recomiendo el artículo de Elvira Lindo, que dice: "también hay un componente de soberbia paterna. Y esa soberbia no tiene ideología, está asentada sobre la vanidad de creer que puedes insuflarle a tu hijo todo tu pensamiento, para que lo herede, para que sea un ser a tu imagen y semejanza".

El último fragmento de la carta de Pedro J. Ramírez, que como he indicado olvida los casos de la Comunidad Valenciana, es especialmente sangrante y dañino. Nos tendría que quedar muy claro que ésta es su opinión como firmante del texto y no la del medio, pero no albergo demasiadas dudas en cuanto a que en este caso ambas opiniones son la misma: "De ahí que sólo quepa animar al PP, a Ciutadans y a las admirables entidades sociales que luchan por la igualdad de derechos lingüísticos a que hagan cuanto esté en su mano para contribuir a la ejecución de lo ordenado por el Supremo. Aquí tendrán siempre un altavoz". Si alguna vez se encuentran con el director de El Mundo, pregúntenle con toda la amabilidad que puedan cuáles son sus interlocutores, contactos o fuentes de información con respecto a la realidad social de Cataluña, por favor. Así sabremos si está desinformado o si actúa así de forma absolutamente consciente.