Déficits democráticos (I)
"A los españoles les gusta renegar de su país y de sus instituciones, pero no permiten que lo hagan los extranjeros". Atribuida a Napoleón Bonaparte.
Dicho y hecho, voy a dedicar las dos siguientes entradas a renegar de mis instituciones. Esas para las que el gobierno pide respeto a la vez que invoca el ejercicio de la libertad de expresión, en una asombrosa navegación a dos aguas.
I. La Judicatura.
La Audiencia Nacional es un tribunal heredero directo del Tribunal de Orden Público de la Dictadura. Por supuesto la mayoría de los redactores del texto de la Constitución eran políticos procedentes del franquismo, y los que había de izquierdas rebajaron sus pretensiones. También hay en el Tribunal Supremo jueces que lo llevan siendo desde entonces. No se puede reivindicar respeto hacia éste tribunal por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque los miembros del CGPJ no son independientes, son nombrados en base a cuotas acordadas por los partidos políticos, esto es, no existe separación entre poderes. El Consejo General del Poder Judicial está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por un período de cinco años, no renovable, por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el Ministro de Justicia, previa propuesta formulada por el Congreso de los Diputados o el Senado. Tampoco puede reclamar respeto el Tribunal Constitucional, que acaba de fracasar en la votación sobre el quinto intento de borrador para la validez del Estatuto de Cataluña. El Tribunal Constitucional está integrado por 12 miembros, que son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, a propuesta: cuatro, por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado; dos, por el Gobierno, y dos, por el CGPJ. Una vez más, como vemos, sin independencia con respecto al poder político. Además está deslegitimado porque cuatro de sus miembros tienen su mandato caducado desde 2007 y porque la plaza del fallecido Roberto García Calvo no ha sido cubierta. En el debate sobre el Estatuto de Cataluña, uno de sus miembros no participa al estar recusado por el Partido Popular, impulsor del recurso de inconstitucionalidad. Gobierno y oposición no se han puesto de acuerdo en la renovación del tribunal, que está bloqueada.
En cuanto a los procesos abiertos contra el juez Baltasar Garzón, tiene abiertos tres ante el Supremo. Uno por la dudosa legalidad de unas escuchas practicadas en prisión a letrados y acusados de la trama Gürtel, otro por archivar una causa contra el presidente del Banco Santander pocos meses después de participar en unos cursos financiados por esta entidad y el tercero por el proceso de investigación de los crímenes del franquismo, siendo este último el que ha motivado una mayor respuesta ciudadana, porque se dice que en realidad se le está persiguiendo por querer investigar estos hechos, y que existe el serio riesgo de que estos crímenes queden finalmente, o al menos una vez más, impunes. Y no se trata solo de fusilamientos y juicios sumarísimos durante la Guerra Civil, sino de toda la represión posterior en las cárceles o de un hecho que suele pasar inadvertido, como es el de los niños que fueron arrebatados a sus padres de ideología republicana y entregados a familias afines al régimen. En Argentina y Chile esta circunstancia se está investigando sobre sus dictaduras, mientras que aquí no. El gobierno socialista se escuda en el cumplimiento de la llamada Ley de Memoria Histórica, pero esta legislación es insuficiente cuando no inútil, porque los juzgados están archivando las causas que les fueron remitidas por el juez Garzón en su momento. Es decir, en este tercer proceso contra el juez, que es el primero que se abrió, nos encontramos con algo más que la simple defensa de la labor del magistrado: con la posible impunidad de los crímenes de la dictadura. El gobierno esgrime también dicha ley para restar legitimidad y posibilidades a las dos denuncias presentadas en Argentina por descendientes de víctimas de la dictadura, presentadas allí ante la inoperancia y complicidad de la justicia española. La Ley de Memoria Histórica "no es sino un bodrio que impide una reparación efectiva ante los tribunales, más allá de los diplomas de buena conducta, y que exime al Estado de su obligación de asumir las exhumaciones de quienes fueron arrojados sin vida a las cunetas" (1).
De igual modo, mientras en otros países se han revocado las diversas leyes de punto final, como en Argentina, y en Alemania se suprimió la legislación perteneciente a la época nazi, en España hay mucha legislación franquista o preconstitucional vigente y sin visos de que vaya a ser anulada. Tenemos la Ley de Amnistía de 1977, que se esgrime para argumentar la mala praxis del juez Garzón, y que sin embargo en 2008 la ONU recomendó a España que la suprimiera y que es sorprendente que se alegue aun en casos de lesa humanidad como los que nos ocupan. Además siguen vigentes leyes y normas franquistas como una licencia de 1963 que permite a Fenosa estrangular el río Miño, o la Ley de Minas de 1973, que permite el expolio del agua por parte de las empresas embotelladoras. La Ley de Amnistía tuvo una función y ahora parece que se le está queriendo dar otra, y la Transición no aparenta ahora que fuese ni mucho menos modélica ("En España hubo una transición democrática que es el orgullo de todos, y una ley de amnistía que también fue tema de orgullo para muchos", dicho por Dolores de Cospedal, secretaria general del PP).
