Sinde-scanso para nuestras pobres almas
Este martes tuvo lugar en el Congreso una interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, "para que el Gobierno aclare su postura en torno a la posibilidad de cerrar páginas web sin autorización judicial, tal y como recoge la Disposición Final Primera del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible". La realizó el diputado José María Lassalle y respondió la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Ésta aseguró que "ningún ciudadano será desconectado de la Red sin intervención judicial", pero no parece dispuesta en absoluto a tocar ni una coma del anteproyecto. Con respecto al cierre -o suspensión de páginas de descargas- la ministra ha añadido que "el debate (de las descargas) está abierto, aunque queramos ir deprisa" y que, por tanto, en su paso por el Congreso es de esperar que la ley sufra modificaciones. Veremos en qué sentido. En su interpelación, Lassalle ha aludido varias veces al diputado Torres Mora. ¿Por qué será?
En su primera respuesta a Lassalle, la ministra ha criticado que mientras el PP pide ahora la autorización judicial, en el Parlamento Europeo, al aprobar el Paquete Telecom, Alejo Vidal Quadras, vicepresidente de la Eurocámara por el PP, dijo: "El acuerdo es bueno. No se podrá cerrar webs sin escuchar a los afectados, y después se hará, aunque sea a nivel administrativo". Lo que después tuvo que aclarar Lassalle es que Vidal Quadras se refería a que en algunos países Internet queda en manos de autoridades administrativas, y en otros bajo la autoridad judicial, como es ahora mismo el caso español. El Paquete Telecom fue modificado porque no se podía legislar por encima de los ordenamientos jurídicos de los estados.
Referencias: El País, El Mundo, Público.
ICNR recuerda que no ha cambiado la disposición adicional de la LES, ni hay conclusiones de la Comisión Interministerial sobre las descargas, que debía haberlas adelantado antes del día 10 al Congreso y del 31 de diciembre al Consejo de Ministros.
Al mismo tiempo, el gobierno italiano ha descartado de momento la ley para un mayor control de Internet que anunció tras las agresión sufrida por el primer ministro, Silvio Berlusconi, el pasado 13 de diciembre, y ahora apuesta por un código de autorregulación.
En Público, "Retrato de los reyes del P2P".
La ministra de Cultura también se vio obligada a responder a los medios de comunicación ante la noticia de que el Tribunal Supremo remitía al Tribunal Constitucional, para su examen, la norma de la actual Ley Audiovisual que obliga a las televisiones comerciales a subvencionar la producción cinematográfica nacional con un 5% de sus ingresos brutos, por si vulnerase el artículo 38 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de empresa. El cine español "teme por su supervivencia" sin dichas subvenciones. El alarmismo desatado en el sector es casi apocalíptico: "Supondría la desaparición del cine español tal y como lo conocemos hoy", Gerardo Herrero dixit, el mismo de "la idiotez de algunos de los Cineastas contra la Orden que no tienen ni idea de lo que hacen", refiriéndose al bloqueo de las ayudas al cine patrio en Bruselas.
La ministra defendió la legalidad y "constitucionalidad" de dichas ayudas de las televisiones con este curioso argumento: "Las televisiones tienen una obligación de servicio público y una obligación de difusión de la cultura y de difusión de todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural y con la identidad, y de ahí que exista una medida como el 5%". Puede que RTVE tenga obligación de servicio público, pero es algo difícil de argumentar para las cadenas privadas. Ver en Público y El Mundo.
El Supremo considera que "no existe una razón imperiosa de interés general que exija de modo coactivo la vinculación forzosa de una parte de los ingresos de los operadores televisivos a las inversiones ya referidas y que revista la fuerza necesaria para imponer a las empresas de aquél sector el sacrificio de su libertad garantizada por el artículo 38 de la Constitución en beneficio de la actividad cinematográfica". El presidente de los productores de cine (FAPAE), Pedro Pérez, se limitó a decir que no había recibido aún constancia del citado auto. "Por nuestra parte, tranquilidad absoluta. La obligación de ceder el 5% al cine sigue vigente. Confiamos, además, en que el Tribunal Constitucional, igual que antes hizo el tribunal de Luxemburgo, nos dé la razón», concluye. La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha anunciado que recurrirá todas las normas relacionadas con la financiación del cine hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
Además, a diferencia del decreto de 1999, la Ley General Audiovisual obliga también a las operadoras de telecomunicaciones que ofrezcan servicios audiovisuales, a invertir un 5% de sus ingresos en cine. Precisamente ayer se supo que los ingresos de las 'telecos' han caído un 7,6% en el tercer trimestre de 2009 respecto al mismo periodo del año anterior.
