jueves, mayo 28, 2009

Proteger al cine español: si no quieres caldo toma dos tazas

El director de cine Álex de la Iglesia es el único candidato que se ha presentado -qué puesto más apetecible, ¿no?- para optar a la presidencia de la Academia del Cine español, en sustitución de Ángeles González-Sinde. Sus planes son ambiciosos y persiguen revitalizar el cine patrio de arriba a abajo. Ya ha dejado claro que luchará contra la piratería, y a cambio propone una alternativa que muchos ya han reclamado: contenidos de pago pero de calidad y con streaming (visionado online). Lo que quizá no quiere decir De la Iglesia es que lo que casi todo el mundo lo que se baja de Internet son películas y series extranjeras, primeramente estadounidenses o británicas, y no españolas. Y después, cine que rara vez llega a España o de muy difícil acceso, como el cine independiente o de bajo presupuesto (que no de baja calidad) procedente de países en vías de desarrollo o emergentes (cine africano, cine hispanoamericano) y si me apuras algo de cine asiático (Japón, Corea del Sur, Tailandia, Filipinas). Según datos de Hispashare, de sus cien películas más descargadas, sólo cinco eran españolas.

Y ojo que De la Iglesia no habla de las redes que copian películas a centenares en las tostadoras y que luego se las dan a los inmigrantes para que las vendan en el "top manta". No, habla sólo de Internet, olvidando que existe el derecho a la copia privada y que el intercambio de archivos no es delito. El cineasta se equivoca: no es a los internautas a quienes se debe perseguir, sino a quienes utilizan a esos inmigrantes, algunos de los cuales están en la cárcel pagando penas injustamente altas, ya que son el eslabón más débil de la cadena. Quienes más interesados están en acabar con las descargas en Internet son los distribuidores estadounidenses, por tanto, de ahí los esfuerzos de España en la mejora de la lucha contra las mismas antes de la llegada de Joe Biden en visita oficial. Hay que mostrar algún progreso al recuperado amigo americano, ya que un informe reciente de una comisión de su Congreso nos coloca entre los cinco países que menos hacen para luchar contra la piratería de contenidos protegidos.

Ésa es la madre del cordero. Si el conjunto del cine español pierde público es por otras razones que nada tienen que ver con las descargas o el intercambio de archivos. Gasta el triple de lo que ingresa, y se ruedan más películas de las que la gente es capaz de ver, demasiadas: se rodaron 173 filmes en 2008 gracias a las ayudas oficiales, más que EEUU o Francia por habitante, y muchas ni se estrenan. Y encima el Instituto de Cinematografía dirigido por Ignasi Guardans acaba de publicar en el BOE más ayudas todavía, por valor de 8.600.000 euros, arguyendo un elevado aumento en el número de solicitudes, la alta calidad de los trabajos recibidos o para fomentar la producción de calidad con costes competitivos... Por lo visto da igual que luego no vaya nadie a verlo y prima la cantidad antes que la calidad. ¿Qué tal si concentramos el dinero en sólo 70, 80 ó 90 películas, pero que valgan la pena y no cuenten siempre lo mismo?

En el mismo día de la presentación y declaraciones de Álex de la Iglesia, ha comparecido por primera vez ante el Congreso la que se convertirá en su antecesora, la ministra de Cultura. El diario "El Mundo" destaca que "ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de Fomento de Contenidos Culturales en Internet para complementar las futuras medidas que se adopten en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual". Y dale.

Ha repetido cuál será su "mayor empeño", el mismo que perseguía cuando presidía la Academia: "hacer compatible el derecho al acceso de la cultura y el derecho de todo trabajador a recibir una remuneración justa por su trabajo". Hombre, en eso estoy de acuerdo hasta yo, pero hasta ahora da la total impresión de que quiere criminalizar al usuario. Ojo a esta frase: "Hablamos de cultura, industria y de identidad cultural, y, a la vez, de miles de puestos de trabajo que están detrás de esa producción cultural". O sea, hablamos de industria cultural, la cultura de masas. La cultura no oficial, la hecha por aficionados con sus propios medios, sin ayudas, o la cultura popular, o formas de cultura alternativa fuera de los circuitos establecidos por la industria, quizá no figure en el imaginario de la ministra.

"Libertad Digital" extrae una interpretación mucho más agresiva de las declaraciones de González-Sinde, pertenecientes a la misma comparecencia. Que una mayor difusión y cuota de mercado para el cine español "jamás se alcanzará con la crítica simple y destructiva, con la descalificación global con un ataque sin matices a aquello que nos es propio en materia de cine, si se plantea de un modo que algunos jamás aplicarían a nuestro deporte, a nuestra creación musical, a nuestra alta investigación o a nuestra cocina más prestigiosa". Buf. Parece cabreada. No se ha quedado corta, no. Y remata, ya que solicitó la "complicidad" de los diputados para el apoyo de la industria cinematográfica como una "política de estado" (como en Francia, vamos).

Respecto a las ayudas, que su segundo de a bordo acaba de aumentar vía BOE, se ha defendido a sí misma y a sus colegas afirmando que el tema de las medidas de fomento a la cinematografía "se presta a toda clase de malentendidos y en ocasiones no se ha explicado bien". Agregó que se "consolidará el apoyo a la producción cinematográfica, sin descartar una actualización consensuada del sistema de ayudas". Ya, ya hemos visto en qué consiste la "actualización". Oigan, vale que mis impuestos deben servir para pagar servicios como los bomberos, la policía o la sanidad aunque ojalá no tenga que solicitar sus servicios, pero, ¿por qué voy a tener que pagar por un producto (cine español) que no voy a consumir?

La ministra de Cultura ha vuelto a demostrar que es sólo la ministra del cine. Ha defendido el cine español y ha pedido su protección frente a la piratería, pero ni una sola palabra parece haber salido de su boca en cuanto a las descargas de música. Los datos de la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI) publicados por Promusicae, la patronal de las discográficas españolas, indican que la tasa de 'piratería' de España "figura entre las más elevadas del mundo occidental".

A todo este lío no es ajena la SGAE, que podría llegar a hipotecar el palacio protegido que fuera cedido por el Ayuntamiento de Boadilla para hacer su sede. Eso le vendría de perlas para aliviar su solvencia económica, ahora que ha cerrado el último ejercicio con pérdidas, lo que no le ocurría en años. Tan mal les va que cerca de 70 de sus trabajadores se manifestaron ante su sede denunciando la existencia de un ERE encubierto. La entidad de gestión le echa la culpa a las descargas, pero quizá la causa esté detrás de las inversiones inmobiliarias que la SGAE ha estado llevando a cabo en España y América. Y encima va un grupo al que le dio por registrar como suya la expresión popular "A por ellos, oé", y le reclama 15.000 euros a Izquierda Unida por usarla en un spot electoral. Los reclamantes son "La banda del Capitán Canalla". Un nombre muy apropiado. Su líder es miembro de la SGAE, que se ha desmarcado del asunto pero que fue quien le recomendó que "rebajara sus pretensiones" en 3.000 euros.

La última polémica en que se ha visto envuelta la SGAE sería la posible entrada y registro en una casa particular, la de un administrador de dos páginas web de enlaces P2P, para examinar sus discos duros. La Sociedad de Autores ha asegurado que "Ha habido una tergiversación de los hechos teñidos de mentiras y falsedades", y que "no se ha infringido la legalidad". Seguro que pronto volveremos a oír hablar de la SGAE, y dudo que para bien.

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