Zapatero, cómplice de Marruecos

Sin olvidarnos de Moratinos. Ahora resulta que le pide a todos los grupos de la cámara una postura común para salvar la vida de Aminatou Haidar como prioridad. Me parece a mí que la verdadera prioridad del gobierno es la de salvar los muebles de la relación bilateral con Marruecos. El espectáculo de ayer en el aeropuerto de Lanzarote, según todas las crónicas, es de esperpento. Llegan el juez, la médico forense, unos miembros de la Policía Judicial y se quedan a solas con Haidar para examinarla después de haber echado de la habitación a todos los que suelen acompañarla. La Policía Judicial incluso llegó a exigir a un cámara de la televisión saharaui que le entregase la cinta con la grabación de los altercados.

Aparecen unos treinta antidisturbios, de la Guardia Civil, que lógicamente son recibidos con abucheos, como lo fue el juez, que vaya usted a saber con qué necesidad son convocados unos antidisturbios a donde una señora hace una protesta pacífica. Otro episodio de gloria para la Guardia Civil (ironic mode off). Al final se marchan porque certifican que Aminatou es plenamente consciente de su situación y se niega a ser ingresada y alimentada a la fuerza. La cuestión está clara, el Gobierno, a través de su delegación en las islas, quiere que un médico certifique que la activista no está mentalmente capacitada para valerse por sí misma, y así decretar su ingreso en un hospital, alimentarla por la fuerza y sacarla de los focos para que la olvidemos. Aparte del maltrato psicológico (tortura incluso) que le haya supuesto la agitación vivida esta pasada noche, de lo cual ella y sus portavoces culpan, con razón, al gobierno, que cabe recordar cómo mintió al asegurar que había un acuerdo con Marruecos, algo que Rabat ha desmentido de forma tajante. Otra trola más. Se la quieren quitar de encima como sea. No puedes pretender llevarte bien con Marruecos y a la vez dejar tirada a esta gente, que hasta hace nada eran españoles y muchos aún hablan nuestro idioma y tienen su documentación guardada de aquella época, de hecho los padres de Haidar eran españoles.

Según CEAS-Sáhara y la abogada Inés Miranda, el juez ha podido comprobar que Haidar cuenta con "plena lucidez" y razona con "absoluta claridad" por lo que, según su abogada, "no puede ordenar ninguna medida contra ella", ya que ha expresado "claramente su voluntad, su decisión autónoma y dependiente de estar en huelga de hambre". Según la letrada, en caso de que la activista saharaui pierda la conciencia habría que aplicar la Ley de Autonomía del Paciente de 2002 donde se "establece que las personas que se encuentren en esa situación disponen de su voluntad y son las que deciden realmente que sucede en ese supuesto". Alimentarla a la fuerza, lo que quiere el gobierno, sería un delito.

Haidar, que acusó al ejecutivo nuevamente de complicidad con Marruecos y vulneración de leyes internacionales, se ha negado a ser vista por ningún médico más, incluido el suyo, a pesar de que el juez quiere mandar hoy a otro para tener una segunda opinión. Ahora Marruecos amenaza con cambiar su política de inmigración. Mientras, la UE, que ha recibido a una delegación marroquí para revisar los acuerdos de colaboración -las palabras del ministro de Exteriores de Marruecos son puro asco-, pide una solución política o humanitaria para el caso.

Mientras, la activista saharaui pidió "protección internacional" para sus hijos, de 15 y 13 años, que están refugiados en casa de un activista saharaui en El Aaiún. Esta casa y la de Haidar están vigiladas por la policía, que ha impedido a varios periodistas españoles acceder a las viviendas. El secretario del Frente Polisario, Taleb Omar, cree que España es "cómplice de Marruecos" y asegura que si Haidar muere será el fin de la vía pacífica en la región. El gobierno español está negociando con Argelia porque se ha creído la versión marroquí de que son este país y el Frente los que están realmente detrás de la figura de Aminatou. Mientras, España ha renunciado a su deber y a su cuenta pendiente con el Sáhara Occidental.

Esta mañana en el Congreso una veintena de personas han protestado pacíficamente y en silencio con hojas donde se veía su foto, su nombre y la frase "Sáhara Libre", hasta que han sido desalojados, creo que con una virulencia exagerada tras haber visto el vídeo. Los políticos olvidan que no están ahí de gratis, que les hemos puesto nosotros con nuestros votos. Que ellos son nuestros representantes. Si el Congreso es el órgano de expresión de la voluntad popular, los ciudadanos deberían tener el derecho de manifestar en él lo que les pareciera adecuado; bastante tenemos que aguantar con las tonterías e inutilidades, cosas fatuas, que suelen vociferar estas personas a las que les pagamos el sueldo. De hecho los dos jóvenes que fueron reprendidos el viernes en el turno de lectura de la Constitución, uno por criticar a los sindicatos -se le retiró el turno de palabra- y el otro por recordar a gente como su abuelo, de los muchos que tuvieron que abandonar España y buscar su sustento en el extranjero. Han dicho cosas más interesantes que la mayoría de quienes se suben a ese estrado y encima les recriminan por ello. Bien es cierto que la persona que les reprendió, la vicepresidenta primera Teresa Cunillera, ha recibido comunicaciones con amenazas e insultos por ello, algo que es condenable por completo, pero que no debe valer para rehusar el fondo de la cuestión: Cunillera violó el derecho a la libertad de expresión de estos dos jóvenes. Se ve que el pueblo no tiene derecho a expresarse allí donde precisamente debería tener más derecho que nadie a hacerlo.

¿Asistiremos a más bajadas de pantalones y comportamientos antidemocráticos de nuestros representantes? Otro ejemplo de cobardía y de pérdida de soberanía es que la lucha contra las descargas es en realidad una orden de EEUU, para lo cual se meten con calzador desde el gabinete de Presidencia una serie de medidas que conculcan varios derechos fundamentales. La degradación moral de este gobierno está alcanzando límites insospechados.

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