miércoles, abril 21, 2010

Déficits democráticos (III)

Ayer, en lugar de escribir, me fui a visitar la Casa Natal de Picasso, cuya área expositiva acoge las 25 cerámicas del artista pertenecientes a la colección privada de Pedro Serra, y posteriormente a la Fundación Picasso (ambos espacios en la Plaza de la Merced), donde por más de una hora recorrí la muestra "Dalí y las revistas". El artista de Figueras ha diseñado joyas, accesorios personales, botellas (muy bonitas por cierto)... Todo un personaje. Sitio web. Si se pasan por Málaga tienen hasta el 16 de mayo para verlo (entrada gratuita). Las cerámicas estarán en la Casa Natal algo más, hasta 2011 (entrada un euro), además de la muestra permanente. No confundir con el Museo Picasso, que está en el Palacio de Buenavista.

Tribunal Constitucional y Estatut: hoy Zapatero ha defendido la "legitimidad" de la actual composición del TC por la mañana y Blanco ha dicho después que ve "urgente" renovarlo después de decir lo contrario hace un par de días para responder a Montilla. Viva la coherencia.

En las dos entradas anteriores (ésta es la última de la serie) me he dedicado a exponer mis dudas sobre la legitimidad de los más altos tribunales españoles para la toma de decisiones, bien por el pasado de estas instituciones, por el de algunos de sus miembros o por el descrédito que ellos mismos se han ido labrando. De igual modo, hay legislación franquista vigente y sin visos de que vaya a ser derogada, como una licencia de 1963 que permite a Fenosa desecar kilómetro y medio del río Miño, o la Ley de Minas de 1973, que permite el expolio del agua de ríos y manantiales por parte de las empresas embotelladoras. Y, como recuerda el periodista Fernando Jáuregui en un reportaje de Radiocable.com sobre la persecución a los profesionales de la información en España, "los profesionales de este país estamos completamente desprotegidos y seguimos sometidos a la Ley Fraga". Y es que, en efecto, siguen vigentes algunos preceptos de la Ley de Prensa de 1966, y si bien en estos años de democracia constitucional ha habido un par de intentos de elaborar una nueva, han terminado en nada. El último lo propuso Izquierda Unida.

También existen dudas, o al menos yo las albergo, sobre el Concordato con la Santa Sede de 1979, que se llevaba elaborando desde tres años antes y cuya aprobación se retrasó para que se produjera tras la de la Constitución, y principalmente sobre la Ley de Amnistía de 1977, cuyo sentido original ha sido pervertido y empleado como "ley de punto final" para no juzgar a los responsables de cientos de miles de asesinatos.

IU e ICV han presentado una proposición de ley para debatir en el Congreso que la Ley de Amnistía se someta expresamente al derecho internacional y por tanto no sea aplicable a delitos de lesa humanidad. Es increíble que haya que llegar a estos extremos (límites), puesto que la diversa legislación internacional en materia de Derechos Humanos a la que se ha ido adhiriendo España con posterioridad consigna la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, como son claramente los que se cometieron durante y tras la Guerra Civil: fusilamientos sin juicio justo, encarcelamientos, juicios sumarísimos, torturas, separación de familias, de madres e hijos, robo de niños a sus familias legítimas para que fueran adoptados por otras afines al régimen, aspecto éste cuya investigación está en agua de borrajas, etc., etc., etc. Ver propuesta de IU-ICV ayer en El País y Público, y hoy en este segundo medio. Por desgracia nadie quiere tocar nada. Opina de ello Hugo Martínez Abarca en su blog. También David Martos escribe sobre la Ley de Amnistía en Periodismo Humano. Un destacado del artículo segundo de la misma nos ejemplifica que la ley que fue hecha en principio para perdonar a los encarcelados por delitos políticos también sirvió para exonerar a los responsables: "Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley".

Como explica bien Martos, que lleva a diario la sección tecnológica del programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, el pasado 24 de septiembre de 2009 España ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. El texto asegura que la práctica de esos delitos constituye "un crimen de lesa humanidad". Pero a la vez España NO ha ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, esto es, que ese tipo de delitos permanecen vigentes pese al paso de los años. Como indica: "El Gobierno español (el actual) reconoce que las desapariciones forzosas son crímenes terribles, pero no se une al tratado que asegura que los responsables sean juzgados a pesar de haber delinquido mucho tiempo atrás".