Otra ley que también está siendo revisada por la Comisión Europea es la referida al nuevo modelo de financiación de RTVE, que también fija aportaciones de privadas y 'telecos'. Tanto esta reforma sobre la televisión pública estatal como la nueva ley audiovisual son obra de la misma cabeza pensante, la vicepresidenta Fernández de la Vega.
También en el día de ayer se iba a reunir la Comisión Constitucional para la aprobación, con competencia legislativa plena, justamente del Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Se pospuso hasta el día 7 de enero tras la petición por parte de los grupos, con excepción de CiU y CC, para el estudio de las cerca de 400 enmiendas presentadas. La Federación Internacional de Anunciantes ha criticado la ampliación de 12 a 29 minutos por hora la emisión de publicidad en las cadenas españolas, tal y como está recogido en el proyecto de ley. Tras las quejas, parece que el Grupo Socialista tiene previsto enmendar el proyecto de Ley General Audiovisual para reducir de 12 a dos minutos por hora el límite máximo para la telepromoción. El cambio permitirá reducir el techo máximo de 29 minutos por hora de publicidad. La futura ley buscará además acabar con las emisoras pirata de radio.
En otro orden de cosas, aunque relacionado con Internet, el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena a la Asociación de Internautas a pagar 18.000 euros a la SGAE por haber alojado páginas como "www.putasgae.org" y "www.antisgae.internautas.org", y entender que sus contenidos eran injuriosos contra la sociedad presidida por Teddy Bautista, al que también tendrán que desembolsar otros 18.000 euros, dando un total de 36.000. La Asociación de Internautas dice que no le ha sido comunicada y que se trata de una estratagema para lograr el cierre de la misma si no puede hacer frente al pago, para lo cual ya están pidiendo donativos a través de su página web. La Asociación de Internautas fue uno de los pocos interlocutores válidos señalados hace unos días por la Coalición de Creadores de Contenidos para tratar el tema de las descargas.
Ver en El País, El Mundo, Público, El Economista.
En su primera respuesta a Lassalle, la ministra ha criticado que mientras el PP pide ahora la autorización judicial, en el Parlamento Europeo, al aprobar el Paquete Telecom, Alejo Vidal Quadras, vicepresidente de la Eurocámara por el PP, dijo: "El acuerdo es bueno. No se podrá cerrar webs sin escuchar a los afectados, y después se hará, aunque sea a nivel administrativo". Lo que después tuvo que aclarar Lassalle es que Vidal Quadras se refería a que en algunos países Internet queda en manos de autoridades administrativas, y en otros bajo la autoridad judicial, como es ahora mismo el caso español. El Paquete Telecom fue modificado porque no se podía legislar por encima de los ordenamientos jurídicos de los estados.
Referencias: El País, El Mundo, Público.
ICNR recuerda que no ha cambiado la disposición adicional de la LES, ni hay conclusiones de la Comisión Interministerial sobre las descargas, que debía haberlas adelantado antes del día 10 al Congreso y del 31 de diciembre al Consejo de Ministros.
Al mismo tiempo, el gobierno italiano ha descartado de momento la ley para un mayor control de Internet que anunció tras las agresión sufrida por el primer ministro, Silvio Berlusconi, el pasado 13 de diciembre, y ahora apuesta por un código de autorregulación.
En Público, "Retrato de los reyes del P2P".
