miércoles, febrero 17, 2010

Palabra de catedrático

Le cité hace cinco días y quedé pendiente de comprar Le Monde Diplomatique en español para empaparme del texto de Enrique Bustamante titulado La contrarreforma audiovisual socialista, que llevaba el antetítulo Deterioro democrático en España.

Pues bien, ya he adquirido el ejemplar y paso a reseñar las partes más jugosas y devastadoras del texto firmado por el catedrático de Comunicación Audiovisual de la UCM, que ocupa parte de la portada, y las páginas 4 y 5 en su totalidad.

"... Bajo la presión del ministro Solbes en Hacienda y de su hombre en la SEPI, Martínez Robles, RTVE consumó un duro ERE (expediente de regulación de empleo), que prejubiló a más de 4.000 empleados a partir de los 50 años, entre ellos a buena parte de los mejores veteranos y creativos de la entidad pública. Proyectos de ley, claves para la reforma audiovisual, quedaron inexplicablemente paralizados: la ley general audiovisual y la de creación del Consejo Audiovisual de ámbito estatal. Dos graves omisiones que no parecían responder a ningún olvido misterioso, sino a la dura campaña contraria lanzada por los grupos privados más duros, como Vocento y Mediaset, con el apoyo de sus lobbies como la UTECA y la Asociación de la Prensa de Madrid. Pese a este carácter inconcluso, la reforma del servicio público ha dado frutos positivos en estos casi tres años transcurridos. (...) Por el contrario y en este mismo periodo, el mandato de Luis Fernández se recordará también por la casi clandestinidad de los programas del derecho de acceso de los grupos, por la invisibilidad del Consejo Asesor estatal nombrado, por el recorrido extraviado de los programas más claros de servicio público. (...) Y, muy especialmente, por la vergonzante salida de RTVE de Euronews, con el argumento de recortar gastos (apenas dos millones de euros al año) que amenaza con hacer desaparecer los informativos en español de esta cadena. (...) La primera señal de que se avecinaban tiempos difíciles para el pluralismo en España la dio el Gobierno, en febrero de 2009, al aprobar con urgencia un real-decreto (1/2009) que, bajo el pretexto de mantener "la transparencia y el pluralismo en el mercado televisivo", desmantelaba la escasa regulación antimonopolio existente (...). Alegando la crisis económica, se transmutaba así repentinamente el concepto de pluralismo que, si en la legislación de 2005 amparaba oficialmente la necesidad de una ampliación en el número de televisiones privadas -con la autorización de emisiones en abierto para Canal Plus (Cuatro) y la concesión de una nueva cadena (La Sexta)-. ahora resultaba inexplicablemente consolidado con la posibilidad de concentración entre operadores en un oligopolio más estrecho. Considerada unánimemente como una invitación a la concentración televisiva, y reclamada desde hace tiempo por algunos grupos, esta nueva regulación ha presidido desde entonces todo el panorama audiovisual privado (...).

El panorama futuro de la televisión comercial en España volvía pues paradójicamente a sus orígenes (1990-2005), con dos presumibles operadores en abierto (Telecinco y Antena 3 TV) controlando férreamente el mercado y un tercero (Digital +) liderando la televisión de pago. (...) Con el añadido de que, al final de la transición digital planificada, cada uno de esos dos operadores abiertos clásicos, que dominaron sin discusión el mercado publicitario imponiendo tarifas y condiciones férreas durante quince años, con beneficios récords en Europa, va a acumular ahora entre cinco y seis programas digitales y llegará a los ocho (dos múltiples) en abril de 2010. Y con la curiosidad histórica de ver un duopolio reforzado, dominado por dos grupos italianos (Mediaset y Agostini) en una situación insólita en la Europa occidental, donde televisión sigue rimando con soberanía nacional. Frente a ellos, los restantes operadores privados estatales (Vocento, El Mundo), regionales o locales, no serán más que actores marginales, sin capacidad multimedia alguna. El segundo gran aldabonazo audiovisual llegó con el anuncio de Zapatero, en abril de 2009, de restringir severamente la publicidad en TVE, confirmado por el decreto ley, también urgente de agosto (BOE, 31 de agosto de 2009).

[...] Calcada de la fórmula del presidente francés Sarkozy, medida de un gobierno de derechas, plagada de premios a los grupos privados amigos, la reforma financiera de RTVE se adornaba oficialmente con las mejores intenciones (...); después de haber logrado la independencia política, el Gobierno garantizaba ahora la "independencia económica". Con el fin de conseguir "el perfeccionamiento de un modelo que permita la existencia y la convivencia estable" del sector público y privado. Un catálogo de promesas que se hacía harto sospechoso en una tramitación parlamentaria marcada por el apoyo de los grupos de derechas y el "no" de los de izquierdas, y que resultaba saludada por los grandes grupos privados como "una gran noticia". La ley (...) contenía además todo un catálogo de exigencias (...) y, sobre todo, un notable elenco de limitaciones en su competencia con el sector privado (...). Techos que venían a sumarse a la absurda prohibición de ostentar más del 25% de las frecuencias disponibles, cuando el propio Gobierno había asignado ya un 20% (8 programas sobre 40). (...) Y todo ello a semanas vista del apagón analógico, en el que RTVE deberá alimentar tres programas más (hasta 8). (...) Sobre todo, preocupan las consecuencias de esta regulación sobre el futuro del servicio público estatal de RTVE. La Plataforma en defensa de la Radiotelevisión pública difundió un manifiesto (mayo de 2009) en el que declaraba que la reforma financiera "pone en peligro el futuro del servicio radiotelevisivo en nuestro país". Y denunciaba que "se estaría consolidando una política audiovisual sesgada hacia los intereses particulares de los operadores privados". [...] El nuevo modelo, por otra parte, no parece garantizar en modo alguno esa coexistencia pacífica público-privada alegada, al hacer depender parte de la financiación del servicio público de sus competidores (las cadenas abiertas con el 3% de sus ingresos, las de pago con el 1,5%, los operadores de telecomunicaciones con el 0,9%, éstos últimos han acudido a Bruselas esgrimiendo que la nueva tasa va contra la libre competencia).

