El trío calavera
Aviso: éste va a ser de los largos.
El trío del titular es el compuesto por la triada Salgado-Blanco-Sebastián, componentes in pectore de la comisión contra la crisis inventada, en un nuevo alarde de improvisación, por ZP, que sigue diciendo que todo estaba previsto y anticipado y bla, bla, bla... ¿Que si esto ningunea a otros miembros del gobierno o del PSOE? Bueno, a muchos les parece haber sorprendido que en dicha comisión no esté el titular de Trabajo, otros dicen que esto marca el principio del fin de De la Vega, que es el inicio del ascenso de Pepiño, y también que ZP mete un gol a su amigo José Antonio Alonso, que como portavoz parlamentario ya estaba realizando reuniones con los grupos representados en el Congreso con la misma o similar finalidad. O que el resto del Gobierno va a pintar ya menos que un crucifijo en mi casa (ateo y apóstata, de nada). Como no, esos dinosaurios llamados sindicatos ya han puesto el grito en el cielo y quieren estar en dicha comisión. Mira, Toxo, si quieren decirte algo ya te llamarán, espera tu turno como todos. Por cierto que Celestino Corbacho va a coincidir con los mandamases de UGT y CCOO el lunes en el Congreso, el día antes de las movilizaciones en contra de la pretensión de subir la edad de jubilación. Ah, el WSJ sugiere al gobierno español que reduzca el poder de los sindicatos.
Centrémonos en una de las tres patas del banco: el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que secunda las tesis de, por ejemplo, el presidente de Telefónica o Vodafone, y promueve desde la presidencia europea la tasa para cobrar a los buscadores como Google. Según la edición impresa de Público, una de las afectadas por la presión y la labor soterrada de los proveedores de acceso a Internet (ISP) es Skype, ya que sólo dos operadoras, una en Europa y otra en EEUU, le permiten acceder a los móviles para ofrecer llamadas IP a bajo coste. Google dice estar "dispuesta a discutir". Una tasa de estas características supondría un ataque a la reclamada Neutralidad de la Red, ya que los proveedores podrían restringir o ralentizar el acceso a determinadas páginas de servicios tales como telefonía IP, buscadores o música, efectuando discriminación positiva hacia sitios de su pertenencia que ofrezcan estos mismos servicios. El vídeo elaborado por ADNStream lo explica perfectamente:
Como dice Christian Engström, del partido pirata sueco, en la versión de papel de Público, si se permite a las empresas telefónicas gravar a las empresas con éxito en Internet, "esto supondrá un freno enorme a cualquier inversión en negocios on-line porque, simplemente, no compensará". A recomendar, el artículo de Juan Varela, "Internet de peaje", en Público.
Otra muestra del excesivo poder de las operadoras de telecomunicaciones: si un Ayuntamiento quiere ofrecer Internet, por ejemplo mediante conexión WiFi, a sus ciudadanos, tiene que registrarse como operador y cobrar por el servicio. La CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) tiene abierto un proceso de consulta pública para estudiar cambios en la restrictiva legislación que prohíbe en la práctica a los ayuntamientos dar Internet gratis, pero mientras ha impuesto la multa más alta de la historia por este concepto al Ayuntamiento de Málaga: 300.000 euros del ala. Es evidente que la ley hay que cambiarla.
Más del ministro Sebastián: ha negado en sede parlamentaria que su departamento llegara a un acuerdo económico con la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) para que presentaran candidatos, Yebra y Ascó, a albergar el almacén de residuos radiactivos (ATC). "Es una información rotundamente falsa", respondió a la pregunta de Joan Herrera (ICV), pese a que la AMAC ha admitido la existencia del apaño. ¿Se le puede aplicar a un ministro la figura del perjurio?
Algo sobre la Ley de Economía Sostenible: esta semana, en su informe sobre la misma, el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) no emite ninguna opinión sobre la polémica disposición adicional primera del anteproyecto, que deja en manos de Cultura el cierre de páginas web con la autorización de la Audiencia Nacional. Enrique Dans: "¿A qué consumidores y usuarios dice representar el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU)?". Antonio Delgado: "El Consejo de Consumidores, una institución gubernamental, no ha alegado nada sobre el cierre de webs en la ley Sinde".