Y no conviene olvidar el Concordato con la Santa Sede, firmado el 3 de enero de 1979, pero que ya estaba listo con anterioridad, que se aprueba después que la Constitución para darle mayor apariencia de legalidad, y que consagra una preferencia por la religión católica que precisamente contraviene lo dicho en la Carta Magna (ver "Concordato ¿para qué?" de Dionisio Llamazares en 2007, o "Luz y tinieblas del Concordato de España con la Santa Sede", firmado por Santiago Castellà, lo que he encontrado en una búsqueda rápida). El Gobierno dice tener ya ultimado el anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa y espera a que haya un "momento oportuno" para poder aprobarlo y remitirlo al Congreso, previsiblemente antes del verano.
Fuentes, declaraciones y referencias:
Sobre los procesos abiertos a Baltasar Garzón:
El País en su portada de este lunes: Al entorno del juez Garzón llegan mensajes de que, si se va de la Audiencia Nacional, se archivarían las tres causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo. Sin embargo, él no se cree la supuesta oferta y, además, en estas circunstancias, con la sospecha de la prevaricación sobre su honor, asegura: "Ahora y así, no me puedo ir". Mientras, los tres frentes contra él siguen adelante y el Consejo del Poder Judicial debate el jueves si le suspende en sus funciones de juez.
Pues suena mitad a amenaza, mitad a "tengo una oferta que no podrá rechazar". Mientras, Público habla de la Ley de Amnistía y dice que la ONU reprende a España por no investigar el franquismo. Pero ya sabemos para lo que sirven las palabras de la ONU: papel mojado.
Entrevista al ministro de Justicia en Público. Declara: "A Garzón no se le cuestiona por investigar crímenes del franquismo, sino por presunta prevaricación", "Estoy convencido de que el Supremo dictará una buena sentencia sobre Garzón", "Los españoles hemos hecho los deberes en nuestra Transición de manera satisfactoria", "Espero que el TC aproveche el trabajo realizado sobre el Estatut y que pronto existan los consensos suficientes".
"La invisibilidad de las víctimas", por Juan Diego Botto (hijo de desaparecido por la dictadura argentina) para El País: "La transición nació fruto del siguiente pacto: Estado de derecho sí, pero vamos a hacer un aparte con este genocidio y estos crímenes de lesa humanidad para que sea posible avanzar. Y así se desarrolla nuestra democracia, manteniendo en los aparatos del Estado a quienes habían administrado la dictadura".
"Nadie está por encima de la ley", Ramón Cotarelo para Público: "muchísimos españoles no entienden que pueda decirse progresista un magistrado (Varela) que hace una interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 contraria a la equidad y a los pactos internacionales de derechos humanos que España ha suscrito".
"Garzón y el Santander", por Carlos Jiménez Villarejo para Público. Ver vídeo de su alocución completa en la Universidad Complutense.
"¡Qué apropiada su querella, amigo fascista!", por José María Izquierdo para El País.
"Imaginación creativa" o delito permanente de derecho internacional. La Justicia europea ha restringido leyes de amnistía sobre crímenes universales.
Las víctimas del franquismo avisan: si inhabilitan a Garzón irán a Estrasburgo.
En La Trinchera Digital de Manuel Rico, "Lo llaman Justicia, pero no lo es".
"Es la impunidad, estúpidos", por el diputado del PSOE Manuel de la Rocha para Público.
"El ejército exterminador de jueces-estrella", por Jesús Maraña en Buzón de Voz.
Dos asociaciones de memoria histórica acusan a los jueces Varela y Saavedra de prevaricación.
El Poder Judicial duda si el auto de Varela implica apartar a Garzón.
Baltasar Garzón critica al Tribunal Supremo por haber permitido su persecución por "motivos ideológicos" en el proceso que tramita contra él el magistrado Luciano Varela por haber investigado los crímenes del franquismo. Así consta en el recurso presentado por su abogado.
Garzón justifica con cartas a Zapatero y Rato las enviadas a Botín. Garzón confirma ante el juez que no percibió "ni un centavo" del patrocinio del Santander.
El Supremo confirma la apertura de un tercer proceso contra Garzón por las escuchas de la 'trama Gürtel'. El Supremo confirma que hay que investigar a Garzón por escuchas ilegales (El tribunal del TSJM valida el resto de las escuchas).
Los ataques del Partido Popular y los medios afines:
"Esa gentuza guerracivilista", "Al suelo, que bombardean" y "Cuántas y cuántas checas" en el blog de José María Izquierdo para El País.
"¡Que vuelven los rojos"!, "Arde el ultramonte" y "Tercer día de ira azul", accesibles en el blog La trama mediática, de Javier Vizcaíno para Público.
