La segunda carta a la Defensora
¿Tiene El País intereses que influyen en sus informaciones? Aclárense por favor.
Enviado: domingo, 19 de abril de 2009 15:53:57
Estimada Sra. Pérez Oliva:
El pasado lunes le escribí mostrando mi disconformidad con dos artículos publicados los días 9 y 10 de este mes, el primero sobre el nombramiento de Ángeles González-Sinde y el segundo sobre el proceso celebrado en La Rioja al respecto de las descargas por Internet. Lamentándolo mucho, y viendo la terrible y espantosa deriva que creo está tomando su periódico, me temo que debo volver sobre ambas cuestiones. Bastante mal aguanto que casi todas sus referencias sobre libros se refieran a lanzamientos de Santillana y similares, autores y editoriales del grupo, así como que la sección de televisión, la económica o la tecnológica se vean contaminados también muy a menudo por sus intereses empresariales, como el tema de la guerra del fútbol televisado. Y digo que lo aguanto porque en los demás periódicos hacen tres cuartos de lo mismo. No me gustaría que lo hicieran, pero lo hacen. Se agradece pues la presencia de columnistas como Carlos Boyero o Enric González, capaces muchas veces de tirar piedras sobre su propio tejado cuando así la ocasión lo merece.
Pero la actitud de este periódico desde el nombramiento de la ministra de Cultura escapa a mi razonamiento. Comenzando por un penoso artificio o simulacro de ¿reportaje? publicado el día 17 bajo el titular: "¿Se acaba el chollo de las descargas ilegales?" Y eso que en dicha noticia no se incluía la sentencia sueca sobre el portal Pirate Bay, si no, no me quiero imaginar cómo se habría escrito. El texto tiene tal carga subjetiva y tantos errores y datos malintencionados que me resisto a creer que lo haya escrito una periodista. Por suerte, el artículo sobre dicha sentencia, aparecido al día siguiente, es bastante más neutral. No seré yo el que le traslade mi opinión sobre el desastre pergeñado por Gabriela Cañas, me bastará en esta ocasión con proporcionarle este enlace para su lectura.
Y hoy domingo me desayuno con una entrevista a la ministra de Cultura en su periódico. Sí que se le pregunta por su discurso contra la piratería, pero la hemeroteca es lo bastante amplia como para haberle preguntado si pensaba mantener como ministra el mismo discurso que, en sucesivas declaraciones públicas, ha ido manteniendo desde que accedió al cargo de presidenta de la AACCE, o su apoyo difuso al Manifiesto por una Lengua Común, que ha sido entendido como un ataque a las demás lenguas del Estado que no son el castellano. No lo firmó pero lo respaldó, y sería discutible que ahora fuera a mantener esa posición; CiU ya ha manifestado que le preguntará por el tema. Sin embargo, parece que de momento, al contrario que sus nuevos compañeros de gabinete, la señora González-Sinde no va a comparecer en el Parlamento. Otra cuestión que también se le escapa a los entrevistadores. Tampoco se le cuestiona sobre si ha tomado las oportunas medidas para no incumplir la Ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos, dado que posee empresas vinculadas a actividades empresariales cinematográficas, así como algunos de sus familiares, y por el tema de las subvenciones que les podrían llegar a corresponder. Y es sorprendente que hable de las descargas de cine y música en Internet cuando es competencia, no de Cultura, sino de Industria, y su titular, Miguel Sebastián, en julio de 2008 dijo a El País que ""No aplicaremos restricción ni regulación alguna que impida la expansión o desincentive el uso de Internet ni estableceremos límites a las herramientas de libre circulación de información". "Esa libertad ha sido y es la clave de la red de redes, de su crecimiento y de su popularidad", en un artículo que hablaba del enfrentamiento entre Industria y Cultura por el eMule, si bien es cierto que cuatro meses más tarde abogó por compaginar libertad y respeto a la propiedad intelectual. Como ve, un tema muy jugoso que en la entrevista de hoy domingo brilla por su ausencia. ¿Y ni una sola pregunta sobre esto? ¿Tampoco sobre esto, sabiendo que Ignasi Guardans apoyaba estas "enmiendas torpedo"?
