Las ONG advirtieron de lo que pasaría con la nueva Ley de Extranjería
Lo advertía hoy Ignacio Escolar en su columna para Público, donde denuncia que se ha levantado, con el caso de Vic, primero, y luego el de Torrejón, la veda a la caza del voto xenófobo, donde sin duda la crisis económica es un factor que prende llama con facilidad: "El sábado, Mariano Rajoy propuso una nueva reforma para endurecer la Ley de Extranjería. Como si eso fuese necesario: en la última década, esa ley ha sufrido ya cuatro reformas, a cual más dura. La última de ellas, la enésima vuelta de tuerca, la aprobó el Gobierno socialista hace apenas unas semanas, a finales de noviembre. No mucho antes, en septiembre de 2009, varias ONGs dieron una rueda de prensa para denunciar que el texto de la nueva ley se podía interpretar como un veto para inscribir en el padrón a los inmigrantes sin papeles. Nadie les hizo caso". Yo sí, y por eso lo denuncié varias veces en éste mi limitado espacio de expresión, que conservo mientras la Comisión de Propiedad Intelectual de la Sinde no dicte otra cosa. Ah, y qué mala memoria tiene Rajoy: él promulgó la reforma legal que obliga a empadronar a los inmigrantes irregulares.
Caso Torrejón: su alcalde habla para El País: "¿Cómo se permite empadronar a un irregular y no se le deja trabajar?", "Nosotros sí empadronamos a los mal llamados ilegales, pero si están como turistas no, o si tratan de inscribirse en un piso en el que no tienen el ratio de 20 metros cuadrados por persona". Su explicación: "Nuestra ordenanza no tiene nada que ver con lo de Vic. Nosotros empadronamos a cualquier persona, irregular o sin papeles. Lo único es que nosotros tenemos en cuenta una ley, la de Ordenación de la Edificación, que obliga a que haya una persona por cada 20 metros cuadrados edificados".
Tampoco se nos debe olvidar, cómo no, que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció a final de año que reducirá la justicia gratuita para extranjeros y juicios rápidos, básicamente, arguyó, por el dispendio económico que esto supone para sus arcas. El Colegio de Abogados de Madrid y alguna asociación de inmigrantes protestaron por la medida, que calificaron de discriminatoria, y pidieron a Aguirre que rectifique para no causar graves problemas a los extranjeros. Muy tarde se enteraba de esto El País (y es de suponer que la mayoría), dado que un artículo publicado en Diagonal ¡el 19 de febrero de 2009! ya alertaba de la pretensión de la presidenta madrileña, a causa de las cantidades adeudadas por la CAM a los abogados de oficio. Lo firmaba Diego de las Barreras (abogado de la Oficina de Derechos Sociales -ver web- del Centro Social Seco).
Caso Vic: el Ayuntamiento de Vic ha recibido el aval jurídico del bufete Roca i Junyent para defender sus intenciones de negar el padrón a aquellos inmigrantes irregulares. El informe concluye que "la actuación del consistorio no puede ser considerada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley". De igual modo, entiende que no corresponde al Ayuntamiento interpretar qué pasaportes tienen la consideración de válidos o no para el empadronamiento y requiere al Ministerio del Interior para que le informe por escrito de los requisitos exigibles para empadronar los ciudadanos extranjeros no comunitarios. La Ley de Extranjería debería explicitar dichos requisitos. ¿O acaso no lo hace, de tal modo que esta Ley cuenta con peligrosos agujeros negros, que es de los que se aprovecha el Ayuntamiento de Vic?
El PSOE recuerda que todos los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a toda persona que tenga su domicilio habitual en su municipio, y acusa al PP de colocarse con la derecha más dura de Europa por la polémica de Vic. Rubalcaba, el titular de Interior, ha reiterado que la normativa que prepara el municipio catalán no se ajusta a la ley, ha acusado a Rajoy de oportunismo político (por aquello de que él aprobó el empadronamiento) y ha recordado que el PP no presentó ni una sola enmienda al respecto en la tramitación de la nueva Ley de Extranjería. Mientras, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado que la ley es "clara" sobre los empadronamientos. En su opinión, "la dignidad de los seres humanos existe tengan o no tengan papeles; el empadronamiento no puede ser nunca un obstáculo a la dignidad y a los derechos de todo ser humano". El portavoz parlamentario José Antonio Alonso ha señalado que el PP, a su juicio, "se ha colocado en el segmento de la derecha "más dura" de la Unión Europea". Pero los tres olvidan o quieren que olvidemos que la reforma legal promovida por su gobierno aumenta a 60 días el máximo de estancia de los irregulares en los CIES y endurece las condiciones para el reagrupamiento familiar, y que han aprobado una vergonzosa reforma de la LOPJ que impide la aplicación de la justicia universal si no hay españoles implicados. Echarle la culpa al PP no debe ocultar la legislación de corte marcadamente conservador, y restrictiva de los derechos de las personas, sean inmigrantes o víctimas de delitos de lesa humanidad, sancionada en las cortes por el gobierno del PSOE.
