domingo, marzo 28, 2010

Periodismo y derechos de autor

El debate de cobrar por el acceso a las páginas web de los periódicos. Los últimos que se apuntan al carro son Le Monde, desde este lunes, salvo al parecer lo de agencia y lo elaborado por su redacción web, y en junio por The Times y su edición dominical. Los editores de diarios dicen que los buscadores y agregadores les causan un grave perjuicio económico. El presidente de AEDE ha vuelto a repetir en el Club Málaga Valley que Google les tiene que pagar por el uso que hace de sus noticias, que ponen a libre disposición en Google News, y el responsable del buscador en España, presente en las mismas jornadas, ha dicho que Google no hace negocio con su agregador y que lo que realmente se consiguen son más visitas al sitio de procedencia de la noticia. Un mini editorial de El Mundo el jueves contra Google citando las palabras del presidente de AEDE (que es consejero delegado de Unidad Editorial) es un auténtico despropósito. Luchar contra Google no resolverá algunos problemas de los periódicos, que no saben evaluar a su audiencia, ni cómo fidelizarla, ni en que la clave sea la calidad de los contenidos, decir la verdad, etc. Precisamente convertir los contenidos a formato de pago busca, con la rentabilidad, la fidelización. También hay empresas de press clipping (resúmenes de prensa) que no son precisamente Google.

Otra cosa diferente sería el "copypaste", sin citar fuentes, que emplean sitios como Periodista Digital. El fotoperiodista Txema Rodríguez escribe sobre esta práctica aplicada a la fotografía y de cómo la LES "es motivo de reflexión que los fotógrafos (al margen de que su dedicación y calidad), como grandes suministradores de contenidos gratuitos a Internet, no cuenten con protección de ningún tipo, al menos ni con el pequeño consuelo de aparecer en un texto legal que ampara como creadores a cantantes que nunca han compuesto nada" o "A los fotógrafos les ocurre como a los periodistas (también son creadores, creo) o a muchos otros profesionales que nadan en esas turbias aguas en las que no existe un concepto definido sobre la propiedad del trabajo". Y que conste que expresa claramente en el texto que la LES y su espíritu le parecen inconstitucionales.

La cruzada de los periódicos de pago españoles contra los sitios de Internet que cuelgan sus noticias y sobre todo aquellos que se lucran haciéndolo, ya que llevan publicidad, está a la orden del día. El Mundo acaba de estrenar su servicio de pago Orbyt y ya hay muy pocas cosas completas que puedas ver en abierto en ese periódico. El País tuvo su sitio web con servicio únicamente de pago hace unos años y fue un rotundo fracaso. Yo, rara es la vez que pongo un artículo entero. Suelen ser pequeños fragmentos, y añadiendo el enlace para que si a alguien le interesa vaya a la fuente original (salvo que no se pueda acudir a la misma, por ejemplo). Además, mi blog no tiene publicidad. Podría haber puesto el AdSense pero leí malas críticas sobre él y lo descarté. Igual que si algún día Google me pone pegas intentaría pasar mi blog a Wordpress, pero aún no he visto la necesidad.

Pero el mayor problema no es para los dueños de los periódicos, es para los periodistas, y para los fotógrafos y fotoperiodistas. Se ha hablado mucho de que la artera Disposición Final Primera de la LES busca favorecer a los amigos del Gobierno como el sector del cine y de la música, y poca gente se ha acordado de los periodistas, y estoy hablando de los periodistas, no de los periódicos. Porque cuando tu trabajas para un periódico, los artículos no son tuyos, son del periódico, que te hace firmar que les cedes tus derechos de autor. Son creadores, con derechos, y mucho más desprotegidos que los artistas, actores, cantantes, músicos o productores, entre otras cosas porque las empresas para las que trabajan, tampoco les protegen adecuadamente. Y en parte se puede deber a que las empresas periodísticas tratan las noticias, no como algo necesario para la sociedad, sino como un mero producto. El periodismo y el fotoperiodismo, y la protección de los derechos de sus profesionales, son los grandes olvidados. No tenemos más Ley de la Prensa que lo poco que pueda quedar vigente de la Ley Fraga de 1966 y un montón de parches posteriores, es evidente que necesitamos una regulación propia (por ejemplo para evitar el intrusismo) y que ningún gobierno desde el fin de la dictadura ha pensado en este colectivo.