"Víctimas", de Salomé García en Público, sobre el ataque del PP a Gaspar Zarrías, hijo y nieto de represaliados.
Un miembro del PP de Madrid afín a Esperanza Aguirre carga contra dos destacados miembros de su partido por defender a Garzón y a José Bono. Uno es Nacho Uriarte y otro es el parlamentario vasco Iñaki Oyarzabal.
"Caza de brujas", José Miguel Monzón para Público.
Garzón protagonista de la nueva ofensiva parlamentaria del PP. Los populares entienden que el ejecutivo ejerce presiones intolerables contra el Tribunal Supremo en la causa contra el magistrado de la Audiencia Nacional.
"El franquismo está más vivo que nunca" (por desgracia), Félix Población para Público.
La insoportable, prepotente y alargada presencia del (neo) fascismo español, por Salvador López Arnal para Kaos en la Red.
Sobre la defensa hacia el juez Garzón y sus motivaciones:
"Apuntes sobre 'el apoyo a Garzón" y "Sensación de colapso" en Quien Mucho Abarca.
"Seamos prácticos", por Antonio Orejudo para Público.
"Presuntamente", por Ángeles Caso para Público.
Sobre el TC y el Estatut:
El País en su portada de este lunes: El bloque progresista del Tribunal Constitucional ahonda su crisis/ Manuel Aragón y sus compañeros se acusan de traición sobre el Estatuto/ "Es falso que reclamara una nueva exigencia", afirma el magistrado en una carta al director del periódico.
El bloque progresista intentó salvar la financiación fijada en el Estatuto. La ponencia consideraba constitucional el "deber" de conocer el catalán.
Montilla estudia pedir la recusación de los magistrados con mandato caducado.
CDC celebra que Montilla se abra a recusar a los magistrados del TC.
Montilla consigue hablar con Rajoy y culpa a Trillo del "deterioro" del TC.
Montilla culpa al PP del bloqueo del Estatut en el Constitucional.
Rajoy habla con Montilla y le dice que el culpable de la interinidad del TC es Zapatero.
Rajoy dice que renovar el Constitucional ahora supondría "dañar el crédito" de la institución" para siempre" y "liquidar su futuro". Acusa a miembros del Gobierno y medios de comunicación de presionar al Supremo.
PP y PSOE enfrían la posibilidad de renovar a corto plazo el Constitucional.
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha acusado al PSOE de "paralizar" la renovación del TC en el Senado y recomienda al presidente de la Generalitat que "se lo diga a su amigo Zapatero".
El Tribunal Constitucional agrava la herida de su desprestigio. Siete de sus once magistrados tendrán su mandato caducado a finales de este año. La 'fuga' de un progresista frustra la sentencia del Estatut.
Sobre las deliberaciones del TC:
El catalán no es lengua "preferente" y no se puede obligar a conocerlo. El proyecto decaído reinterpretaba los principales preceptos sobre el idioma. El Constitucional fracasa en su quinto proyecto de sentencia del Estatuto. El magistrado Aragón exigió meter "la indisoluble unidad de la Nación española". Los artículos considerados inconstitucionales. Editorial de El País: Otro Constitucional.
Antes de saberse que se rechazaría la quinta propuesta de texto, De la Vega pedía "serenidad" a Joan Ridao (ERC), que arremetió contra la "politización" del Constitucional al que califica de Tribunal "caducado".
Curiosa defensa que José Bono hace de la labor del TC en una entrevista para El Mundo:
Y sobre todo, llamo la atención sobre su última frase destacada: "¿Un proceso al franquismo en Argentina? Locos hay en todas partes". Muy razonada la crítica a las dos denuncias presentadas en Argentina por los crímenes del franquismo, sí señor.
Sobre las fosas y las denuncias en Argentina:
Las víctimas del genocidio. Denuncia en Argentina. Darío Rivas e Inés García esperan que una jueza de Buenos Aires releve a Garzón.
Los juzgados no investigan los crímenes de Franco. El 60% de los magistrados que recibieron partes de la causa de Garzón ya ha dado carpetazo a su caso sin instruir y sin haber citado a los familiares de las víctimas.
El Supremo dirá quién debe abrir las fosas cuando haya sentencia sobre Garzón.
La 'doctrina Varela' se usa ya como jurisprudencia. Los autos del juez del TS sirven para justificar archivos de casos de memoria.
Darío Rivas, hijo de fusilado: "En España no tienen democracia. Siguen valiendo las leyes aprobadas por Francisco Franco, e incluso tienen una monarquía que no eligen".
Inés García Hidalgo, familiar de fusilado: "España está en la Edad Media, los jueces españoles (salvo muy pocas excepciones) son franquistas, con la Transición continuaron en sus puestos y siguen la misma línea".
"Castro de Rei y las dos Españas" en Quien Mucho Abarca.
El Gobierno no ve factible la vía argentina contra el franquismo. Fernández de la Vega subraya la calidad y solidez del Estado de derecho en España y recuerda que existe la Ley de la Memoria Histórica.
