jueves, enero 21, 2010

La inmigración: Vic recula, los políticos rebuznan

Zapatero en la rueda de prensa posterior a su comparecencia de ayer ante el Parlamento Europeo para hablar de las prioridades durante su presidencia: "El Gobierno de España no va a permitir que se menoscaben los derechos de las personas, somos defensores de la inmigración legal, de la persecución de quienes trafican con las personas para la inmigración ilegal". Ojo a la frase destacada: la dice el creador de la ley de extranjería y la ley de asilo más duras de la reciente historia democrática de España y presidente de un Gobierno denunciado por el maltrato de las fuerzas de seguridad a los detenidos.

Y siguió: "... El país que presido no va a consentir que por un truco de un ayuntamiento haya seres humanos, sus familias, sus hijos, que se queden sin asistencia sanitaria o sin derecho a acudir a una escuela. No, no lo vamos a permitir. Hemos luchado durante décadas para que eso no nos pasara a nosotros como españoles cuando teníamos que estar fuera, para que ahora permitamos que eso pueda pasar en nuestro país". De nuevo, atención al destacado. ¿Cuándo se supone que ha tenido que luchar él por eso, si nació en 1960 y nunca se movió de aquí? ¿Con qué atribuciones se incluye en ese plural mayestático? Él no ha luchado por nada, el muy falso.

El discurso anterior tampoco fue ninguna maravilla, ya que su única propuesta concreta fue el coche eléctrico. En Moncloa han ‘picado’ los editoriales de la prensa europea criticando el programa de la presidencia de la Unión. El Gobierno acusa a esos periódicos de ser de derechas y antieuropeístas. El caso es que también le criticaron varios eurodiputados. "Antes de venir a dar lecciones debería arreglar su propia casa", le dijo un parlamentario británico. Hoy se ha publicado que el Gobierno devolvió a la UE 17 millones al no saber cómo gastarlos.

Al final el alcalde de Vic da marcha atrás y se empadronará a todo el mundo, acata pero no comparte la decisión de la abogacía del Estado, que determinó que procede la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal, con independencia de que tengan o no residencia legal en territorio español. Con anterioridad ya habían reconvenido su postura los ediles del PSC.

En el caso de Torrejón de Ardoz, la presidenta madrileña sigue defendiendo la medida y diciendo que no tiene nada que ver con el caso de Vic. Ese ayuntamiento madrileño habla, para empadronar, de una distribución estándar de personas por metro cuadrado que en la actualidad no se cumple en el municipio. Público ha preguntado a extranjeros residentes en Torrejón por sus problemas para empadronarse. Otros consistorios del PP, en este caso, capitales, consultados por El País, excepto Almería, contestan que "aplican a rajatabla la ley y empadronan a todos los inmigrantes, a pesar de ser muy críticos con la legislación".

Sin embargo, es evidente que algo está mal, porque hay un conflicto entre lo que dice la Ley de Bases de Régimen Local y lo que aparece en la Ley de Extranjería. "El problema no está en el padrón sino en la legislación. El Gobierno la ha modificado sin el suficiente consenso y se producen diferentes interpretaciones sobre esa normativa", dicen desde el ayuntamiento de Málaga en la consulta del periódico de Prisa.

Así, José Blanco, ministro de Fomento, reconoció en Telecinco que "probablemente exista una incongruencia"; "la ley dice que hay que empadronarlos y también dice que hay que expulsarlos". El Mundo llevó esta contradicción a su portada de este jueves.

Mientras, Artur Mas, presidente de CiU, declaró a otro espacio de la misma cadena que "se entra en una contradicción" porque "la ley de Extranjería obliga a expulsar a los inmigrantes que no tienen papeles pero a la vez se dice que se les tiene que empadronar".

¿De dónde surgió la polémica si una encuesta realizada por el propio consistorio de Vic en noviembre señalaba a la inmigración como la novena preocupación de los ciudadanos, por detrás del paro, los aparcamientos, las zonas verdes e incluso la recogida de basuras o la falta de equipamientos y ocio?

El PP catalán se apuntó al carro contra la inmigración. No es casual, puesto ya en febrero de 2009 su presidenta, Alicia Sánchez Camacho, dijo aquello de "Aquí no cabemos todos" cuando su partido se opuso en febrero de 2009 a la construcción de un oratorio musulmán en Badalona. Ahora el presidente del PP de Badalona ha demostrado que sigue pensando igual de mal y reclama que los servicios municipales atiendan primero a los residentes legales.

El Defensor del Pueblo avala el derecho de los 'sin papeles' a empadronarse.

El informe jurídico de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) dice que empadronar es obligatorio para los ayuntamientos.

"No es verdad que la sanidad pública esté fallando por culpa de los inmigrantes. Ni que, casos concretos aparte, los extranjeros estén quitando los puestos de trabajo a los españoles. Ni que las cuentas públicas no puedan soportar el coste de la inmigración. Son mentiras que se pueden desmontar", dice Carlos Elordi en El Periódico.

¿Seguirá CiU con la idea de llevar a los municipios donde tiene representación una moción de apoyo al Ayuntamiento de Vic? Precisamente CiU ha rivalizado con el PP en cuanto a la aplicación de mano dura con la inmigración. Los alcaldes convergentes han contrapuesto el "modelo Vic" de integración frente al de "guetos" que dejó en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el ministro Celestino Corbacho, que se ha "congratulado" de que el alcalde de Vic "dé un paso atrás".

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