Sobre propiedad intelectual, derechos sobre la materia y los e-books. El abogado Carlos Sánchez Almeida escribe sobre el libro electrónico en su blog de El Mundo. Entre otras cosas, dice: "el pasado 27 de enero, la Asociación Colegial de Escritores de España hizo pública una serie de recomendaciones relativas a la cesión de derechos digitales sobre sus obras" (...) "La vigente Ley de Propiedad Intelectual, donde se regula el contrato de edición, y particularmente el contrato de edición en forma de libro, es insuficiente para regular las nuevas relaciones jurídicas derivadas de la edición electrónica". (...) "Como ya hemos comentado en otras ocasiones, es muy necesario que la industria editorial española apueste fuerte por el nuevo formato, si queremos resistir el acoso cultural del gigante anglosajón". (...) "La controversia legal sobre las páginas de enlaces ha llegado también al terreno del libro electrónico. Es un hecho preocupante, porque intentar luchar contra la copia privada o contra el préstamo de libros entre particulares –sean en papel o en bytes- es una guerra perdida de antemano". Por desgracia la cerrazón sigue existiendo: las bibliotecas de Barcelona deben pagar 100.000 euros al año por derechos de autor (20 céntimos de euro por cada libro que compran para préstamo) a uno de los miembros del "Eje del Mal" español, CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), la sociedad que gestiona los derechos de autor de los libros publicados. CEDRO forma parte de Ibercrea, sociedad que ha criticado sin tardar el reciente informe del Consejo Fiscal donde cuestiona la LES y la DF1.
Dicho informe (ver referencia en Guerra Eterna y Enrique Dans) critica que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual "al mismo nivel" que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia. Para el Consejo Fiscal, la propiedad intelectual debe ser tratada "como derecho de propiedad" y no como un derecho fundamental, ya que, "aunque se pueda reconocer su importancia" en las sociedades modernas, "no parece alzarse al mismo nivel" que intereses generales como el orden público o colectivos situados en una posición de debilidad como los menores.
Pues bien, CEDRO, volviendo al meollo, recaudó en 2009 24,46 millones de euros por derechos de autor de los libros, un 41% menos que el año anterior. Lo atribuyen a la rebaja de las tarifas de copia privada. Por eso entre sus peticiones al gobierno está aumentar los derechos por copia privada y el canon a las bibliotecas. Y resulta que precisamente hoy tenemos en Público un texto de opinión escrito por la directora general de CEDRO, de nombre Magdalena Vinent, titulado, mira qué casualidad, "‘E-book’ y derechos de autor". La señora es además presidenta de la Federación Internacional de Entidades de Derechos de Reproducción (IFRRO). Veamos algunas de las perlas vertidas en el artículo: "Está claro que las oportunidades que la tecnología ofrece a escritores, editoriales y lectores con este nuevo soporte son incuestionables (...) Pero ante este nuevo fenómeno también se plantean bastantes incertidumbres, fundamentalmente por el temor a que el libro digital pueda ser pasto de la piratería en la Red, como le ha ocurrido a la música o al cine" [...] "En primer lugar se requiere una amplia oferta legal de libros electrónicos para que los usuarios puedan acceder respetando los derechos de autor a cualquier obra en la Red. Esto supondrá una alternativa para aquellos que alegan que son consumidores de contenidos pirata porque no encuentran una oferta adecuada". [...] "es imprescindible un marco regulatorio y unas herramientas administrativas y judiciales que garanticen que los derechos de propiedad intelectual de los escritores y editores no son vulnerados en Internet, y que, en caso de serlos, existen mecanismos eficaces y efectivos para luchar contra la copia y descarga ilegales de sus obras". "El Gobierno español está trabajando en esta línea, sin embargo su propuesta ha sido muy contestada en determinados ámbitos porque, según sus críticos, va en contra de determinados derechos y libertades, como el de expresión y el del acceso a la información y a la cultura". [...] "luchar contra la vulneración de la propiedad intelectual no tiene por qué suponer atentar contra ningún derecho individual reconocido en el ordenamiento jurídico español" (...) se necesita formar e informar a los ciudadanos (algo similar a lo ya dicho por Antonio Guisasola sobre que falta "pedagogía") sobre los principios de la propiedad intelectual para que sus hábitos de consumo sean responsables y respetuosos con los derechos de autor" (...) se ha generalizado una corriente social que aboga por la "cultura gratis" en la Red [lo que] está generando una gran confusión entre el "derecho a la cultura" y el concepto de "cultura gratis". [...] "Los países más avanzados y con mayores niveles de democracia son los que mejor protegen la propiedad intelectual y cuentan con ciudadanos respetuosos con la creación. En este punto cabe preguntarse en qué lugar quiere situarse España" (...) todavía queda mucho por hacer en España para conseguir salir de los puestos de los países más piratas del mundo. Ser responsable con los derechos de los creadores y de las industrias que los sostienen significa incentivar la sociedad del conocimiento y potenciar el desarrollo económico y social de un país".
Dos apuntes ajenos al tema principal del post: el máximo responsable de la ONU contra el Cambio Climático se va en julio tras el fracaso de la Cumbre de Copenhague y la OMS decide incluir la cepa del virus de la gripe A en la vacuna de la gripe estacional. Será para usar todas las dosis sobrantes.