Las víctimas de Franco apelan a la justicia argentina. Los denunciantes pedirán la declaración de los franquistas vivos. La querella califica los crímenes de genocidio.
El acto de presentación de la anunciada querella por crímenes franquistas que tuvo lugar ante la Cámara Federal de Buenos Aires se convirtió en una muestra de apoyo y solidaridad con el juez Baltasar Garzón.
El abogado argentino Beinusz Smukler, en entrevista: "Sería incomprensible apartar de la judicatura a Garzón".
Sobre la vigencia de legislación preconstitucional:
Fenosa deseca kilómetro y medio del Miño amparándose en una concesión franquista.
"No quieren más presas. Los ecologistas culpan a las presas de Fenosa de vaciar el río Miño", en La Sexta Noticias. La hidroeléctrica ha cerrado las compuertas sin respetar el caudal mínimo ecológico del curso del río y aunque cumple las leyes de hace medio siglo, a la vez incumple las de patrimonio.
La asociación 'Ríos con Vida' presentó una denuncia el viernes pasado ante el Seprona. AEMS - Ríos con Vida, página web.
Una ley del franquismo permite el expolio del agua por parte de las embotelladoras.
Alianza Popular sostuvo que la amnistía de 1977 no era "buena medicina" frente a "los ataques a la democracia". Y es que en origen estaba pensada para liberar a todos aquellos opositores a la dictadura que aún quedaban en las cárceles.
"La Ley de Amnistía no es una barrera para el enjuiciamiento de los crímenes ni un impedimento para su investigación y enjuiciamiento sino, simplemente, una fórmula por la cual los culpables no tendrían que ir a la cárcel", en "Con o sin amnistía, al banquillo", por el abogado Gonzalo Boye Tuset para Público.
"La Ley de Amnistía, un fruto especialmente amargo y duradero del 'consenso' de la Transición", Jaime Pastor en Nodo 50, originalmente para Viento Sur.
Salvador Milà (ICV), "Pervivencia del franquismo judicial", en El País: "se trata de acallar la acción judicial al amparo de una -cuando menos- sesgada interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 como "ley de punto final" que ampare el olvido de las víctimas, evite la localización de sus cuerpos y la reparación de su honor y memoria familiar, a la par que esquiva el juicio de responsabilidad moral de sus asesinos e inductores".
(1): "¿Dos Españas? Una y cabreada, si acaso", Juan Carlos Escudier en El Confidencial.
La ONU aconsejó en 2008 a España la derogación de la Ley de Amnistía.
Sobre la legitimidad de la Audiencia Nacional, el Supremo o el Constitucional:
"Los responsables del Poder Judicial piden respeto. La legitimidad democrática exige respetar las decisiones judiciales. Pero si una institución desea ser respetada, debe observar un comportamiento respetable", por Luis García Montero en "El respeto y la Justicia" para Público.
Salvador López Arnal para Rebelión: "Crímenes del fascismo y torturas fascistas".
"Un tribunal deslegitimado", del director de Público, Jesús Maraña en Buzón de Voz. Leer también "De la Ley de Amnistía al Estatut" y "El Poder Judicial está triste; ¡qué triste!".
"La Justicia y los muertos" y "La ley del embudo", por Ignacio Escolar.
"Despejando dudas", José Miguel Monzón en Público.
"Rueda de prensa en el Supremo", por Juan Carlos Escudier para Público.
"Jueces, ¡qué empacho!", por José María Izquierdo para El País.
La Audiencia Nacional, un tribunal político y especial. La AN se crea mediante Real Decreto-Ley el 4 de enero de 1977, el mismo día que se suprimía el Tribunal de Orden público (TOP) de la Dictadura, del que resultaba heredera en materia de represión política.
"La Audiencia Nacional como problema", Pablo Salvador Coderch para El País: "No es Garzón, sino la Audiencia, créanme: el problema es la Audiencia Nacional. Hay que cerrarla de una vez y dejar en paz a este juez, metonimia patética de un órgano absolutamente anómalo en nuestro sistema judicial".
Otros textos:
"Es a la democracia a quien pedimos cuentas", "Gente que ya estaba antes de 1975" y "Une los puntos y te asustarás", en Trabajar Cansa, blog de Issac Rosa para Público.
"Resumiendo" por Elvira Lindo para El País. En respuesta a dicho texto, en Diseccionando a El País, "Resumiendo: deroguen la Ley de Amnistía": "Salta a la vista que tanto para El País como para el PSOE, lo que más inquieta de 'este desgraciado asunto' es que pueda abrirse un debate serio sobre las concesiones de la actual democracia a la dictadura franquista, cuyo principal exponente sigue siendo la aún vigente Ley de Amnistía (...) Que más de 30 años después no se haya derogado una ley preconstitucional -y no reconocida ni tan siquiera por la ONU, a la que siguen aferrándose los jueces para que no se dude de sus insistentes resoluciones... [...]".