Según declara Izquierda Anticapitalista en Revolta Global (en el original en catalán): "El Ayuntamiento de Vic promueve una experiencia xenófoba. Es necesaria una movilización social y democrática para hacerla fracasar. La decisión del gobierno municipal de Vic (CiU-PSC-ERC) en el sentido de rechazar el empadronamiento de las personas inmigradas en situación irregular - y, en un primer momento, incluso de delatarlo a la policía - se está convirtiendo en un test. Es un primer ensayo, a nivel local, del que podrían ser políticas determinantes para el futuro de este país y de sus clases populares en medio de la profunda crisis económica, social y medioambiental - pero también del marco autonómico catalán - que estamos viviendo, y que se agravará en el próximo periodo".
Un inmigrante de Vic declara: "Yo soy viguetano, pero ahora ya no me considero catalán"; "Nosotros hemos hecho campaña a favor de Cataluña, ¡hasta fuimos a votar en las consultas independentistas, y ahora los catalanes nos quieren echar!".
Juan Carlos Escudier escribe: "¡Atención inmigrantes! Abandonen el país" para El Confidencial: "se nos tiene que recordar casi a diario que la inmigración ha tenido efectos muy positivos, hasta el punto de que se le atribuye un tercio del crecimiento de los últimos diez años de bonanza"; "sigue sin producirse competencia entre nativos y foráneos por los puestos de trabajo disponibles. Lo sostiene un estudio de Adecco y el IESE, que viene a confirmar que la recesión se ha cebado con los extranjeros".
En la web de SOS Racismo Vizcaya: seleccionan otro artículo de Escudier y otro de Josep Ramoneda, y el manifiesto firmado por diversos sindicatos y movimientos sociales para Sos Racisme Catalunya, que critica la medida tomada en Vic.
En Público: "La prensa china destaca multas a ilegales en la nueva Ley de Extranjería española" (17 de diciembre); "Entra en vigor la nueva Ley de Extranjería. La nueva norma amplía a 60 días el plazo de detención de los inmigrantes ilegales y restringe el derecho de reagrupación familiar" (13 de diciembre); "La Ley de Extranjería vetará el acceso a la sanidad de ilegales, según ONGs" (16 de septiembre).
En Diagonal: "El PSOE impone el internamiento de 60 días en la reforma de la Ley de Extranjería" (27 de noviembre); "El Gobierno mantiene las penas de cárcel para los manteros" (en la reforma del Código Penal, 12 de noviembre). Sobre las limitaciones a la justicia universal, opiniones de Raúl Maillo, abogado en procedimientos por crímenes de guerra (30 de noviembre), y de Antonio Segura Hernández, junto a Raúl Maillo, el 26 de mayo, una semana después de que el Congreso de los Diputados aprobase limitar la jurisdicción universal penal, se supone que, entre otros motivos, para limitar la admisión de querellas como la que se presentó contra un ex ministro y seis militares israelíes por un bombardeo a civiles en Gaza. La entonces ministra de Exteriores hebrea, Tzipi Livni, se quejó a España, y sus plegarias parece que tuvieron efecto.
En la web de Amnistía Internacional: "Empadronar sólo a los inmigrantes con permiso de residencia es una medida ilegal, viola compromisos internacionales de derechos humanos y puede considerarse xenófoba" (sobre Vic, el 15 de enero); "El Congreso ratifica una Ley que convierte el conseguir asilo en una carrera de obstáculos" (sobre la igualmente restrictiva Ley de Asilo, el 15 de octubre); "Golpe mortal a la lucha contra la impunidad" (sobre la reforma de la LOPJ que restringe la aplicación de jurisdicción universal, con el voto favorable de PSOE y PP, el 8 de octubre); "El rendimiento económico y los conceptos vagos de seguridad nacional, por encima de los derechos humanos de los inmigrantes" (sobre la tramitación en el Congreso de la reforma de la Ley de Extranjería, el 21 de septiembre).