El tema de fondo y de portada de la revista Periodistas de la FAPE, nº20 primavera 2010, se dedica precisamente a esta laguna legal, bajo el titular "Creadores con derechos", editorial del director Eduardo San Martín, artículo de José Cervera, una mesa redonda que contó con Bárbara Navarro de Google (que decía en una entrevista que el Gobierno siempre ha tenido sensibilidad hacia la neutralidad en la red), un análisis de Javier Díaz Noci o una entrevista al abogado Javier Cremades, que lógicamente también estuvo presente en el Málaga Valley, como presidente de dicho club. Así que voy citando partes de los textos de este análisis.

Colaboración leal, Eduardo San Martín. "(...) ¿Es razonable que los periodistas reivindiquen frente a sus empresas el valor económico de sus derechos de autor? (...) [De la mesa redonda sobre la cláusula de la LES "para proteger mejor los derechos de los creadores"] surgieron dos conclusiones casi unánimes: que los periodistas realizábamos una labor de creación tan merecedora de protección como la de músicos, escritores o cineastas, pero que esos derechos nuestros no estaban garantizados suficientemente. Las dificultades mayores se centran (...) [en si] la labor que realizan los periodistas... constituye un trabajo individual, o se trata, salvo excepciones claramente delimitadas, de una tarea colectiva, como han reconocido los tribunales a las editoras en su pleito con las empresas de press clipping... [y en torno] a la práctica contractual de los medios con sus periodistas, en virtud de la cual estos ceden, de manera universal e indefinida, la explotación económica de sus derechos de autor a las empresas que les contratan (...) ¿nos encontramos en un momento oportuno para plantear esa batalla frente a nuestras propias empresas? (...) La colaboración de los redactores con sus editores en el objetivo común de garantizar la existencia de medios de calidad no debe basarse en la existencia de contratos leoninos que dejan en manos de las empresas la explotación exclusiva de los derechos de autor de los periodistas". Eduardo San Martín es periodista, columnista de ABC y colaborador de espacios de radio y televisión.

El colectivo olvidado. Reportaje de Marta Molina. "'Somos el colectivo olvidado'. Los periodistas españoles se sienten ninguneados en el actual debate sobre la gestión de los derechos de autor. El pasado febrero, la subcomisión parlamentaria encargada de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) finalizaba sus trabajos tras evaluar más de 300 cuestionarios de distintos gremios entre los que no figuraban los periodistas. (...) 'Somos creadores con derechos y con deberes, y debemos tener voz en ese escenario', reclama la vicepresidenta de la FAPE. Elsa González sostiene su demanda en la premisa de que los derechos de autor protegen la propiedad intelectual de los creadores. Y los periodistas, según el artículo 51 de la vigente LPI, lo son. Aunque nadie discute la autoría moral de los informadores, la mayoría de profesionales renuncia al cobro de derechos económicos al firmar un contrato laboral. El problema surge cuando los editores disponen de su obra para fines distintos a los acordados". Pone como ejemplo que la crónica deportiva de un redactor de Vocento puede aparecer en las catorce cabeceras en papel del grupo, el doble contando las webs, cobrando sólo por una, a 20 euros la pieza.

Cuando el Derecho de Autor amenaza al periodismo, Pepe Cervera. "Muchos periodistas defienden a capa y espada la propiedad intelectual, incluso la más extrema, sin pararse a pensar en las consecuencias. Es irónico, ya que no tenemos derecho de autor sobre nuestro trabajo: los productos periodísticos son obras colectivas (art. 8 de la LPI) cuya autoría corresponde al editor. (...) Una interpretación fundamentalista de la propiedad intelectual amenaza hoy al periodismo, a la cultura y a la sociedad. La cultura y el periodismo se basan en la publicación. Cualquier límite a la difusión de contenidos es aberrante para el periodista y perjudicial para la cultura. Sin embargo, las leyes de propiedad intelectual, nacidas para proteger la creación, se han ido transformando en un obstáculo. (...) la nueva legislación que pretende acabar con la copia ilegal pone en riesgo libertades fundamentales, como la de expresión" (...) las nuevas leyes no detendrán la copia ilegal, pero sí que pueden dificultar la publicación de noticias (...) No se pueden apuntalar modelos de negocio obsoletos a costa de libertades fundamentales de la ciudadanía (...) Si las leyes que defienden la autoría amenazan la libertad, ¿no habrá llegado el momento de reformarlas?". José Cervera es periodista y profesor de la materia en la Universidad Rey Juan Carlos.