Dicho y hecho, voy a dedicar las dos siguientes entradas a renegar de mis instituciones. Esas para las que el gobierno pide respeto a la vez que invoca el ejercicio de la libertad de expresión, en una asombrosa navegación a dos aguas.
I. La Judicatura.
La Audiencia Nacional es un tribunal heredero directo del Tribunal de Orden Público de la Dictadura. Por supuesto la mayoría de los redactores del texto de la Constitución eran políticos procedentes del franquismo, y los que había de izquierdas rebajaron sus pretensiones. También hay en el Tribunal Supremo jueces que lo llevan siendo desde entonces. No se puede reivindicar respeto hacia éste tribunal por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque los miembros del CGPJ no son independientes, son nombrados en base a cuotas acordadas por los partidos políticos, esto es, no existe separación entre poderes. El Consejo General del Poder Judicial está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por un período de cinco años, no renovable, por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el Ministro de Justicia, previa propuesta formulada por el Congreso de los Diputados o el Senado. Tampoco puede reclamar respeto el Tribunal Constitucional, que acaba de fracasar en la votación sobre el quinto intento de borrador para la validez del Estatuto de Cataluña. El Tribunal Constitucional está integrado por 12 miembros, que son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, a propuesta: cuatro, por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado; dos, por el Gobierno, y dos, por el CGPJ. Una vez más, como vemos, sin independencia con respecto al poder político. Además está deslegitimado porque cuatro de sus miembros tienen su mandato caducado desde 2007 y porque la plaza del fallecido Roberto García Calvo no ha sido cubierta. En el debate sobre el Estatuto de Cataluña, uno de sus miembros no participa al estar recusado por el Partido Popular, impulsor del recurso de inconstitucionalidad. Gobierno y oposición no se han puesto de acuerdo en la renovación del tribunal, que está bloqueada.
En cuanto a los procesos abiertos contra el juez Baltasar Garzón, tiene abiertos tres ante el Supremo. Uno por la dudosa legalidad de unas escuchas practicadas en prisión a letrados y acusados de la trama Gürtel, otro por archivar una causa contra el presidente del Banco Santander pocos meses después de participar en unos cursos financiados por esta entidad y el tercero por el proceso de investigación de los crímenes del franquismo, siendo este último el que ha motivado una mayor respuesta ciudadana, porque se dice que en realidad se le está persiguiendo por querer investigar estos hechos, y que existe el serio riesgo de que estos crímenes queden finalmente, o al menos una vez más, impunes. Y no se trata solo de fusilamientos y juicios sumarísimos durante la Guerra Civil, sino de toda la represión posterior en las cárceles o de un hecho que suele pasar inadvertido, como es el de los niños que fueron arrebatados a sus padres de ideología republicana y entregados a familias afines al régimen. En Argentina y Chile esta circunstancia se está investigando sobre sus dictaduras, mientras que aquí no. El gobierno socialista se escuda en el cumplimiento de la llamada Ley de Memoria Histórica, pero esta legislación es insuficiente cuando no inútil, porque los juzgados están archivando las causas que les fueron remitidas por el juez Garzón en su momento. Es decir, en este tercer proceso contra el juez, que es el primero que se abrió, nos encontramos con algo más que la simple defensa de la labor del magistrado: con la posible impunidad de los crímenes de la dictadura. El gobierno esgrime también dicha ley para restar legitimidad y posibilidades a las dos denuncias presentadas en Argentina por descendientes de víctimas de la dictadura, presentadas allí ante la inoperancia y complicidad de la justicia española. La Ley de Memoria Histórica "no es sino un bodrio que impide una reparación efectiva ante los tribunales, más allá de los diplomas de buena conducta, y que exime al Estado de su obligación de asumir las exhumaciones de quienes fueron arrojados sin vida a las cunetas" (1).
De igual modo, mientras en otros países se han revocado las diversas leyes de punto final, como en Argentina, y en Alemania se suprimió la legislación perteneciente a la época nazi, en España hay mucha legislación franquista o preconstitucional vigente y sin visos de que vaya a ser anulada. Tenemos la Ley de Amnistía de 1977, que se esgrime para argumentar la mala praxis del juez Garzón, y que sin embargo en 2008 la ONU recomendó a España que la suprimiera y que es sorprendente que se alegue aun en casos de lesa humanidad como los que nos ocupan. Además siguen vigentes leyes y normas franquistas como una licencia de 1963 que permite a Fenosa estrangular el río Miño, o la Ley de Minas de 1973, que permite el expolio del agua por parte de las empresas embotelladoras. La Ley de Amnistía tuvo una función y ahora parece que se le está queriendo dar otra, y la Transición no aparenta ahora que fuese ni mucho menos modélica ("En España hubo una transición democrática que es el orgullo de todos, y una ley de amnistía que también fue tema de orgullo para muchos", dicho por Dolores de Cospedal, secretaria general del PP).