Eso, sobre la entrevista. En cuanto a la peculiar cruzada que El País parece haber emprendido contra las descargas, me encuentro, qué casualidad, el mismo día que se publica esa entrevista, con esto otro: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/paginas/web/permitan/descargas/seran/perseguidas/Espana/elpepisoc/20090419elpepisoc_4/Tes
Cabe pensar, tras la lectura de dicho artículo, si el Gobierno español le va a otorgar más poder a las entidades de gestión como la SGAE y similares, que son las que mayormente pueden presentar las denuncias contra los portales. Así, pues, parece que el Gobierno va a hacer oídos sordos a lo dicho por la AEVAL, Agencia Estatal de Evaluación de Calidad de los Servicios, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas (liquidado en la última remodelación ministerial), que emitió un informe de evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, y en donde recomienda "un Plan Contable para las entidades de gestión" y "la obligación legal de consolidar sus cuentas anuales con las de sus entidades controladas o participadas". Referencias aquí y aquí, y repercusiones a lo largo y ancho de la Red. En el artículo de El País se menciona la creación de una "Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales, un órgano independiente -vinculado orgánicamente al Ministerio de Industria- que ejercería el control del proceso, tramitaría las denuncias de los dueños de los derechos de los archivos descargados sin permiso y ordenaría, en su caso, el bloqueo de las páginas web", o sea, lo que recomienda AEVAL pero, trágicamente, sin citar su informe, que, por lo visto, para El País no existe. Curiosamente, el autor de este artículo, absolutamente partidista y que carece de fuentes tan elementales, es el mismo individuo, supuestamente periodista que debe ser objetivo o al menos parecerlo, que escribió el infame texto del día 10 sobre el juicio por descargas de La Rioja.
Yendo al artículo de hoy, especial pavor produce el primer párrafo: "La industria cultural española ha renunciado a la aplicación de la llamada ley Sarkozy, el modelo francés de la persecución de las descargas de archivos, que había sido hasta ahora su santo y seña en las negociaciones que mantienen con los operadores de telecomunicaciones, agrupados en Redtel, para regular esta materia. La última propuesta de la industria audiovisual, representada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, renuncia a la persecución de los más de ocho millones de internautas que realizan descargas de vídeos y música por Internet, y se centra en la persecución de las páginas web que facilitan los enlaces que permiten esas descargas". Por cierto, que no se olvide uno de sus principales errores, que no el único: se recurre a la Coalición como fuente única de la información, sin contrastar su versión lo más mínimo. También, al final del artículo, dentro del despiece "Hacia el acuerdo", se explica: "El Gobierno ha dejado en manos de la Coalición de Creadores y de Redtel las negociaciones para llegar a un acuerdo que regule las descargas". ¿Quiere esto decir, y estoy citando este post de uno de los blogs más destacados de España, que las entidades de gestión, léase SGAE, Cedro, Vegap, Dama, AIE y Aisge, serán las encargadas de su redacción? Esto no acaba de quedar claro en el artículo. Además, esa futura "Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales, un órgano independiente que ejercería el control del proceso, tramitaría las denuncias de los dueños de los derechos de los archivos descargados sin permiso y ordenaría, en su caso, el bloqueo de las páginas web", ¿bajo qué jurisdicción, y me baso de nuevo en Eduardo Arcos, se ampararía para llevar a cabo su pretensión de cortar el servicio de servidores fuera de España? El caso de Suecia y "Pirate Bay", por ejemplo, no sirve como modelo, puesto que se aplica la jurisdicción interna sueca hacia un servidor alojado en su mismo territorio. Resulta evidente que estamos, de nuevo, ante un caso de desconocimiento total de cómo funciona Internet. Por parte de la ministra de Cultura y por parte de los redactores de El País. Sería terrible que el Gobierno acabe permitiendo que, en vez de expertos realmente independientes, sean personas que no tienen conocimiento de la Red y con claros intereses comerciales, quienes pretendan regular este sector, influyendo de forma directa o indirecta. En este caso en las negociaciones para llegar a un acuerdo que regule las descargas. Regular lo irregulable, por tanto.