Además, las comunidades autónomas y las subdelegaciones del Gobierno incumplen el deber de documentar a los menores inmigrantes a su cargo. Así que más vale que socialistas y populares cierren la boca y dejen de echarse la culpa de esta utilización partidista de la inmigración irregular porque los dos son igual de culpables. También lo son CiU, ERC o Coalición Canaria: los dos primeros por formar parte de la coalición gobernante en Vic, y convergentes y canarios por respaldar la aprobación de la vergonzosa reforma de la Ley de Extranjería junto al PSOE.
Caso Torrejón: su alcalde habla para El País: "¿Cómo se permite empadronar a un irregular y no se le deja trabajar?", "Nosotros sí empadronamos a los mal llamados ilegales, pero si están como turistas no, o si tratan de inscribirse en un piso en el que no tienen el ratio de 20 metros cuadrados por persona". Su explicación: "Nuestra ordenanza no tiene nada que ver con lo de Vic. Nosotros empadronamos a cualquier persona, irregular o sin papeles. Lo único es que nosotros tenemos en cuenta una ley, la de Ordenación de la Edificación, que obliga a que haya una persona por cada 20 metros cuadrados edificados".
Tampoco se nos debe olvidar, cómo no, que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció a final de año que reducirá la justicia gratuita para extranjeros y juicios rápidos, básicamente, arguyó, por el dispendio económico que esto supone para sus arcas. El Colegio de Abogados de Madrid y alguna asociación de inmigrantes protestaron por la medida, que calificaron de discriminatoria, y pidieron a Aguirre que rectifique para no causar graves problemas a los extranjeros. Muy tarde se enteraba de esto El País (y es de suponer que la mayoría), dado que un artículo publicado en Diagonal ¡el 19 de febrero de 2009! ya alertaba de la pretensión de la presidenta madrileña, a causa de las cantidades adeudadas por la CAM a los abogados de oficio. Lo firmaba Diego de las Barreras (abogado de la Oficina de Derechos Sociales -ver web- del Centro Social Seco).
Caso Vic: el Ayuntamiento de Vic ha recibido el aval jurídico del bufete Roca i Junyent para defender sus intenciones de negar el padrón a aquellos inmigrantes irregulares. El informe concluye que "la actuación del consistorio no puede ser considerada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley". De igual modo, entiende que no corresponde al Ayuntamiento interpretar qué pasaportes tienen la consideración de válidos o no para el empadronamiento y requiere al Ministerio del Interior para que le informe por escrito de los requisitos exigibles para empadronar los ciudadanos extranjeros no comunitarios. La Ley de Extranjería debería explicitar dichos requisitos. ¿O acaso no lo hace, de tal modo que esta Ley cuenta con peligrosos agujeros negros, que es de los que se aprovecha el Ayuntamiento de Vic?
El PSOE recuerda que todos los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a toda persona que tenga su domicilio habitual en su municipio, y acusa al PP de colocarse con la derecha más dura de Europa por la polémica de Vic. Rubalcaba, el titular de Interior, ha reiterado que la normativa que prepara el municipio catalán no se ajusta a la ley, ha acusado a Rajoy de oportunismo político (por aquello de que él aprobó el empadronamiento) y ha recordado que el PP no presentó ni una sola enmienda al respecto en la tramitación de la nueva Ley de Extranjería. Mientras, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado que la ley es "clara" sobre los empadronamientos. En su opinión, "la dignidad de los seres humanos existe tengan o no tengan papeles; el empadronamiento no puede ser nunca un obstáculo a la dignidad y a los derechos de todo ser humano". El portavoz parlamentario José Antonio Alonso ha señalado que el PP, a su juicio, "se ha colocado en el segmento de la derecha "más dura" de la Unión Europea". Pero los tres olvidan o quieren que olvidemos que la reforma legal promovida por su gobierno aumenta a 60 días el máximo de estancia de los irregulares en los CIES y endurece las condiciones para el reagrupamiento familiar, y que han aprobado una vergonzosa reforma de la LOPJ que impide la aplicación de la justicia universal si no hay españoles implicados. Echarle la culpa al PP no debe ocultar la legislación de corte marcadamente conservador, y restrictiva de los derechos de las personas, sean inmigrantes o víctimas de delitos de lesa humanidad, sancionada en las cortes por el gobierno del PSOE.
