sábado, noviembre 28, 2009

Sosteniendo lo insostenible

Presentación de la Ley de Economía Sostenible. Aparte del habitual "optimismo antropológico" compartido por Público, el resto de cabeceras que he consultado le pone pegas, y muchas, al anteproyecto, que prevé 20.000 millones de inversión para cambiar el modelo económico y productivo, pero, ¿de dónde los van a sacar si no se cubren las previsiones de recaudación de impuestos? Y el contenido anunciado es poco más o menos lo que dijeron en mayo. De lo poco que veo bueno es que vaya a entrar la inversión privada en las obras públicas, así las arcas del Estado se ahorrarán algo. También, ayudas a la rehabilitación de viviendas -si es en vez de construir nuevas-, la limitación de incentivos a la banca, o que se fije en cinco el máximo de días para crear una empresa, que es uno de los mayores asuntos pendientes de nuestra economía (ahora se tarda una media de 47 días, lo que desanima a muchos). Entre sus muchas medidas, la de conseguir que las administraciones públicas, como los Ayuntamientos y otros entes locales, paguen sus deudas a proveedores en un máximo de 30 días a partir de 2013, parece utópica, y necesitaría de una Ley de Financiación de los Ayuntamientos que ni existe ni está previsto acometer a corto plazo. Lo pintan muy bonito, pero del dicho al hecho... Por algo ha dicho el presidente del Gobierno que tardará diez años en aplicarse.

Una de las principales críticas reside en que, pese a esa inversión de 20.000 millones (una mitad a cargo del ICO y la otra que esperan la aporte la banca como Salgado pidió en verano), el Ejecutivo no ha concretado ni cuánto empleo se puede crear, ni la repercusión en el PIB, ni el número de normativas que será necesario modificar. Salgado no explicó ayer nada de todo esto porque resulta que no lo han calculado. El País incluso apunta que el Gobierno aparca las principales reformas previstas en la ley, que sí son mencionadas en el documento de estrategia, como la reforma de la educación, la reforma laboral o las líneas maestras de la política energética, y nada menos que las normas legales para desarrollar la directiva de servicios. Pues entonces, cabe concluir que este anteproyecto recién aprobado no es ilusionante en absoluto. Y al parecer, por desgracia, no se contempla ningún 'impuesto verde'; tan sólo se habla de apoyar a los sectores que tengan una prioridad social y medioambiental. Esta ley se presentará el 2 de diciembre en el Congreso -se prevé que lo haga el propio Zapatero- y a De la Vega no le ha importado reconocer que se guardan cosas para el debate, y que no han dicho en la rueda de prensa. Además será el tema central de la IV Conferencia de Presidentes autonómicos, que se celebrará el 14 de diciembre, después de varios aplazamientos y casi tres años después de la última, el 11 de enero de 2007. Ya le vale.

También se aprobó en el Consejo de Ministros un Real Decreto para buscar la eficiencia energética en locales públicos (bares, tiendas, cines), por el que no podrán superar los 21 grados de temperatura en invierno ni bajar de los 26 en verano. A ver si se cumple y si resulta.

Mientras, sigue la crisis económica y la sangría de empleos: va a cerrar la fábrica de caramelos Wrigley ubicada en Tarazona (Zaragoza), lo que supondrá el despido de la mayoría de sus 160 trabajadores. Los chicles Boomer y los caramelos Solano continuarán comercializándose, pero serán producidos en otras plantas de la compañía.

Artículos sobre Aminatou Haidar en El País y en El Mundo.

Este domingo hay elecciones (por decir algo) en Guinea Ecuatorial (esa dictadura que Moratinos, Fraga y unos empresarios visitaron en julio) y ningún periodista español ha recibido el visado para asistir a los comicios, pese a haberlo pedido escrupulosamente. A este respecto escribe Ramón Lobo, veterano corresponsal de guerra, en El País.

Nota sobre el Congo: las ONG acusadas sin pruebas de financiar a una guerrilla hutu dicen para La 2 Noticias (del 11:55 al 15:02) que las acusaciones son falsas y que la ONU pretende desacreditarlas (están personadas en la causa abierta en la Audiencia Nacional, donde se acusa al gobierno ruandés, y a grandes multinacionales). La ONU ocultaría graves responsabilidades criminales. Mientras, en aquel país se dispara el expolio de minerales.

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