El trío del titular es el compuesto por la triada Salgado-Blanco-Sebastián, componentes in pectore de la comisión contra la crisis inventada, en un nuevo alarde de improvisación, por ZP, que sigue diciendo que todo estaba previsto y anticipado y bla, bla, bla... ¿Que si esto ningunea a otros miembros del gobierno o del PSOE? Bueno, a muchos les parece haber sorprendido que en dicha comisión no esté el titular de Trabajo, otros dicen que esto marca el principio del fin de De la Vega, que es el inicio del ascenso de Pepiño, y también que ZP mete un gol a su amigo José Antonio Alonso, que como portavoz parlamentario ya estaba realizando reuniones con los grupos representados en el Congreso con la misma o similar finalidad. O que el resto del Gobierno va a pintar ya menos que un crucifijo en mi casa (ateo y apóstata, de nada). Como no, esos dinosaurios llamados sindicatos ya han puesto el grito en el cielo y quieren estar en dicha comisión. Mira, Toxo, si quieren decirte algo ya te llamarán, espera tu turno como todos. Por cierto que Celestino Corbacho va a coincidir con los mandamases de UGT y CCOO el lunes en el Congreso, el día antes de las movilizaciones en contra de la pretensión de subir la edad de jubilación. Ah, el WSJ sugiere al gobierno español que reduzca el poder de los sindicatos.
Centrémonos en una de las tres patas del banco: el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que secunda las tesis de, por ejemplo, el presidente de Telefónica o Vodafone, y promueve desde la presidencia europea la tasa para cobrar a los buscadores como Google. Según la edición impresa de Público, una de las afectadas por la presión y la labor soterrada de los proveedores de acceso a Internet (ISP) es Skype, ya que sólo dos operadoras, una en Europa y otra en EEUU, le permiten acceder a los móviles para ofrecer llamadas IP a bajo coste. Google dice estar "dispuesta a discutir". Una tasa de estas características supondría un ataque a la reclamada Neutralidad de la Red, ya que los proveedores podrían restringir o ralentizar el acceso a determinadas páginas de servicios tales como telefonía IP, buscadores o música, efectuando discriminación positiva hacia sitios de su pertenencia que ofrezcan estos mismos servicios. El vídeo elaborado por ADNStream lo explica perfectamente:
Como dice Christian Engström, del partido pirata sueco, en la versión de papel de Público, si se permite a las empresas telefónicas gravar a las empresas con éxito en Internet, "esto supondrá un freno enorme a cualquier inversión en negocios on-line porque, simplemente, no compensará". A recomendar, el artículo de Juan Varela, "Internet de peaje", en Público.
Otra muestra del excesivo poder de las operadoras de telecomunicaciones: si un Ayuntamiento quiere ofrecer Internet, por ejemplo mediante conexión WiFi, a sus ciudadanos, tiene que registrarse como operador y cobrar por el servicio. La CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) tiene abierto un proceso de consulta pública para estudiar cambios en la restrictiva legislación que prohíbe en la práctica a los ayuntamientos dar Internet gratis, pero mientras ha impuesto la multa más alta de la historia por este concepto al Ayuntamiento de Málaga: 300.000 euros del ala. Es evidente que la ley hay que cambiarla.
Más del ministro Sebastián: ha negado en sede parlamentaria que su departamento llegara a un acuerdo económico con la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) para que presentaran candidatos, Yebra y Ascó, a albergar el almacén de residuos radiactivos (ATC). "Es una información rotundamente falsa", respondió a la pregunta de Joan Herrera (ICV), pese a que la AMAC ha admitido la existencia del apaño. ¿Se le puede aplicar a un ministro la figura del perjurio?
Algo sobre la Ley de Economía Sostenible: esta semana, en su informe sobre la misma, el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) no emite ninguna opinión sobre la polémica disposición adicional primera del anteproyecto, que deja en manos de Cultura el cierre de páginas web con la autorización de la Audiencia Nacional. Enrique Dans: "¿A qué consumidores y usuarios dice representar el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU)?". Antonio Delgado: "El Consejo de Consumidores, una institución gubernamental, no ha alegado nada sobre el cierre de webs en la ley Sinde".
