Detención incomunicada y tortura policial
En España, que presume de ser un país democrático y avanzado del llamado primer mundo, mejor será que nunca tengas que pasar por una comisaría ni por error. Estarás prácticamente indefenso si eres detenido. Muchas veces oyes a los abogados de detenidos por corrupción decir que no han podido hablar con su defendido ni saber de qué se le acusa (acaban de prorrogar por cuarta vez el secreto de sumario del caso Gürtel, por ejemplo), y piensas que están exagerando. Pero un reciente informe de Amnistía Internacional ponía de manifiesto la realidad de la falta de derechos básicos y la situación de indefensión a que se somete a un detenido en España.
En el artículo "Tortura y malos tratos", la ONG explica: "Amnistía Internacional trabaja para la erradicación de la tortura en todo el mundo. En España preocupa en particular la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos". Publicaron un informe en noviembre de 2007 relatando las denuncias contra agentes de las fuerzas nacional, autonómicas y locales de toda España. Este informe se acaba de actualizar y la cosa no ha mejorado demasiado.
Resulta esclarecedor en este sentido el informe "SALIR DE LAS SOMBRAS. ES HORA DE PONER FIN A LA DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN" (septiembre 2009). En España, las personas recluidas en régimen de incomunicación pueden verse privadas de acceso efectivo a un abogado o a un médico de su elección, y no tienen la posibilidad de informar de su detención a su familia ni a sus amistades. Con arreglo a la legislación española, la detención en régimen de incomunicación puede imponerse antes o después de que la persona detenida comparezca ante una autoridad judicial. La legislación que autoriza este régimen de detención ha sido mantenida y ampliada por los sucesivos gobiernos españoles, pese a los llamamientos realizados desde hace más de un decenio por diversos órganos de la ONU, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y organizaciones de derechos humanos para que se tomen medidas destinadas a eliminar de la legislación nacional las disposiciones relativas a la detención en régimen de incomunicación. Ningún otro país de la Unión Europea mantiene un régimen de detención con restricciones tan severas a los derechos de las personas detenidas.
Siguiendo con el artículo, cita dos informes. Por una parte el informe de la organización 'España: Crisis de Identidad. Torturas y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado', documenta más de 320 casos de torturas y malos tratos con un componente racista en los que estaban involucrados agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como de las policías autonómicas y locales. Un segundo informe, 'España: Acabar con la doble injusticia: Víctimas de tortura y malos tratos sin reparación', Amnistía Internacional denunciaba la larga duración de los procesos por tortura y documenta casos en los que víctimas de tortura han tenido que esperar entre 15 y 20 años para obtener una sentencia firme que determine una indemnización. El informe también ilustra numerosos casos en los que, a pesar de que las torturas o malos tratos han resultado probados, las víctimas no obtienen indemnización alguna. También constata que la cuantía de las cantidades concedidas en concepto de indemnización ha sido, por regla general, muy baja.
La violación de Derechos Humanos en España también es comprobable a partir del informe "Voces desde y contra los CIE" en el que cuarenta inmigrantes irregulares retenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche relatan el "infierno" que han vivido durante su retención en el citado centro. El libro que recoge los testimonios ha sido editado por las ONG Ferrocarril Clandestino, Médicos del Mundo Madrid y SOS Racismo Madrid. En este punto veo necesario recordar que la reforma de la Ley de Extranjería contempla aumentar de 40 a 60 días el periodo máximo de internamiento.
Y para quien crea que esto son invenciones de las ONG...
El pasado mes de junio fue noticia un vídeo grabado por un videoaficionado, que mostraba el maltrato al que la Policía sometió a un inmigrante senegalés en el aeropuerto de Barajas, con objeto de repatriarlo a su país, lo que motivó la queja oficial de este estado de la costa atlántica africana.
Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos el informe del Comité contra la Tortura de la ONU, que exige a España que erradique el régimen de detención incomunicada, que estudie de forma correcta los suicidios ocurridos bajo custodia policial y que se regulen de forma adecuada las condenas por vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La noticia, publicada por Xornal de Galicia, me ha llegado a través de Kabila.