[...] La intensa actividad desplegada por el Gobierno español en el campo audiovisual en 2009 alcanzó la polémica y el choque frontal de intereses con motivo de la aprobación de la Televisión Digital Terrestre de pago el 13 de agosto, en lo que toda la prensa interpretó como favor principal al grupo Mediapro, que ostentaba la mayoría de exclusivas sobre los derechos del fútbol y que, al día siguiente, puso ya en marcha su canal codificado Gol TV. La aplicación, una vez más, del procedimiento de urgencia a esta regulación, que permitía dedicar el 50% de los programas de cada cadena a la emisión codificada soliviantó en cambio a otros grupos privados, enfrentando a los dos operadores (Mediapro y PRISA) más cercanos al Gobierno para regocijo de los grupos de derecha. (...) La aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley General Audiovisual (LGAV, 26 de junio de 2009), tan esperada desde hace años, y su posterior tramitación parlamentaria han venido a condensar todas esas medidas, poniendo de relieve aún más sus contradicciones y acentuando su sello de contrarreforma. En síntesis, la LGAV recoge todos los cambios referidos a las limitaciones del servicio público (Título IV). Y agrava la ordenación neoliberal de los operadores privados. Así, extiende las licencias privadas de 10 a 15 años, previendo su renovación "automática", algo que el propio Tribunal de la Competencia ha destacado como contrario a la doctrina y la ordenación europeas. Además, consolida la libertad de concentración con escasos topes. (...) Un nutrido paquete de premios mercantiles que contrasta con la regulación de la televisión comunitaria, sometida a muy estrictas reglas después de haber sido olvidada en la legislación digital y de haber resultado tardíamente legalizada (...).

[...] Otros nada desdeñables regalos a los operadores privados aparecen en el texto. (...) el cine español sufrirá una importante merma de sus inversiones (...) se define una muy liberal lectura de la última Directiva Europea de Servicios Audiovisuales (...) que podría conducir a concentraciones de 19 minutos de publicidad por cada hora de emisión, más la autopromoción y la publicidad indirecta. (...) La ley apuesta además por la "autorregulación" de las cadenas, de forma que el CEMA, Consejo Español de los Medios Audiovisuales (que no del Audiovisual), nace ya con escasas atribuciones. La capacidad sancionadora del CEMA, ampliamente detallada, queda así muy recortada en múltiples campos, incluyendo una casi total irresponsabilidad de los operadores tras las faltas "leves" que sean seguidas de acuerdo con la autoridad audiovisual. La nueva regulación audiovisual es la confesión implícita de un doble fracaso gubernamental. Fallo grave de cálculo en primer lugar de un modelo de televisión digital por ondas que planificó una proliferación de canales económicamente insostenible. Y fracaso rotundo del intento de equilibrar el panorama de la oferta televisiva con dos nuevos canales de orientación progresista que, tras las fusiones anunciadas, se saldarán como efímeras voces nuevas y meras operaciones especulativas. (...) A punto del apagón analógico, el Ejecutivo ha tomado -con urgencias inexplicables y sin autocrítica alguna- el peor de los caminos posibles. Y sus últimas decisiones amenazan con conformar un escenario audiovisual de enorme riesgo para la cultura y el pluralismo democrático en nuestro país:

- quedarán sólo dos polos televisivos ampliamente dominantes. El resto de las televisiones privadas de ámbito estatal, y las concesiones regionales y locales, otorgadas generalmente por los gobiernos autonómicos con criterios clientelares, se subordinarán a ese duopolio o quedarán marginados.
- si RTVE se deteriora en presupuesto o en audiencia, la estructura audiovisual española quedará en manos de dos ventanillas comerciales únicas, regidas por el beneficio inmediato. Mal panorama para los espectadores y peor aún para los productores audiovisuales, el cine español inclusive.
- Si estos canales aprovechan las posibilidades de emisión publicitaria, el hartazgo irá expulsando a los espectadores hacia fórmulas de pago, acentuando la fractura en la sociedad española: televisión abierta para pobres, ofertas de calidad para los pudientes.

[...] Las consecuencias sobre la esfera pública democrática española de ese modelo, insólito en Europa salvo en algunos países del Este, serían devastadoras. Primero, directamente electorales: cuando el PSOE vuelva a la oposición, con un PP que no puede sino profundizar en ese modelo comercial, comenzaría una travesía del desierto mediática más dura que la que atravesó entre 1996 y 2004 (...). Pero el pluralismo ideológico y creativo va mucho más allá que el espacio electoral: la cultura y la diversidad serían las principales dañadas por este marco. La democracia española, en suma, sufriría un deterioro difícilmente reparable. Aunque, probablemente, en ese momento los actuales responsables socialistas ya no estarán en los puestos de mando".

Francamente demoledor. Me llama la atención, por último, que los medios españoles se estén haciendo eco hasta la saciedad de lo que se publica en la prensa extranjera sobre nuestro país (The Economist, FT o WSJ -ver- sobre nuestra economía o Los Angeles Times en defensa del juez Garzón) y no se haga ni caso de los casi siempre excelentes textos de esta publicación, digna hermana pequeña de su original francés, independiente -se financia con las suscripciones- y de prestigio. Ya se sabe, nadie es profeta en su tierra, si nos referimos a España.

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