Según declara Izquierda Anticapitalista en Revolta Global (en el original en catalán): "El Ayuntamiento de Vic promueve una experiencia xenófoba. Es necesaria una movilización social y democrática para hacerla fracasar. La decisión del gobierno municipal de Vic (CiU-PSC-ERC) en el sentido de rechazar el empadronamiento de las personas inmigradas en situación irregular - y, en un primer momento, incluso de delatarlo a la policía - se está convirtiendo en un test. Es un primer ensayo, a nivel local, del que podrían ser políticas determinantes para el futuro de este país y de sus clases populares en medio de la profunda crisis económica, social y medioambiental - pero también del marco autonómico catalán - que estamos viviendo, y que se agravará en el próximo periodo".
Un inmigrante de Vic declara: "Yo soy viguetano, pero ahora ya no me considero catalán"; "Nosotros hemos hecho campaña a favor de Cataluña, ¡hasta fuimos a votar en las consultas independentistas, y ahora los catalanes nos quieren echar!".
Juan Carlos Escudier escribe: "¡Atención inmigrantes! Abandonen el país" para El Confidencial: "se nos tiene que recordar casi a diario que la inmigración ha tenido efectos muy positivos, hasta el punto de que se le atribuye un tercio del crecimiento de los últimos diez años de bonanza"; "sigue sin producirse competencia entre nativos y foráneos por los puestos de trabajo disponibles. Lo sostiene un estudio de Adecco y el IESE, que viene a confirmar que la recesión se ha cebado con los extranjeros".
En la web de SOS Racismo Vizcaya: seleccionan otro artículo de Escudier y otro de Josep Ramoneda, y el manifiesto firmado por diversos sindicatos y movimientos sociales para Sos Racisme Catalunya, que critica la medida tomada en Vic.
En Público: "La prensa china destaca multas a ilegales en la nueva Ley de Extranjería española" (17 de diciembre); "Entra en vigor la nueva Ley de Extranjería. La nueva norma amplía a 60 días el plazo de detención de los inmigrantes ilegales y restringe el derecho de reagrupación familiar" (13 de diciembre); "La Ley de Extranjería vetará el acceso a la sanidad de ilegales, según ONGs" (16 de septiembre).
En Diagonal: "El PSOE impone el internamiento de 60 días en la reforma de la Ley de Extranjería" (27 de noviembre); "El Gobierno mantiene las penas de cárcel para los manteros" (en la reforma del Código Penal, 12 de noviembre). Sobre las limitaciones a la justicia universal, opiniones de Raúl Maillo, abogado en procedimientos por crímenes de guerra (30 de noviembre), y de Antonio Segura Hernández, junto a Raúl Maillo, el 26 de mayo, una semana después de que el Congreso de los Diputados aprobase limitar la jurisdicción universal penal, se supone que, entre otros motivos, para limitar la admisión de querellas como la que se presentó contra un ex ministro y seis militares israelíes por un bombardeo a civiles en Gaza. La entonces ministra de Exteriores hebrea, Tzipi Livni, se quejó a España, y sus plegarias parece que tuvieron efecto.
En la web de Amnistía Internacional: "Empadronar sólo a los inmigrantes con permiso de residencia es una medida ilegal, viola compromisos internacionales de derechos humanos y puede considerarse xenófoba" (sobre Vic, el 15 de enero); "El Congreso ratifica una Ley que convierte el conseguir asilo en una carrera de obstáculos" (sobre la igualmente restrictiva Ley de Asilo, el 15 de octubre); "Golpe mortal a la lucha contra la impunidad" (sobre la reforma de la LOPJ que restringe la aplicación de jurisdicción universal, con el voto favorable de PSOE y PP, el 8 de octubre); "El rendimiento económico y los conceptos vagos de seguridad nacional, por encima de los derechos humanos de los inmigrantes" (sobre la tramitación en el Congreso de la reforma de la Ley de Extranjería, el 21 de septiembre).
Además, las comunidades autónomas y las subdelegaciones del Gobierno incumplen el deber de documentar a los menores inmigrantes a su cargo. Así que más vale que socialistas y populares cierren la boca y dejen de echarse la culpa de esta utilización partidista de la inmigración irregular porque los dos son igual de culpables. También lo son CiU, ERC o Coalición Canaria: los dos primeros por formar parte de la coalición gobernante en Vic, y convergentes y canarios por respaldar la aprobación de la vergonzosa reforma de la Ley de Extranjería junto al PSOE.
Comentarios