Se trata del apartado C. del informe, que relata los "Principales motivos de preocupación y recomendaciones". Dentro de la noticia se dice que:
"El Comité hace al Estado Español hasta 21 recomendaciones para garantizar los Derechos Humanos. Una de las más importantes es la obligación de permitir al detenido elegir abogado, tener una entrevista privada con éste, advertir a un familiar del arresto y facilitar la visita de un médico de confianza, en consonancia con las reclamaciones de Amnistía Internacional.
En el tema de las incomunicaciones, el Comité recuerda que el Gobierno se comprometió a prohibir esta medida en los menores de edad y se muestra muy preocupado por el uso de la incomunicación en los delitos de terrorismo y banda armada. "Estos pueden llegar hasta los trece días, algo que vulnera las salvaguardas propias de un Estado de Derecho".
"Por ley, la incomunicación puede aplicarse a todos los delitos, pero el Gobierno español la aplica casi por exclusiva a los acusados de terrorismo o pertenencia a ETA", asegura Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. “Hemos documentado algún otro caso, pero de forma esporádica”, afirma.
Otro de los puntos negros que ve el comité en el panorama español es el "elevado número de suicidios" que se producen bajo custodia policial. Por ello, el organismo internacional recomienda la "investigación exhaustiva" de todos los casos. "Se abre un expediente en todas las muertes, pero todos se archivan. Hubo cuatro o cincos casos este año con penas para los funcionarios de las prisiones, siempre muy leves, de 100 euros de multa. Nunca de carácter penal", explica Del Cura. Otro aspecto es la indemnización a las familias de los arrestados. "Es prácticamente imposible conseguir una indemnización para los suicidios; se deniegan sistemáticamente", denuncia el activista antitortura.
Por último, el Comité contra la Tortura se muestra pesimista en la cruzada contra la violencia machista en España y pide al Gobierno un esfuerzo mayor para erradicar esta lacra social" -Nota: el Ministerio de Igualdad aún no ha hecho nada contra los juguetes sexistas y ya estamos otra vez con esas 'entrañables' fechas a la vuelta de la esquina-.
La información, firmada por Laura L. Ruiz, ofrece el enlace web al informe original emitido por el Comité contra la Tortura de la ONU.
Al lado de estas vulneraciones de derechos, el Sistema Sitel de Interceptación Legal de las Comunicaciones es un juego de niños.
En el artículo "Tortura y malos tratos", la ONG explica: "Amnistía Internacional trabaja para la erradicación de la tortura en todo el mundo. En España preocupa en particular la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos". Publicaron un informe en noviembre de 2007 relatando las denuncias contra agentes de las fuerzas nacional, autonómicas y locales de toda España. Este informe se acaba de actualizar y la cosa no ha mejorado demasiado.
Amnistía Internacional se opone a la detención en régimen de incomunicación por ser una práctica que facilita la tortura y los malos tratos y que aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos contra los detenidos.
Actualmente en España se puede mantener detenida a una persona en régimen de incomunicación por un periodo de hasta 13 días, los primeros 5 sin tener la posibilidad de ser llevado ante un juez, lo que viola normas internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Es evidente que esta práctica tiene como objetivo minar la moral y resistencia del detenido. Tortura psicológica. Intimidación. Gota malaya.
Resulta esclarecedor en este sentido el informe "SALIR DE LAS SOMBRAS. ES HORA DE PONER FIN A LA DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN" (septiembre 2009). En España, las personas recluidas en régimen de incomunicación pueden verse privadas de acceso efectivo a un abogado o a un médico de su elección, y no tienen la posibilidad de informar de su detención a su familia ni a sus amistades. Con arreglo a la legislación española, la detención en régimen de incomunicación puede imponerse antes o después de que la persona detenida comparezca ante una autoridad judicial. La legislación que autoriza este régimen de detención ha sido mantenida y ampliada por los sucesivos gobiernos españoles, pese a los llamamientos realizados desde hace más de un decenio por diversos órganos de la ONU, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y organizaciones de derechos humanos para que se tomen medidas destinadas a eliminar de la legislación nacional las disposiciones relativas a la detención en régimen de incomunicación. Ningún otro país de la Unión Europea mantiene un régimen de detención con restricciones tan severas a los derechos de las personas detenidas.