Y no conviene olvidar el Concordato con la Santa Sede, firmado el 3 de enero de 1979, pero que ya estaba listo con anterioridad, que se aprueba después que la Constitución para darle mayor apariencia de legalidad, y que consagra una preferencia por la religión católica que precisamente contraviene lo dicho en la Carta Magna (ver "Concordato ¿para qué?" de Dionisio Llamazares en 2007, o "Luz y tinieblas del Concordato de España con la Santa Sede", firmado por Santiago Castellà, lo que he encontrado en una búsqueda rápida). El Gobierno dice tener ya ultimado el anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa y espera a que haya un "momento oportuno" para poder aprobarlo y remitirlo al Congreso, previsiblemente antes del verano.
Fuentes, declaraciones y referencias:
Sobre los procesos abiertos a Baltasar Garzón:
El País en su portada de este lunes: Al entorno del juez Garzón llegan mensajes de que, si se va de la Audiencia Nacional, se archivarían las tres causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo. Sin embargo, él no se cree la supuesta oferta y, además, en estas circunstancias, con la sospecha de la prevaricación sobre su honor, asegura: "Ahora y así, no me puedo ir". Mientras, los tres frentes contra él siguen adelante y el Consejo del Poder Judicial debate el jueves si le suspende en sus funciones de juez.
Pues suena mitad a amenaza, mitad a "tengo una oferta que no podrá rechazar". Mientras, Público habla de la Ley de Amnistía y dice que la ONU reprende a España por no investigar el franquismo. Pero ya sabemos para lo que sirven las palabras de la ONU: papel mojado.
Entrevista al ministro de Justicia en Público. Declara: "A Garzón no se le cuestiona por investigar crímenes del franquismo, sino por presunta prevaricación", "Estoy convencido de que el Supremo dictará una buena sentencia sobre Garzón", "Los españoles hemos hecho los deberes en nuestra Transición de manera satisfactoria", "Espero que el TC aproveche el trabajo realizado sobre el Estatut y que pronto existan los consensos suficientes".
"La invisibilidad de las víctimas", por Juan Diego Botto (hijo de desaparecido por la dictadura argentina) para El País: "La transición nació fruto del siguiente pacto: Estado de derecho sí, pero vamos a hacer un aparte con este genocidio y estos crímenes de lesa humanidad para que sea posible avanzar. Y así se desarrolla nuestra democracia, manteniendo en los aparatos del Estado a quienes habían administrado la dictadura".
"Nadie está por encima de la ley", Ramón Cotarelo para Público: "muchísimos españoles no entienden que pueda decirse progresista un magistrado (Varela) que hace una interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 contraria a la equidad y a los pactos internacionales de derechos humanos que España ha suscrito".
"Garzón y el Santander", por Carlos Jiménez Villarejo para Público. Ver vídeo de su alocución completa en la Universidad Complutense.
"¡Qué apropiada su querella, amigo fascista!", por José María Izquierdo para El País.
"Imaginación creativa" o delito permanente de derecho internacional. La Justicia europea ha restringido leyes de amnistía sobre crímenes universales.
Las víctimas del franquismo avisan: si inhabilitan a Garzón irán a Estrasburgo.
En La Trinchera Digital de Manuel Rico, "Lo llaman Justicia, pero no lo es".
"Es la impunidad, estúpidos", por el diputado del PSOE Manuel de la Rocha para Público.
"El ejército exterminador de jueces-estrella", por Jesús Maraña en Buzón de Voz.
Dos asociaciones de memoria histórica acusan a los jueces Varela y Saavedra de prevaricación.
El Poder Judicial duda si el auto de Varela implica apartar a Garzón.
Baltasar Garzón critica al Tribunal Supremo por haber permitido su persecución por "motivos ideológicos" en el proceso que tramita contra él el magistrado Luciano Varela por haber investigado los crímenes del franquismo. Así consta en el recurso presentado por su abogado.
Garzón justifica con cartas a Zapatero y Rato las enviadas a Botín. Garzón confirma ante el juez que no percibió "ni un centavo" del patrocinio del Santander.
El Supremo confirma la apertura de un tercer proceso contra Garzón por las escuchas de la 'trama Gürtel'. El Supremo confirma que hay que investigar a Garzón por escuchas ilegales (El tribunal del TSJM valida el resto de las escuchas).
Los ataques del Partido Popular y los medios afines:
"Esa gentuza guerracivilista", "Al suelo, que bombardean" y "Cuántas y cuántas checas" en el blog de José María Izquierdo para El País.
"¡Que vuelven los rojos"!, "Arde el ultramonte" y "Tercer día de ira azul", accesibles en el blog La trama mediática, de Javier Vizcaíno para Público.
"Víctimas", de Salomé García en Público, sobre el ataque del PP a Gaspar Zarrías, hijo y nieto de represaliados.