En la mesa redonda se contó con representantes del periodismo, de la Asociación Española de Seguimiento de Información y Publicidad (AESIP), de la FAPE incluyendo su asesor jurídico, y de Google, la ya citada Bárbara Navarro, y Luis Collado, de Google News y Google Books. Recuerda Eduardo San Martín, autor del texto, que en la intención del Gobierno de fortalecer la defensa de derechos de autor en Internet, no se ha mencionado en ningún momento la protección a los periodistas, lo que reaviva la pregunta de si los derechos de autor del gremio están suficientemente protegidos. Guillermo Altares (El País): "Los derechos de autor de los periodistas nunca han estado tan poco protegidos como ahora". Bárbara Navarro (Google): "Internet ha modificado dos aspectos: la forma de explotar los contenidos y su protección". Carmen Santos (AESIP): "La legislación plantea dudas en cuanto al reconocimiento y protección de los derechos del periodista". Rescato una parte del texto que ilustra la pelea entre la prensa y Google, por aquello del pago por reproducir:

"- Ramón Pradera (Telemadrid). (...) "tenemos el caso de Google, que debe gran parte de sus ingresos a trabajos periodísticos ajenos" [Error]
- Luis Collado. Google solo es un buscador.
- Bárbara Navarro. Creo que los periodistas le estáis asignando un papel erróneo con la intención de que se remuneren ciertos contenidos. Lo único que hace Google es poner en contacto al usuario con la fuente.
- Guillermo Altares (El País) [Y todos sabemos de qué pie cojea El País]. Pero Google News tiene una portada, no es solo un buscador, ofrece más: jerarquiza noticias. No sé cuál será la solución, pero alguien debe pagar ese servicio y esos contenidos.
- B.N. ¿Por qué veis en Google a ese enemigo o a esa empresa que tiene que pagar por los contenidos y no a un posible partner tecnológico? Si no existiesen los motores de búsqueda, nadie encontraría nada y la información valdría menos [Correcto: a mí me sirve para encontrar varias fuentes sobre la misma noticia o para hallar datos sobre una noticia muy escondida]".

¿Quien paga es el autor? Javier Díaz Noci. "(...) las empresas se empecinan en un modelo jurídico que, para el caso de los derechos de autor, mira con admiración hacia Estados Unidos. Allí, la empresa puede subrogarse como autor hasta en los derechos morales. Aquí quisieran hacer lo mismo. La reforma del artículo 32 de la LPI dice que 'el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa'. Hay pocas cláusulas de pago compensatorio a los periodistas". Javier Díaz Noci es profesor de Periodismo en la Universidad Pompeu Fabra y licenciado en Derecho.

Entrevista al abogado Javier Cremades, por Marta Molina. "La propiedad intelectual debe retribuirse". Concibe la información periodística como una obra a la altura de cualquier otro tipo de creación. Sin embargo, no ve necesaria una legislación específica que recoja las particularidades de los derechos de autor de los periodistas, pues entiende que un buen acuerdo comercial entre autor y empresa editora previene cualquier controversia. "Como todo autor, los periodistas también tienen derechos sobre su obra. Por lo general, los informadores ceden sus regalías al medio de comunicación para el que trabajan, lo que suele quedar estipulado en la relación contractual o comercial que los une. No ocurre lo mismo con el derecho moral sobre una obra periodística, que resulta irrenunciable (...) La propia LPI sería el espacio natural para albergar ese marco jurídico concreto. Pero la pretensión de una legislación [incluyendo una posible nueva Ley de la Prensa] ha sido recibida históricamente con recelo por la mayoría de los profesionales de la información porque temen que regular en exceso acabaría limitando su libertad de ejercicio (...) El control físico de las obras en Internet ha devenido imposible (...) El problema descansa en el modelo de negocio de los medios de comunicación, que ha dejado de funcionar". Javier Cremades es abogado especializado en propiedad intelectual.

La creación de una entidad de gestión de los derechos de autor de los periodistas, Julián Grimau. Defiende que "la única forma eficaz de conseguir la materialización concreta de los derechos de autor de los periodistas es a través de la creación de una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, de carácter independiente y autónomo de otras entidades ya existentes. Sólo el colectivo de los periodistas puede conocer y afrontar los retos a los que se enfrenta. (...) Por mi experiencia en el campo de la gestión colectiva de los derechos de autor, estoy convencido de que es posible pasar la frontera de las meras declaraciones de principios a la concreción práctica y económica del merecido reconocimiento de los derechos intelectuales de los periodistas". Julián Grimau es abogado y profesor de derecho civil y del master sobre propiedad intelectual de la Universidad Carlos III.