¿Que la Ley de Memoria Histórica prevé la posibilidad de buscar a los desaparecidos en las fosas? Pues no, porque esa ley no ha previsto los mecanismos oportunos y, como ya se ha referido aquí con anterioridad, esos procedimientos están siendo archivados en masa por los juzgados locales a los que Baltasar Garzón desvió la causa.

Junto a miembros de la Judicatura u órganos de la Judicatura misma, como la Audiencia Nacional (heredera directa del TOP) y un buen número de normas y leyes, sigue habiendo una institución, por encima de todas las demás, que, aunque muchos lo quieran olvidar, es heredera directa del franquismo (su representante fue designado por el dictador), y que tiene aura de intocable por los medios. Tanto la institución como este asunto son terreno vedado.

I. La Judicatura (ver).

II. La Jefatura del Estado.

Así es. El rey de España Juan Carlos I, fue designado sucesor a la Jefatura del Estado a propuesta y designio del dictador Francisco Franco, a partir de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, modificada en algunos de sus aspectos por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967. Publicado también en BOE de 23 de julio de 1969 (ver fuente). La ley para la reforma política aprobada en 1976 también incluía la figura del rey como jefe de estado del futuro régimen democrático. Con posterioridad, también se incluyó su condición en el articulado de la Carta Magna. Los españoles que entonces pudieron votar validaron el cargo dos veces mediante referéndum. Dado que ambas reformas se votaron en bloque, es lícito pensar que los españoles decidieron votar a favor (aunque no hubieran estado de acuerdo con la figura del rey) para evitar una vuelta al pasado. Y como un rey no se tiene que someter a las urnas para la reelección, pues ahí sigue.

La discusión sobre muchos aspectos del ejercicio de la representatividad institucional que ejerce el rey es un tema comúnmente vetado a la opinión pública. Sabemos que la asignación presupuestaria se ha congelado en los 9 millones de euros para el presente año, pero no se facilita el desglose de las partidas incluidas en esos nueve millones, es decir, cómo se distribuye ese gasto. ERC o IU-ICV han solicitado en diversas ocasiones transparencia en las cuentas del rey y de la Casa Real. ERC ha llevado a Estrasburgo la negativa de la Mesa del Congreso de los Diputados (avalada por una sentencia posterior del Tribunal Constitucional) a tramitar preguntas e iniciativas parlamentarias sobre el rey. Hace unos días IU denunciaba que el rey aún no ha condenado el régimen de Franco.

La censura mediática sobre la figura del rey y la institución monárquica también ha sido una constante. El último episodio de este tipo parece haberse vivido en la televisión autonómica catalana, donde ha sido suspendida la emisión de un documental titulado "¿Monarquía o República?", elaborado por Montserrat Armengou y Ricard Belis, premiados por anteriores trabajos. El comité profesional de TV3 aduce tras el visionado de las dos versiones presentadas que "tiene un enfoque muy personal, basado en declaraciones y contradeclaraciones poco contextualizadas en general, y a veces poco fundamentadas", que el motivo para la suspensión es "la cadena de errores" que incluye o que no respondía a la pregunta planteada en el título, pensada para generar debate, sino que se centraba en exceso en la persona del rey, atacaba su figura y trataba asuntos de su vida privada sin el suficiente rigor.

Fuentes:

Sobre la represión franquista hacia las mujeres:

En Diagonal, "De madres, monjas, putas y ‘machorras’" y artículos relacionados, "La cruzada nacional sobre el cuerpo de las mujeres" y "Carlota O’Neill, testimonio de la represión franquista".

Sobre las cuentas de la Casa Real:

El Mundo: El sueldo de la Casa Real para 2010, congelado en 8,9 millones de euros.

Público: La Casa del Rey sigue gastando sin control público. El Gobierno no prevé incluir las cuentas reales en la ley de acceso a datos oficiales.

IU-ICV pide que las donaciones y herencias a la Casa Real vayan al Estado.