Le recomiendo este post: http://industriaaudiovisual.blogspot.com/2009/04/sinde-dice-que-no-pero-la-coalicion.html, de Gonzalo Martín, que también comenta la entrevista a la ministra. Parece que la ministra descarta penalizar a los usuarios y busca compensaciones en las empresas de telecomunicaciones. Ya hace un año en el Foro de la Nueva Economía, dijo: "Seamos todos sinceros, ¿para qué necesitamos todos una línea de ADSL de no sé cuanto gigas? ¿Para mandar e-mails? Telefónica sabe que el 80% del volumen de tráfico en sus líneas es descarga de archivos". Magnífica patata caliente que tiene ahora Miguel Sebastián como le llame César Alierta. Otro tema, y van unos cuantos, que han descuidado los entrevistadores a la ministra, que cuando cita a las empresas: "Pero sí sabemos que hasta ahora son las redes de telecomunicación las únicas que están sacando beneficio. La responsabilidad no puede recaer en el usuario", olvidan decirle que ese es un tema de Industria, y que las empresas difícilmente pasarán por ese aro porque pueden perder unos cuantos miles de usuarios de ADSL. ¿La ministra quiere menos ingresos para estas empresas y por tanto más paro? Por cierto que el blog de Gonzalo Martín manda un serio recado, con toda la razón, al colaborador de El País Hernán Casciari, que anima a realizar descargas ilegales, a la vez que el periódico las criminaliza. Bien claro se deja en el primer post citado al inicio del párrafo: "Lo del diario El País es de lo más interesante: es el canal preferente de las declaraciones y filtraciones organizadas del establishment de la propiedad intelectual mientras aloja en sus páginas al mayor divulgador de cómo y qué contenidos deben descargarse por la red (Casciari; paradójico, ¿no cree?). Y más bien parece que El País opta por organizar la asunción por la sociedad de unas tesis: no hay nada inocente en lo que los grupos periodísticos publican sobre comunicación y medios". El golpe de gracia: "Personalmente, espero ansioso un posicionamiento definitivo de ambas partes, diario y columnista, sobre de qué va esto. De momento, una entrevista seria a una alternativa a las formas actuales de propiedad intelectual brilla por su ausencia. Habrá que pedirle a Casciari que difunda A Remix Manifesto". En efecto, más vale que El País se defina, y con criterios más ecuánimes y menos sospechosos de los empleados hasta la fecha. Le puedo asegurar que las opiniones que está cosechando su periódico al respecto no son muy favorables. Y, como dice Gonzalo Martín, "una entrevista seria a una alternativa a las formas actuales de propiedad intelectual brilla por su ausencia". En casi todos los medios, pero también en El País, que hasta ahora se ha decantado descaradamente por la versión oficial, la de la industria.
Lamento, por último, tener que decirle que, por esta vía, cuando lea o navegue por El País, ya mismo me tendré que saltar las secciones de Cultura y Tecnología porque ya sé lo que me voy a encontrar: los creadores y la industria son unos santos y quien diga lo contrario, al infierno de cabeza, que algo habrá hecho. La solución a la crisis de la prensa dudo que pase por publicar informaciones tendenciosas o eliminar el suplemento infantil. Yo también fui de los sorprendidos al no encontrarlo y es que además no vi el recuadrito de marras. A mí tampoco me ha gustado la manera de anunciarlo, con secretismo o incluso ocultismo, de tapadillo, por mucho que traten ustedes de excusarse en su edición de hoy. El mejor artículo sobre la cuestión es éste. Lo que van a conseguir con esto es otro motivo para dejar de leer El País, a la altura de la gravedad de esto a causa de la publicación de esto otro, aunque la venta de la sede y el cierre de Localia sean de 2008 y no de 2007, que es lo único que se le podría recriminar al redactor. Lamentable. Así, y no de otra manera, es como se puede ir un periódico a pique. Pegándose tiros en el pie.