Si he de dar unas conclusiones, es algo para lo que creo que carezco de la suficiente inteligencia ni capacidad de análisis, todo sea dicho, y además no creo ser la persona adecuada para hacerlo. Pero sí daré mi opinión. La reforma legal que pretende la LES, por ejemplo reformando el articulado de la LPI, no protege a los periodistas, que también son creadores de contenidos. Sólo protege al 'lobby' del cine y de la música. Pero no a los músicos y cantantes, ni a la industria nacional del cine, como ellos mismos creen, sino a las grandes distribuidoras y estudios de los EEUU en el caso del cine y a las grandes productoras e intermediarios en el de la música. Lo mismo que busca ese oscuro objeto del deseo llamado ACTA.

Hace falta una nueva Ley de Prensa que proteja mejor la labor de los periodistas y su derecho a informar y a proteger las fuentes sin que tengamos que sufrir a jueces lumbreras que encausan a periodistas por hacer bien su trabajo, como ha sido en los casos de Antonio Rubio (El Mundo) y de Daniel Anido y Rodolfo Irago (Cadena SER). Y que se garanticen mejores condiciones laborales y de retribución de los periodistas. Ahora mismo, con el modelo vigente, las únicas que salen ganando con todo esto son las empresas editoriales, no los profesionales de la información. También salen perdiendo los ciudadanos, a los que en muchos casos se les está hurtando el derecho a la información, que es de ellos, no de los periodistas. Nuestro es, en cambio, el derecho y el deber de informar. Pero si las empresas arreglan sus cuentas de resultados reduciendo sus plantillas y contratando a gente sin experiencia por una miseria a cambio de dejar en la calle a veteranos de sobrada valía, toda la sociedad sale perdiendo. Eso da como resultado el que confundan a un militante de Izquierda Anticapitalista y ex de Ezker Batua con un presunto etarra.

En cuanto a la LES, no deberían reivindicar la eliminación de la Disposición Final Primera, ni de la LPI, ni del articulado del Poder Judicial para que estos delitos los juzgue la AN, NI periodistas, NI blogueros, NI empresarios. Sino abogados especializados en derecho de Internet y propiedad intelectual, como los citados Cremades y Grimau, Paloma Llaneza, David Bravo, Javier de la Cueva, Carlos Sánchez Almeida, Javier Maestre o David Maeztu, que bien poniendo una denuncia colectiva, o en un encuentro con representantes políticos, al ser entendidos en la materia, sí pueden desmontar el argumentario de la LES y de la DF1 y dejar, sobre todo a los representantes del Gobierno, en evidencia.

Esta semana algunos firmantes y elaboradores del #manifiesto, y entre ellos José Cervera, se han reunido con una delegación del PSOE encabezada por Leire Pajín, que El País, probablemente por indicación de las altas esferas, ha querido vender como secreta y clandestina. Nada que ver con la redacción de la misma noticia efectuada por Público. Mientras, Ion Antolín escribía para Cuarto Poder que el #manifiesto "sigue vivo". Pero parece que a tal reunión sólo han asistido blogueros, periodistas y pseudoperiodistas (Ignacio Escolar ejerce, pero mi información era que no tiene hecha la carrera). Sobre esto, no he encontrado nada mejor que este comentario en Twitter sobre ese artículo en Cuarto Poder: "Veo cierto corporativismo en el artículo. Da la impresión de q[ue] al final todo se cocina entre políticos y periodistas". Craso error pues, dado que los periodistas, salvo excepciones, no tenemos ni la más remota idea de Derecho, que es la materia afectada. Y si ni aún así han podido doblegar a alguien de un bagaje intelectual como el de Leire Pajín... Pues que le dejen la tarea a los abogados especializados que cito al inicio del párrafo. Como dice Enrique Castro: "¿Qué cojones hacen PERIODISTAS negociando DERECHOS CIVÍCOS, cuando deberían estar entre otros ABOGADOS y CIBERACTIVISTAS?" [como Exgae quizá]. Pues eso. Y lo peor es que algunos de los del #manifiesto tienen el ego muy subido.

Dicen y redicen que ellos no representan a nadie. Bien, pues que dejen de ir a esas reuniones y que busquen a alguien que realmente sepa de qué va el tema y que ADEMÁS pueda plantar batalla.
Al Gobierno le respalda la Abogacía del Estado y ha pasado por encima de la Comisión Nacional de la Competencia y del Consejo de Estado. Así pues, enviemos un batallón de abogados. Recuerdo que Bravo y De la Cueva han tenido a bien elaborar un escrito de denuncia contra el Estado Español, por el monopolio de las entidades de gestión, que cualquiera puede mandar a la Comisión Europea. Bravo también se ha dirigido por carta al CGPJ. Parece mejor y quizá más productivo que reunirse con alguien tan pánfilo como la secretaria de organización del PP$O€ (antes conocido como PSOE).

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