Sobre el documental "¿Monarquía o República?":

Opinión de Vicenç Navarro en Público, "La censura política en los medios": "La gran mayoría de los medios de información ofrecían, y continúan ofreciendo, un blindaje mediático al rey y a la monarquía, frente a cualquier tipo de crítica. En realidad, tales medios promocionaban al rey y a la monarquía en una campaña propagandística, presentando a la monarquía como un elemento de estabilidad, la manera cortesana de definir el orden profundamente conservador heredado del régimen dictatorial anterior. En tal propaganda, el rey se presentaba como un demócrata camuflado durante la dictadura, que nos había traído la democracia. Criticar al rey se veía como criticar la Transición y el establecimiento de la democracia.
Es fácilmente demostrable que esta imagen del monarca es profundamente falsa. El rey era un producto del régimen anterior y su comportamiento durante la dictadura y en la Transición así lo demostró. Su supuesta vocación democrática quedó falseada en las primeras propuestas que el primer Gobierno monárquico hizo para establecer la democracia. Tanto en las reglas del proceso democrático, como en la limitación en las ofertas políticas al electorado, las propuestas del rey eran escasamente democráticas"
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Salvador López Arnal para Rebelión y Tercera Información: "La alargada sombra de la Casa Real borbónica y de los poderes fácticos afines y la falta de coraje y resistencia de la dirección general de la televisión pública catalana".

Josep-Maria Terricabras en El Periódico: "Un gran déficit democrático": "Una democracia que viene de un pasado dictatorial y que no está dispuesta a deshacerse de el, a distanciarse, no puede ser buena, porque está atada por la dictadura. Así es como también interpreto que TV-3 haya "aplazado" la emisión del programa Monarquia o República?, preparado por profesionales tan prestigiosos como Montserrat Armengou y Ricard Belis".

Público: El comité de TV3 no ve censura en el reportaje del rey. El órgano profesional dice que los "errores" del documental no permitían su emisión.

El País: '¿Monarquía o república?', un documental polémico en TV-3.

La Vanguardia (extracto): El comité de TV3 no ve censura y sí errores en el documental de la monarquía. Y TV3 retira el documental ´¿Monarquia o República?´. La cadena pública sostiene que quiere cambiar el enfoque.

Libertad Digital: Misteriosa suspensión en TV3 de un reportaje sobre monarquía y república.

e-notícies: Tardà insta a TV3 a emitir '¿Monarquía o República?'

LaRepública.es: TV3 censura finalmente el documental "Monarquía o República?"

Entre los testimonios monárquicos recogidos para el documental aparecen el periodista Luis María Anson ("entre los países más libres del mundo, socialmente más justos, económicamente más desarrollados, culturalmente más progresistas, están las monarquías parlamentarias", dice), el europarlamentario del PP Aleix Vidal-Quadras ("las dos experiencias republicanas en España nos deberían haber vacunado contra tentaciones de este tipo", declara), el conde de Sert o Jaime Peñafiel. Entre los proclives a la república destaca el diputado del PNV Iñaki Anasagasti ("bajo ningún concepto se debería aceptar que Felipe de Borbón sea el nuevo jefe de Estado", afirma), Antonio Romero, coordinador de la Red de Municipios por la Tercera República ("un Estado no se puede heredar como un cortijo") y el diputado de ERC Joan Tardà ("si eres independentista no puedes ser monárquico; necesariamente has de ser republicano").

Postdata: acaba de morir Juan Antonio Samaranch. No hay que olvidar (ver biografía) su reconocido y acreditado pasado franquista. Extraído de Público: "Su pasado franquista queda resumido en la frase que pronunció tras la muerte del dictador. 'El mandato de Francisco Franco ha significado la era de prosperidad y paz más larga que ha conocido nuestro pais desde hace muchos siglos'. Escuchar versión completa en audio de lo que dijo como presidente de la Diputación de Barcelona. Y la publicación de una foto con el saludo falangista el 18 de julio de 1974 motivó el pasado verano una campaña desde Cataluña para forzar su dimisión como presidente honorífico del COI: 'Nunca se ha retractado', afirmaban sus detractores".

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