Habrá que escribir sobre ello

Laura Bugalho, sindicalista y activista 'trans', fundadora e integrante del colectivo Transgaliza, trabajadora en el Área de Migraciones de la Confederación Intersindical Galega y miembro de la Mesa Nacional del Movimiento por la Base, ha sido llevada a juicio acusada de falsedad documental por asesorar a personas trans migrantes y denunciar la existencia de una red que las explota y estafa. Bugalho se vio imputada por acompañar a dos personas marroquíes que denunciaron explotación laboral y la estafa de 10.000 euros cada una, dentro de una red gallega de explotación y estafa a personas inmigrantes. Al margen de cómo salga el veredicto del juicio, me ha llamado la atención el dato de que tras su detención en mayo del año pasado estuviera aislada en el calabozo 50 horas, como indica la información de Diagonal firmada por Laura Corcuera. Y esto me ha hecho recordar la denuncia de Amnistía Internacional sobre los excesos derivados de la práctica de la detención en régimen de incomunicación en España. Según refleja dicho informe, la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente permite mantener a una persona recluida en régimen de incomunicación hasta 5 días en todos los casos y hasta 13 si es sospechosa de delitos de terrorismo. Este periodo de 13 días se compone de una fase de hasta 5 días de incomunicación bajo custodia policial, que puede prorrogarse otros cinco días de incomunicación en prisión provisional. Además, en cualquier momento de la instrucción el juez puede imponer tres días más de detención en régimen de incomunicación. Los motivos de preocupación específicos son: la falta de asistencia letrada efectiva, la falta de supervisión judicial real, la falta de acceso a un médico de propia elección y la ausencia de notificación a los familiares, es decir, la persona detenida, literalmente, desaparece.