Un miembro del PP de Madrid afín a Esperanza Aguirre carga contra dos destacados miembros de su partido por defender a Garzón y a José Bono. Uno es Nacho Uriarte y otro es el parlamentario vasco Iñaki Oyarzabal.
"Caza de brujas", José Miguel Monzón para Público.
Garzón protagonista de la nueva ofensiva parlamentaria del PP. Los populares entienden que el ejecutivo ejerce presiones intolerables contra el Tribunal Supremo en la causa contra el magistrado de la Audiencia Nacional.
"El franquismo está más vivo que nunca" (por desgracia), Félix Población para Público.
La insoportable, prepotente y alargada presencia del (neo) fascismo español, por Salvador López Arnal para Kaos en la Red.
Sobre la defensa hacia el juez Garzón y sus motivaciones:
"Apuntes sobre 'el apoyo a Garzón" y "Sensación de colapso" en Quien Mucho Abarca.
"Seamos prácticos", por Antonio Orejudo para Público.
"Presuntamente", por Ángeles Caso para Público.
Sobre el TC y el Estatut:
El País en su portada de este lunes: El bloque progresista del Tribunal Constitucional ahonda su crisis/ Manuel Aragón y sus compañeros se acusan de traición sobre el Estatuto/ "Es falso que reclamara una nueva exigencia", afirma el magistrado en una carta al director del periódico.
El bloque progresista intentó salvar la financiación fijada en el Estatuto. La ponencia consideraba constitucional el "deber" de conocer el catalán.
Montilla estudia pedir la recusación de los magistrados con mandato caducado.
CDC celebra que Montilla se abra a recusar a los magistrados del TC.
Montilla consigue hablar con Rajoy y culpa a Trillo del "deterioro" del TC.
Montilla culpa al PP del bloqueo del Estatut en el Constitucional.
Rajoy habla con Montilla y le dice que el culpable de la interinidad del TC es Zapatero.
Rajoy dice que renovar el Constitucional ahora supondría "dañar el crédito" de la institución" para siempre" y "liquidar su futuro". Acusa a miembros del Gobierno y medios de comunicación de presionar al Supremo.
PP y PSOE enfrían la posibilidad de renovar a corto plazo el Constitucional.
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha acusado al PSOE de "paralizar" la renovación del TC en el Senado y recomienda al presidente de la Generalitat que "se lo diga a su amigo Zapatero".
El Tribunal Constitucional agrava la herida de su desprestigio. Siete de sus once magistrados tendrán su mandato caducado a finales de este año. La 'fuga' de un progresista frustra la sentencia del Estatut.
Sobre las deliberaciones del TC:
El catalán no es lengua "preferente" y no se puede obligar a conocerlo. El proyecto decaído reinterpretaba los principales preceptos sobre el idioma. El Constitucional fracasa en su quinto proyecto de sentencia del Estatuto. El magistrado Aragón exigió meter "la indisoluble unidad de la Nación española". Los artículos considerados inconstitucionales. Editorial de El País: Otro Constitucional.
Antes de saberse que se rechazaría la quinta propuesta de texto, De la Vega pedía "serenidad" a Joan Ridao (ERC), que arremetió contra la "politización" del Constitucional al que califica de Tribunal "caducado".
Curiosa defensa que José Bono hace de la labor del TC en una entrevista para El Mundo:
Y sobre todo, llamo la atención sobre su última frase destacada: "¿Un proceso al franquismo en Argentina? Locos hay en todas partes". Muy razonada la crítica a las dos denuncias presentadas en Argentina por los crímenes del franquismo, sí señor.Sobre las fosas y las denuncias en Argentina:
Las víctimas del genocidio. Denuncia en Argentina. Darío Rivas e Inés García esperan que una jueza de Buenos Aires releve a Garzón.
Los juzgados no investigan los crímenes de Franco. El 60% de los magistrados que recibieron partes de la causa de Garzón ya ha dado carpetazo a su caso sin instruir y sin haber citado a los familiares de las víctimas.
El Supremo dirá quién debe abrir las fosas cuando haya sentencia sobre Garzón.
La 'doctrina Varela' se usa ya como jurisprudencia. Los autos del juez del TS sirven para justificar archivos de casos de memoria.
Darío Rivas, hijo de fusilado: "En España no tienen democracia. Siguen valiendo las leyes aprobadas por Francisco Franco, e incluso tienen una monarquía que no eligen".
Inés García Hidalgo, familiar de fusilado: "España está en la Edad Media, los jueces españoles (salvo muy pocas excepciones) son franquistas, con la Transición continuaron en sus puestos y siguen la misma línea".
"Castro de Rei y las dos Españas" en Quien Mucho Abarca.
El Gobierno no ve factible la vía argentina contra el franquismo. Fernández de la Vega subraya la calidad y solidez del Estado de derecho en España y recuerda que existe la Ley de la Memoria Histórica.
