Los problemas en que se mete el Gobierno él solo
El Mundo alerta de que Red.es, empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, contrató para FICOD 2009 (Foro Internacional de Contenidos Digitales que acaba de finalizar en Madrid) a una empresa a la que descalificó en un concurso público del mes de julio por cometer en su oferta un "error insubsanable". Este concurso fue anulado, y a la empresa adjudicataria, Seatra, se le dijo que fue por "falta de presupuesto". Dicen que "sólo hubo que esperar a noviembre" para que Red.es "adjudicara directamente a BCC un contrato de características muy similares al ganado por Seatra".
La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo porque la normativa sobre modificación de contratos de la nueva ley de adjudicación pública no respeta los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia. Por modificar los contratos públicos tras adjudicarlos.
Los productores de animación se quejan de que el Gobierno les ignora y de que con el actual borrador de la ley General de la Comunicación Audiovisual, pendiente de aprobación por el Parlamento, "resultará imposible la producción de serie de animación en España, lo que supondría el cierre de muchas empresas y una destrucción importante de puestos de trabajo".
Noticia de la edición impresa de El Mundo que no se refleja en su edición digital: Bruselas pide explicaciones a Cultura sobre las ayudas al cine. Europa solicita al ICAA que aclare las dudas suscitadas por el colectivo 'Cineastas contra la orden'. Guardans dijo que la orden ministerial del cine que regula el modo, manera y cuantía de las subvenciones al cine no contraviene el marco jurídico europeo que, por aquello de la libre competencia, prohíbe de forma expresa las ayudas del Estado a cualquier actividad. La excepción es el fomento de la diversidad cultural, la Cultura con 'C' mayúscula. La Comisión Europea, dice la noticia, ha dirigido un escrito al colectivo 'Cineastas contra la orden' en el que manifiesta su intención de pedir explicaciones al Ministerio de Cultura. En el colectivo se preguntan cómo es posible que, pese a estar el texto pendiente de la aprobación europea, éste ya figure en el BOE desde el 24 de octubre. El texto remitido a Europa, estructurado en cuatro puntos, está precedido de un preámbulo muy explícito: "Consideramos que las ayudas ponen su acento en el ámbito industrial y no en el cultural, vulnerando los principios de diversidad y excepción cultural". Los firmantes del escrito-denuncia insisten en que "el criterio de calidad de una película no depende de su coste" y que la orden "va en detrimento de la protección de las películas con presupuestos pequeños, y va a significar un recorte de la producción, y, por extensión, de la pluralidad cultural".
La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo porque la normativa sobre modificación de contratos de la nueva ley de adjudicación pública no respeta los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia. Por modificar los contratos públicos tras adjudicarlos.
Los productores de animación se quejan de que el Gobierno les ignora y de que con el actual borrador de la ley General de la Comunicación Audiovisual, pendiente de aprobación por el Parlamento, "resultará imposible la producción de serie de animación en España, lo que supondría el cierre de muchas empresas y una destrucción importante de puestos de trabajo".
Noticia de la edición impresa de El Mundo que no se refleja en su edición digital: Bruselas pide explicaciones a Cultura sobre las ayudas al cine. Europa solicita al ICAA que aclare las dudas suscitadas por el colectivo 'Cineastas contra la orden'. Guardans dijo que la orden ministerial del cine que regula el modo, manera y cuantía de las subvenciones al cine no contraviene el marco jurídico europeo que, por aquello de la libre competencia, prohíbe de forma expresa las ayudas del Estado a cualquier actividad. La excepción es el fomento de la diversidad cultural, la Cultura con 'C' mayúscula. La Comisión Europea, dice la noticia, ha dirigido un escrito al colectivo 'Cineastas contra la orden' en el que manifiesta su intención de pedir explicaciones al Ministerio de Cultura. En el colectivo se preguntan cómo es posible que, pese a estar el texto pendiente de la aprobación europea, éste ya figure en el BOE desde el 24 de octubre. El texto remitido a Europa, estructurado en cuatro puntos, está precedido de un preámbulo muy explícito: "Consideramos que las ayudas ponen su acento en el ámbito industrial y no en el cultural, vulnerando los principios de diversidad y excepción cultural". Los firmantes del escrito-denuncia insisten en que "el criterio de calidad de una película no depende de su coste" y que la orden "va en detrimento de la protección de las películas con presupuestos pequeños, y va a significar un recorte de la producción, y, por extensión, de la pluralidad cultural".
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