Sobre propiedad intelectual, derechos sobre la materia y los e-books. El abogado Carlos Sánchez Almeida escribe sobre el libro electrónico en su blog de El Mundo. Entre otras cosas, dice: "el pasado 27 de enero, la Asociación Colegial de Escritores de España hizo pública una serie de recomendaciones relativas a la cesión de derechos digitales sobre sus obras" (...) "La vigente Ley de Propiedad Intelectual, donde se regula el contrato de edición, y particularmente el contrato de edición en forma de libro, es insuficiente para regular las nuevas relaciones jurídicas derivadas de la edición electrónica". (...) "Como ya hemos comentado en otras ocasiones, es muy necesario que la industria editorial española apueste fuerte por el nuevo formato, si queremos resistir el acoso cultural del gigante anglosajón". (...) "La controversia legal sobre las páginas de enlaces ha llegado también al terreno del libro electrónico. Es un hecho preocupante, porque intentar luchar contra la copia privada o contra el préstamo de libros entre particulares –sean en papel o en bytes- es una guerra perdida de antemano". Por desgracia la cerrazón sigue existiendo: las bibliotecas de Barcelona deben pagar 100.000 euros al año por derechos de autor (20 céntimos de euro por cada libro que compran para préstamo) a uno de los miembros del "Eje del Mal" español, CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), la sociedad que gestiona los derechos de autor de los libros publicados. CEDRO forma parte de Ibercrea, sociedad que ha criticado sin tardar el reciente informe del Consejo Fiscal donde cuestiona la LES y la DF1.
Dicho informe (ver referencia en Guerra Eterna y Enrique Dans) critica que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual "al mismo nivel" que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia. Para el Consejo Fiscal, la propiedad intelectual debe ser tratada "como derecho de propiedad" y no como un derecho fundamental, ya que, "aunque se pueda reconocer su importancia" en las sociedades modernas, "no parece alzarse al mismo nivel" que intereses generales como el orden público o colectivos situados en una posición de debilidad como los menores.
Pues bien, CEDRO, volviendo al meollo, recaudó en 2009 24,46 millones de euros por derechos de autor de los libros, un 41% menos que el año anterior. Lo atribuyen a la rebaja de las tarifas de copia privada. Por eso entre sus peticiones al gobierno está aumentar los derechos por copia privada y el canon a las bibliotecas. Y resulta que precisamente hoy tenemos en Público un texto de opinión escrito por la directora general de CEDRO, de nombre Magdalena Vinent, titulado, mira qué casualidad, "‘E-book’ y derechos de autor". La señora es además presidenta de la Federación Internacional de Entidades de Derechos de Reproducción (IFRRO). Veamos algunas de las perlas vertidas en el artículo: "Está claro que las oportunidades que la tecnología ofrece a escritores, editoriales y lectores con este nuevo soporte son incuestionables (...) Pero ante este nuevo fenómeno también se plantean bastantes incertidumbres, fundamentalmente por el temor a que el libro digital pueda ser pasto de la piratería en la Red, como le ha ocurrido a la música o al cine" [...] "En primer lugar se requiere una amplia oferta legal de libros electrónicos para que los usuarios puedan acceder respetando los derechos de autor a cualquier obra en la Red. Esto supondrá una alternativa para aquellos que alegan que son consumidores de contenidos pirata porque no encuentran una oferta adecuada". [...] "es imprescindible un marco regulatorio y unas herramientas administrativas y judiciales que garanticen que los derechos de propiedad intelectual de los escritores y editores no son vulnerados en Internet, y que, en caso de serlos, existen mecanismos eficaces y efectivos para luchar contra la copia y descarga ilegales de sus obras". "El Gobierno español está trabajando en esta línea, sin embargo su propuesta ha sido muy contestada en determinados ámbitos porque, según sus críticos, va en contra de determinados derechos y libertades, como el de expresión y el del acceso a la información y a la cultura". [...] "luchar contra la vulneración de la propiedad intelectual no tiene por qué suponer atentar contra ningún derecho individual reconocido en el ordenamiento jurídico español" (...) se necesita formar e informar a los ciudadanos (algo similar a lo ya dicho por Antonio Guisasola sobre que falta "pedagogía") sobre los principios de la propiedad intelectual para que sus hábitos de consumo sean responsables y respetuosos con los derechos de autor" (...) se ha generalizado una corriente social que aboga por la "cultura gratis" en la Red [lo que] está generando una gran confusión entre el "derecho a la cultura" y el concepto de "cultura gratis". [...] "Los países más avanzados y con mayores niveles de democracia son los que mejor protegen la propiedad intelectual y cuentan con ciudadanos respetuosos con la creación. En este punto cabe preguntarse en qué lugar quiere situarse España" (...) todavía queda mucho por hacer en España para conseguir salir de los puestos de los países más piratas del mundo. Ser responsable con los derechos de los creadores y de las industrias que los sostienen significa incentivar la sociedad del conocimiento y potenciar el desarrollo económico y social de un país".
Dos apuntes ajenos al tema principal del post: el máximo responsable de la ONU contra el Cambio Climático se va en julio tras el fracaso de la Cumbre de Copenhague y la OMS decide incluir la cepa del virus de la gripe A en la vacuna de la gripe estacional. Será para usar todas las dosis sobrantes.
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