Atentamente,
(también sin respuesta hasta la fecha)
Enviado: domingo, 19 de abril de 2009 15:53:57
Estimada Sra. Pérez Oliva:
El pasado lunes le escribí mostrando mi disconformidad con dos artículos publicados los días 9 y 10 de este mes, el primero sobre el nombramiento de Ángeles González-Sinde y el segundo sobre el proceso celebrado en La Rioja al respecto de las descargas por Internet. Lamentándolo mucho, y viendo la terrible y espantosa deriva que creo está tomando su periódico, me temo que debo volver sobre ambas cuestiones. Bastante mal aguanto que casi todas sus referencias sobre libros se refieran a lanzamientos de Santillana y similares, autores y editoriales del grupo, así como que la sección de televisión, la económica o la tecnológica se vean contaminados también muy a menudo por sus intereses empresariales, como el tema de la guerra del fútbol televisado. Y digo que lo aguanto porque en los demás periódicos hacen tres cuartos de lo mismo. No me gustaría que lo hicieran, pero lo hacen. Se agradece pues la presencia de columnistas como Carlos Boyero o Enric González, capaces muchas veces de tirar piedras sobre su propio tejado cuando así la ocasión lo merece.
Pero la actitud de este periódico desde el nombramiento de la ministra de Cultura escapa a mi razonamiento. Comenzando por un penoso artificio o simulacro de ¿reportaje? publicado el día 17 bajo el titular: "¿Se acaba el chollo de las descargas ilegales?" Y eso que en dicha noticia no se incluía la sentencia sueca sobre el portal Pirate Bay, si no, no me quiero imaginar cómo se habría escrito. El texto tiene tal carga subjetiva y tantos errores y datos malintencionados que me resisto a creer que lo haya escrito una periodista. Por suerte, el artículo sobre dicha sentencia, aparecido al día siguiente, es bastante más neutral. No seré yo el que le traslade mi opinión sobre el desastre pergeñado por Gabriela Cañas, me bastará en esta ocasión con proporcionarle este enlace para su lectura.
Y hoy domingo me desayuno con una entrevista a la ministra de Cultura en su periódico. Sí que se le pregunta por su discurso contra la piratería, pero la hemeroteca es lo bastante amplia como para haberle preguntado si pensaba mantener como ministra el mismo discurso que, en sucesivas declaraciones públicas, ha ido manteniendo desde que accedió al cargo de presidenta de la AACCE, o su apoyo difuso al Manifiesto por una Lengua Común, que ha sido entendido como un ataque a las demás lenguas del Estado que no son el castellano. No lo firmó pero lo respaldó, y sería discutible que ahora fuera a mantener esa posición; CiU ya ha manifestado que le preguntará por el tema. Sin embargo, parece que de momento, al contrario que sus nuevos compañeros de gabinete, la señora González-Sinde no va a comparecer en el Parlamento. Otra cuestión que también se le escapa a los entrevistadores. Tampoco se le cuestiona sobre si ha tomado las oportunas medidas para no incumplir la Ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos, dado que posee empresas vinculadas a actividades empresariales cinematográficas, así como algunos de sus familiares, y por el tema de las subvenciones que les podrían llegar a corresponder. Y es sorprendente que hable de las descargas de cine y música en Internet cuando es competencia, no de Cultura, sino de Industria, y su titular, Miguel Sebastián, en julio de 2008 dijo a El País que ""No aplicaremos restricción ni regulación alguna que impida la expansión o desincentive el uso de Internet ni estableceremos límites a las herramientas de libre circulación de información". "Esa libertad ha sido y es la clave de la red de redes, de su crecimiento y de su popularidad", en un artículo que hablaba del enfrentamiento entre Industria y Cultura por el eMule, si bien es cierto que cuatro meses más tarde abogó por compaginar libertad y respeto a la propiedad intelectual. Como ve, un tema muy jugoso que en la entrevista de hoy domingo brilla por su ausencia. ¿Y ni una sola pregunta sobre esto? ¿Tampoco sobre esto, sabiendo que Ignasi Guardans apoyaba estas "enmiendas torpedo"?