La ministra de Cultura también se vio obligada a responder a los medios de comunicación ante la noticia de que el Tribunal Supremo remitía al Tribunal Constitucional, para su examen, la norma de la actual Ley Audiovisual que obliga a las televisiones comerciales a subvencionar la producción cinematográfica nacional con un 5% de sus ingresos brutos, por si vulnerase el artículo 38 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de empresa. El cine español "teme por su supervivencia" sin dichas subvenciones. El alarmismo desatado en el sector es casi apocalíptico: "Supondría la desaparición del cine español tal y como lo conocemos hoy", Gerardo Herrero dixit, el mismo de "la idiotez de algunos de los Cineastas contra la Orden que no tienen ni idea de lo que hacen", refiriéndose al bloqueo de las ayudas al cine patrio en Bruselas.
La ministra defendió la legalidad y "constitucionalidad" de dichas ayudas de las televisiones con este curioso argumento: "Las televisiones tienen una obligación de servicio público y una obligación de difusión de la cultura y de difusión de todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural y con la identidad, y de ahí que exista una medida como el 5%". Puede que RTVE tenga obligación de servicio público, pero es algo difícil de argumentar para las cadenas privadas. Ver en Público y El Mundo.
El Supremo considera que "no existe una razón imperiosa de interés general que exija de modo coactivo la vinculación forzosa de una parte de los ingresos de los operadores televisivos a las inversiones ya referidas y que revista la fuerza necesaria para imponer a las empresas de aquél sector el sacrificio de su libertad garantizada por el artículo 38 de la Constitución en beneficio de la actividad cinematográfica". El presidente de los productores de cine (FAPAE), Pedro Pérez, se limitó a decir que no había recibido aún constancia del citado auto. "Por nuestra parte, tranquilidad absoluta. La obligación de ceder el 5% al cine sigue vigente. Confiamos, además, en que el Tribunal Constitucional, igual que antes hizo el tribunal de Luxemburgo, nos dé la razón», concluye. La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha anunciado que recurrirá todas las normas relacionadas con la financiación del cine hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
Además, a diferencia del decreto de 1999, la Ley General Audiovisual obliga también a las operadoras de telecomunicaciones que ofrezcan servicios audiovisuales, a invertir un 5% de sus ingresos en cine. Precisamente ayer se supo que los ingresos de las 'telecos' han caído un 7,6% en el tercer trimestre de 2009 respecto al mismo periodo del año anterior.
Otra ley que también está siendo revisada por la Comisión Europea es la referida al nuevo modelo de financiación de RTVE, que también fija aportaciones de privadas y 'telecos'. Tanto esta reforma sobre la televisión pública estatal como la nueva ley audiovisual son obra de la misma cabeza pensante, la vicepresidenta Fernández de la Vega.
También en el día de ayer se iba a reunir la Comisión Constitucional para la aprobación, con competencia legislativa plena, justamente del Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Se pospuso hasta el día 7 de enero tras la petición por parte de los grupos, con excepción de CiU y CC, para el estudio de las cerca de 400 enmiendas presentadas. La Federación Internacional de Anunciantes ha criticado la ampliación de 12 a 29 minutos por hora la emisión de publicidad en las cadenas españolas, tal y como está recogido en el proyecto de ley. Tras las quejas, parece que el Grupo Socialista tiene previsto enmendar el proyecto de Ley General Audiovisual para reducir de 12 a dos minutos por hora el límite máximo para la telepromoción. El cambio permitirá reducir el techo máximo de 29 minutos por hora de publicidad. La futura ley buscará además acabar con las emisoras pirata de radio.
En otro orden de cosas, aunque relacionado con Internet, el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena a la Asociación de Internautas a pagar 18.000 euros a la SGAE por haber alojado páginas como "www.putasgae.org" y "www.antisgae.internautas.org", y entender que sus contenidos eran injuriosos contra la sociedad presidida por Teddy Bautista, al que también tendrán que desembolsar otros 18.000 euros, dando un total de 36.000. La Asociación de Internautas dice que no le ha sido comunicada y que se trata de una estratagema para lograr el cierre de la misma si no puede hacer frente al pago, para lo cual ya están pidiendo donativos a través de su página web. La Asociación de Internautas fue uno de los pocos interlocutores válidos señalados hace unos días por la Coalición de Creadores de Contenidos para tratar el tema de las descargas.
Ver en El País, El Mundo, Público, El Economista.
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