Las víctimas de Franco apelan a la justicia argentina. Los denunciantes pedirán la declaración de los franquistas vivos. La querella califica los crímenes de genocidio.
El acto de presentación de la anunciada querella por crímenes franquistas que tuvo lugar ante la Cámara Federal de Buenos Aires se convirtió en una muestra de apoyo y solidaridad con el juez Baltasar Garzón.
El abogado argentino Beinusz Smukler, en entrevista: "Sería incomprensible apartar de la judicatura a Garzón".
Sobre la vigencia de legislación preconstitucional:
Fenosa deseca kilómetro y medio del Miño amparándose en una concesión franquista.
"No quieren más presas. Los ecologistas culpan a las presas de Fenosa de vaciar el río Miño", en La Sexta Noticias. La hidroeléctrica ha cerrado las compuertas sin respetar el caudal mínimo ecológico del curso del río y aunque cumple las leyes de hace medio siglo, a la vez incumple las de patrimonio.
La asociación 'Ríos con Vida' presentó una denuncia el viernes pasado ante el Seprona. AEMS - Ríos con Vida, página web.
Una ley del franquismo permite el expolio del agua por parte de las embotelladoras.
Alianza Popular sostuvo que la amnistía de 1977 no era "buena medicina" frente a "los ataques a la democracia". Y es que en origen estaba pensada para liberar a todos aquellos opositores a la dictadura que aún quedaban en las cárceles.
"La Ley de Amnistía no es una barrera para el enjuiciamiento de los crímenes ni un impedimento para su investigación y enjuiciamiento sino, simplemente, una fórmula por la cual los culpables no tendrían que ir a la cárcel", en "Con o sin amnistía, al banquillo", por el abogado Gonzalo Boye Tuset para Público.
"La Ley de Amnistía, un fruto especialmente amargo y duradero del 'consenso' de la Transición", Jaime Pastor en Nodo 50, originalmente para Viento Sur.
Salvador Milà (ICV), "Pervivencia del franquismo judicial", en El País: "se trata de acallar la acción judicial al amparo de una -cuando menos- sesgada interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 como "ley de punto final" que ampare el olvido de las víctimas, evite la localización de sus cuerpos y la reparación de su honor y memoria familiar, a la par que esquiva el juicio de responsabilidad moral de sus asesinos e inductores".
(1): "¿Dos Españas? Una y cabreada, si acaso", Juan Carlos Escudier en El Confidencial.
La ONU aconsejó en 2008 a España la derogación de la Ley de Amnistía.
Sobre la legitimidad de la Audiencia Nacional, el Supremo o el Constitucional:
"Los responsables del Poder Judicial piden respeto. La legitimidad democrática exige respetar las decisiones judiciales. Pero si una institución desea ser respetada, debe observar un comportamiento respetable", por Luis García Montero en "El respeto y la Justicia" para Público.
Salvador López Arnal para Rebelión: "Crímenes del fascismo y torturas fascistas".
"Un tribunal deslegitimado", del director de Público, Jesús Maraña en Buzón de Voz. Leer también "De la Ley de Amnistía al Estatut" y "El Poder Judicial está triste; ¡qué triste!".
"La Justicia y los muertos" y "La ley del embudo", por Ignacio Escolar.
"Despejando dudas", José Miguel Monzón en Público.
"Rueda de prensa en el Supremo", por Juan Carlos Escudier para Público.
"Jueces, ¡qué empacho!", por José María Izquierdo para El País.
La Audiencia Nacional, un tribunal político y especial. La AN se crea mediante Real Decreto-Ley el 4 de enero de 1977, el mismo día que se suprimía el Tribunal de Orden público (TOP) de la Dictadura, del que resultaba heredera en materia de represión política.
"La Audiencia Nacional como problema", Pablo Salvador Coderch para El País: "No es Garzón, sino la Audiencia, créanme: el problema es la Audiencia Nacional. Hay que cerrarla de una vez y dejar en paz a este juez, metonimia patética de un órgano absolutamente anómalo en nuestro sistema judicial".
Otros textos:
"Es a la democracia a quien pedimos cuentas", "Gente que ya estaba antes de 1975" y "Une los puntos y te asustarás", en Trabajar Cansa, blog de Issac Rosa para Público.
"Resumiendo" por Elvira Lindo para El País. En respuesta a dicho texto, en Diseccionando a El País, "Resumiendo: deroguen la Ley de Amnistía": "Salta a la vista que tanto para El País como para el PSOE, lo que más inquieta de 'este desgraciado asunto' es que pueda abrirse un debate serio sobre las concesiones de la actual democracia a la dictadura franquista, cuyo principal exponente sigue siendo la aún vigente Ley de Amnistía (...) Que más de 30 años después no se haya derogado una ley preconstitucional -y no reconocida ni tan siquiera por la ONU, a la que siguen aferrándose los jueces para que no se dude de sus insistentes resoluciones... [...]".
Comentarios