Eso, sobre la entrevista. En cuanto a la peculiar cruzada que El País parece haber emprendido contra las descargas, me encuentro, qué casualidad, el mismo día que se publica esa entrevista, con esto otro: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/paginas/web/permitan/descargas/seran/perseguidas/Espana/elpepisoc/20090419elpepisoc_4/Tes
Cabe pensar, tras la lectura de dicho artículo, si el Gobierno español le va a otorgar más poder a las entidades de gestión como la SGAE y similares, que son las que mayormente pueden presentar las denuncias contra los portales. Así, pues, parece que el Gobierno va a hacer oídos sordos a lo dicho por la AEVAL, Agencia Estatal de Evaluación de Calidad de los Servicios, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas (liquidado en la última remodelación ministerial), que emitió un informe de evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, y en donde recomienda "un Plan Contable para las entidades de gestión" y "la obligación legal de consolidar sus cuentas anuales con las de sus entidades controladas o participadas". Referencias aquí y aquí, y repercusiones a lo largo y ancho de la Red. En el artículo de El País se menciona la creación de una "Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales, un órgano independiente -vinculado orgánicamente al Ministerio de Industria- que ejercería el control del proceso, tramitaría las denuncias de los dueños de los derechos de los archivos descargados sin permiso y ordenaría, en su caso, el bloqueo de las páginas web", o sea, lo que recomienda AEVAL pero, trágicamente, sin citar su informe, que, por lo visto, para El País no existe. Curiosamente, el autor de este artículo, absolutamente partidista y que carece de fuentes tan elementales, es el mismo individuo, supuestamente periodista que debe ser objetivo o al menos parecerlo, que escribió el infame texto del día 10 sobre el juicio por descargas de La Rioja.
Yendo al artículo de hoy, especial pavor produce el primer párrafo: "La industria cultural española ha renunciado a la aplicación de la llamada ley Sarkozy, el modelo francés de la persecución de las descargas de archivos, que había sido hasta ahora su santo y seña en las negociaciones que mantienen con los operadores de telecomunicaciones, agrupados en Redtel, para regular esta materia. La última propuesta de la industria audiovisual, representada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, renuncia a la persecución de los más de ocho millones de internautas que realizan descargas de vídeos y música por Internet, y se centra en la persecución de las páginas web que facilitan los enlaces que permiten esas descargas". Por cierto, que no se olvide uno de sus principales errores, que no el único: se recurre a la Coalición como fuente única de la información, sin contrastar su versión lo más mínimo. También, al final del artículo, dentro del despiece "Hacia el acuerdo", se explica: "El Gobierno ha dejado en manos de la Coalición de Creadores y de Redtel las negociaciones para llegar a un acuerdo que regule las descargas". ¿Quiere esto decir, y estoy citando este post de uno de los blogs más destacados de España, que las entidades de gestión, léase SGAE, Cedro, Vegap, Dama, AIE y Aisge, serán las encargadas de su redacción? Esto no acaba de quedar claro en el artículo. Además, esa futura "Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales, un órgano independiente que ejercería el control del proceso, tramitaría las denuncias de los dueños de los derechos de los archivos descargados sin permiso y ordenaría, en su caso, el bloqueo de las páginas web", ¿bajo qué jurisdicción, y me baso de nuevo en Eduardo Arcos, se ampararía para llevar a cabo su pretensión de cortar el servicio de servidores fuera de España? El caso de Suecia y "Pirate Bay", por ejemplo, no sirve como modelo, puesto que se aplica la jurisdicción interna sueca hacia un servidor alojado en su mismo territorio. Resulta evidente que estamos, de nuevo, ante un caso de desconocimiento total de cómo funciona Internet. Por parte de la ministra de Cultura y por parte de los redactores de El País. Sería terrible que el Gobierno acabe permitiendo que, en vez de expertos realmente independientes, sean personas que no tienen conocimiento de la Red y con claros intereses comerciales, quienes pretendan regular este sector, influyendo de forma directa o indirecta. En este caso en las negociaciones para llegar a un acuerdo que regule las descargas. Regular lo irregulable, por tanto.
