El Gobierno, contra las instituciones

Suena fuerte, pero es a lo que hemos asistido este viernes. Siendo lo habitual que sea el Partido Popular el que cargue contra la actuación de las instituciones y las desestabilice (Fuerzas de Seguridad, Administración de Justicia), esta vez ha sido el propio Gobierno, dejando en manos de la Policía, en último término, la responsabilidad de permitir la entrada en España de la activista saharaui Aminatou Haidar, pretendiendo que olvidemos que son el último eslabón de una cadena de mando y que obedecen órdenes superiores. La Policía tiene un responsable último que es el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en todo este asunto aún no ha dicho esta boca es mía y al que sus jefes y se supone amigos, Zapatero y De la Vega, han dejado a los pies de los caballos de sus subordinados.

Primero fue el presidente del Gobierno, preguntado tras el Consejo Europeo por cuál fue la autoridad política que permitió la entrada de la activista saharaui en territorio español, al asegurar que su llegada fue "conforme a la ley" puesto que posee un permiso de residencia concedido "por razones humanitarias" y con validez hasta el 21 de enero de 2010, según Asuntos Exteriores. Zapatero, además, ha asegurado que ninguna autoridad política española dio órdenes para permitir esta entrada porque para eso hay "autoridades administrativas que tienen encomendada esa misión". Total, carga contra los responsables civiles y ante todo policiales del aeropuerto de Lanzarote. Ello pese a que se publicó hace unos días que Rabat informó a Moratinos de la 'devolución' de Haidar, a lo que éste habría dado su visto bueno.

La siguiente carga de profundidad la soltó la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al responsabilizar a la Policía de Fronteras de permitir su entrada en el país. Así, ha asegurado que fue "la policía de fronteras" la que autorizó el pasado 14 de noviembre la entrada de la activista saharaui y se hizo porque ésta "tiene un permiso de residencia legal" en España.

Es más, De la Vega ha asegurado que la actual Ley de Extranjería en su artículo 66.3 obliga a todas las compañías aéreas a "hacerse cargo del extranjero que hubiese trasladado hasta la frontera (...) correspondiente del territorio español si se le hubiera denegado la entrada por deficiencias en la documentación necesaria para el cruce de las fronteras". No existen tales deficiencias, ya que lo ocurrido es que Marruecos le sustrajo el pasaporte tras escribir "Sáhara Occidental" en el documento de entrada, algo que ya había hecho en ocasiones anteriores sin ningún problema.

El pasaporte es obligatorio para entrar en territorio nacional, puesto que sin él no podría entrar ni un español. Haidar ni siquiera tenía la voluntad de entrar en España, que es otro de los requisitos. Según su abogada, "el policía de frontera le dijo claramente -cuando no quería bajar del avión- que tenía orden de darle la bienvenida y obligarla a entrar a España". Es más, cuando el pasado día 4 tuvo que regresar al aeropuerto porque se frustró su posible vuelta a El Aaiún -tras asegurar España que había un acuerdo que Marruecos desmintió- recordemos que un policía de frontera fue relevado de su puesto por, en cumplimiento de su deber, no querer dejarla pasar por carecer de documentación. ¿Por qué el primer día que vino se la dejó pasar y esta vez no? Explicación sencilla: en el periodo del 14 al 15 de noviembre había órdenes de arriba para dejarla entrar.

Vistas las declaraciones de los dos máximos responsables del Ejecutivo, las críticas de los sindicatos policiales no se han hecho esperar. Indignación es la palabra. Acusan al Gobierno de mantener una actitud "hipócrita" y de comportarse "con bajeza moral", y aseguran que el Ejecutivo impidió la devolución de Haidar el mismo día de su llegada. El mayoritario Sindicato Unificado de la Policía (SUP) asegura que "la vicepresidenta miente y el presidente no se entera". Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) han emitido una nota de prensa conjunta en la que denuncian públicamente "la hipocresía política y la doblez empleada por el Gobierno, que pretende protagonizar un intolerable ejemplo de cómo eludir su responsabilidad". El SPP, al que pertenece el inspector que autorizó la entrada de la activista saharaui, asegura sin dudarlo que "la orden para dejar entrar en España sin pasaporte a Aminatou Haidar vino de Madrid".

Sólo se me ocurre un motivo por el cual le pueda interesar al Gobierno decir que la entrada de Aminatou Haidar fue una decisión normal de carácter administrativo o policial, y no achacable a ninguna autoridad política. Y es porque un cese o una dimisión en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el de Justicia o en el de Interior sería muy mala publicidad a menos de tres semanas de asumir la presidencia de turno de la UE.

Mientras, el PSOE cede a las presiones y, en la proposición no de ley que presentará la próxima semana, se reconoce el "libre ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui" en el marco de las resoluciones de la ONU. A ver si así la apoyan los demás grupos.

El Gobierno tiene problemas en varios frentes. Con la AUGC por no defender a los guardias civiles retenidos en Gibraltar y por las condiciones laborales de los suboficiales. Con los taxistas por la Ley Ómnibus que contempla la liberalización de los vehículos de alquiler con conductor. Con los loteros por un cambio legal previsto en la validación de boletos, lo que denuncian como "una liberalización encubierta". Con la AUME, que se manifiesta este domingo contra la Ley de la Carrera Militar. Ahora suma un nuevo enemigo cargando contra la Policía. Who will be next?

P.D. Ya sé que la Conferencia Episcopal se ha vuelto a pronunciar contra la reforma de la Ley del Aborto, pero pienso que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. El día en que los medios dejen de dar tanta relevancia a lo que dicen estos señores -CNN+ dio la comparecencia en directo- nos irá mejor a todos.

Novedad: Un juzgado de Las Palmas avala la actuación policial en el caso Haidar cuando el pasado 14 de noviembre se impidió la salida de España a la activista saharaui.

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