Siguiendo con el artículo, cita dos informes. Por una parte el informe de la organización 'España: Crisis de Identidad. Torturas y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado', documenta más de 320 casos de torturas y malos tratos con un componente racista en los que estaban involucrados agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como de las policías autonómicas y locales. Un segundo informe, 'España: Acabar con la doble injusticia: Víctimas de tortura y malos tratos sin reparación', Amnistía Internacional denunciaba la larga duración de los procesos por tortura y documenta casos en los que víctimas de tortura han tenido que esperar entre 15 y 20 años para obtener una sentencia firme que determine una indemnización. El informe también ilustra numerosos casos en los que, a pesar de que las torturas o malos tratos han resultado probados, las víctimas no obtienen indemnización alguna. También constata que la cuantía de las cantidades concedidas en concepto de indemnización ha sido, por regla general, muy baja.
La violación de Derechos Humanos en España también es comprobable a partir del informe "Voces desde y contra los CIE" en el que cuarenta inmigrantes irregulares retenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche relatan el "infierno" que han vivido durante su retención en el citado centro. El libro que recoge los testimonios ha sido editado por las ONG Ferrocarril Clandestino, Médicos del Mundo Madrid y SOS Racismo Madrid. En este punto veo necesario recordar que la reforma de la Ley de Extranjería contempla aumentar de 40 a 60 días el periodo máximo de internamiento.
Y para quien crea que esto son invenciones de las ONG...
El pasado mes de junio fue noticia un vídeo grabado por un videoaficionado, que mostraba el maltrato al que la Policía sometió a un inmigrante senegalés en el aeropuerto de Barajas, con objeto de repatriarlo a su país, lo que motivó la queja oficial de este estado de la costa atlántica africana.
Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos el informe del Comité contra la Tortura de la ONU, que exige a España que erradique el régimen de detención incomunicada, que estudie de forma correcta los suicidios ocurridos bajo custodia policial y que se regulen de forma adecuada las condenas por vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La noticia, publicada por Xornal de Galicia, me ha llegado a través de Kabila.
Se trata del apartado C. del informe, que relata los "Principales motivos de preocupación y recomendaciones". Dentro de la noticia se dice que:
"El Comité hace al Estado Español hasta 21 recomendaciones para garantizar los Derechos Humanos. Una de las más importantes es la obligación de permitir al detenido elegir abogado, tener una entrevista privada con éste, advertir a un familiar del arresto y facilitar la visita de un médico de confianza, en consonancia con las reclamaciones de Amnistía Internacional.
En el tema de las incomunicaciones, el Comité recuerda que el Gobierno se comprometió a prohibir esta medida en los menores de edad y se muestra muy preocupado por el uso de la incomunicación en los delitos de terrorismo y banda armada. "Estos pueden llegar hasta los trece días, algo que vulnera las salvaguardas propias de un Estado de Derecho".
"Por ley, la incomunicación puede aplicarse a todos los delitos, pero el Gobierno español la aplica casi por exclusiva a los acusados de terrorismo o pertenencia a ETA", asegura Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. “Hemos documentado algún otro caso, pero de forma esporádica”, afirma.
Otro de los puntos negros que ve el comité en el panorama español es el "elevado número de suicidios" que se producen bajo custodia policial. Por ello, el organismo internacional recomienda la "investigación exhaustiva" de todos los casos. "Se abre un expediente en todas las muertes, pero todos se archivan. Hubo cuatro o cincos casos este año con penas para los funcionarios de las prisiones, siempre muy leves, de 100 euros de multa. Nunca de carácter penal", explica Del Cura. Otro aspecto es la indemnización a las familias de los arrestados. "Es prácticamente imposible conseguir una indemnización para los suicidios; se deniegan sistemáticamente", denuncia el activista antitortura.
Por último, el Comité contra la Tortura se muestra pesimista en la cruzada contra la violencia machista en España y pide al Gobierno un esfuerzo mayor para erradicar esta lacra social" -Nota: el Ministerio de Igualdad aún no ha hecho nada contra los juguetes sexistas y ya estamos otra vez con esas 'entrañables' fechas a la vuelta de la esquina-.
La información, firmada por Laura L. Ruiz, ofrece el enlace web al informe original emitido por el Comité contra la Tortura de la ONU.
Al lado de estas vulneraciones de derechos, el Sistema Sitel de Interceptación Legal de las Comunicaciones es un juego de niños.
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