Le recomiendo este post: http://industriaaudiovisual.blogspot.com/2009/04/sinde-dice-que-no-pero-la-coalicion.html, de Gonzalo Martín, que también comenta la entrevista a la ministra. Parece que la ministra descarta penalizar a los usuarios y busca compensaciones en las empresas de telecomunicaciones. Ya hace un año en el Foro de la Nueva Economía, dijo: "Seamos todos sinceros, ¿para qué necesitamos todos una línea de ADSL de no sé cuanto gigas? ¿Para mandar e-mails? Telefónica sabe que el 80% del volumen de tráfico en sus líneas es descarga de archivos". Magnífica patata caliente que tiene ahora Miguel Sebastián como le llame César Alierta. Otro tema, y van unos cuantos, que han descuidado los entrevistadores a la ministra, que cuando cita a las empresas: "Pero sí sabemos que hasta ahora son las redes de telecomunicación las únicas que están sacando beneficio. La responsabilidad no puede recaer en el usuario", olvidan decirle que ese es un tema de Industria, y que las empresas difícilmente pasarán por ese aro porque pueden perder unos cuantos miles de usuarios de ADSL. ¿La ministra quiere menos ingresos para estas empresas y por tanto más paro? Por cierto que el blog de Gonzalo Martín manda un serio recado, con toda la razón, al colaborador de El País Hernán Casciari, que anima a realizar descargas ilegales, a la vez que el periódico las criminaliza. Bien claro se deja en el primer post citado al inicio del párrafo: "Lo del diario El País es de lo más interesante: es el canal preferente de las declaraciones y filtraciones organizadas del establishment de la propiedad intelectual mientras aloja en sus páginas al mayor divulgador de cómo y qué contenidos deben descargarse por la red (Casciari; paradójico, ¿no cree?). Y más bien parece que El País opta por organizar la asunción por la sociedad de unas tesis: no hay nada inocente en lo que los grupos periodísticos publican sobre comunicación y medios". El golpe de gracia: "Personalmente, espero ansioso un posicionamiento definitivo de ambas partes, diario y columnista, sobre de qué va esto. De momento, una entrevista seria a una alternativa a las formas actuales de propiedad intelectual brilla por su ausencia. Habrá que pedirle a Casciari que difunda A Remix Manifesto". En efecto, más vale que El País se defina, y con criterios más ecuánimes y menos sospechosos de los empleados hasta la fecha. Le puedo asegurar que las opiniones que está cosechando su periódico al respecto no son muy favorables. Y, como dice Gonzalo Martín, "una entrevista seria a una alternativa a las formas actuales de propiedad intelectual brilla por su ausencia". En casi todos los medios, pero también en El País, que hasta ahora se ha decantado descaradamente por la versión oficial, la de la industria.
Lamento, por último, tener que decirle que, por esta vía, cuando lea o navegue por El País, ya mismo me tendré que saltar las secciones de Cultura y Tecnología porque ya sé lo que me voy a encontrar: los creadores y la industria son unos santos y quien diga lo contrario, al infierno de cabeza, que algo habrá hecho. La solución a la crisis de la prensa dudo que pase por publicar informaciones tendenciosas o eliminar el suplemento infantil. Yo también fui de los sorprendidos al no encontrarlo y es que además no vi el recuadrito de marras. A mí tampoco me ha gustado la manera de anunciarlo, con secretismo o incluso ocultismo, de tapadillo, por mucho que traten ustedes de excusarse en su edición de hoy. El mejor artículo sobre la cuestión es éste. Lo que van a conseguir con esto es otro motivo para dejar de leer El País, a la altura de la gravedad de esto a causa de la publicación de esto otro, aunque la venta de la sede y el cierre de Localia sean de 2008 y no de 2007, que es lo único que se le podría recriminar al redactor. Lamentable. Así, y no de otra manera, es como se puede ir un periódico a pique. Pegándose tiros en el pie.
Atentamente,
(también sin respuesta hasta la fecha)
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