Ésta es la política del Gobierno socialista
Son dos noticias de La Razón, que no es precisamente mi medio de cabecera, pero son un ejemplo, que no un síntoma ni una consecuencia, sino muestras de una forma de hacer política. A este Gobierno, la ciencia y la cultura le dan igual, no les da valor. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, anuncia en Cannes que no frenará las ayudas al cine a pesar de la crisis. Mientras, pese a haberse aprobado el borrador definitivo en el Consejo de Ministros del día 7, diputados y senadores desconocen aún el contenido del proyecto de la Ley de Ciencia.
El Gobierno retrasa otra vez la Ley de Ciencia. Elude enviar al Congreso el proyecto definitivo ya aprobado. (enlace)
La ausencia de texto inquieta a diputados y senadores de los grupos de la oposición, a los que desde el Gobierno se les ha pedido «consenso», pero que carecen de información concreta sobre la que pronunciarse. La situación no es la habitual. Todos los anteproyectos de ley que se aprueban en Consejo de Ministros suelen llegar al Congreso de los Diputados el mismo viernes de su visto bueno o a la mañana siguiente. (...) La norma se anunció a bombo y platillo con la creación del Ministerio al inicio de la Legislatura, en abril de 2008. Iba a sustituir a la obsoleta Ley de Ciencia de 1986 y propiciar el cambio de modelo productivo de España, del ladrillo a la investigación. Meses después del anuncio se distribuyó un primer borrador de tanteo en febrero de 2009, pero la iniciativa quedó en dique seco durante casi un año. (...) con un texto que nadie ha visto y unas propuestas sobre la carrera profesional que no convencen a los investigadores, la llave que iba a "facilitar el cambio de modelo productivo", tal y como la "vendió" el Gobierno, no llega. Y en los tiempos que corren, sus promesas se esperan como agua de mayo.
González-Sinde: "Guardans, tranquilo". La ministra descarta reestructurar la dirección general del ICAA. (enlace)
La ministra repasó con los periodistas algunas preocupaciones que afectan a su Ministerio, como las quejas de los productores por que los recortes presupuestarios afecten también al cine: "Estamos trabajando para poder racionalizar dichos recortes y que afecten lo menos posible a las estructuras de las industrias culturales, para que, en la medida de lo posible, quede salvaguardada la producción". Considera que "ahora que contamos con el apoyo del público y la confianza de los distribuidores no es el momento de que se detenga" el respaldo público. Y zanjó la cuestión con que "hay que buscar vías para blindar estas canteras de talentos". Sobre si estos recortes podrían afectar a la dirección general del ICAA, como ha ocurrido en otro departamento suyo, la ministra señaló, delante del interesado, que "Guardans puede estar tranquilo".
Y lo peor, al final del artículo. Sinde vuelve a dejar claro lo que piensa este Gobierno. Justifica la supresión de la Dirección General de la Biblioteca Nacional, que supuso la marcha de Milagros del Corral, aludiendo a que "No atiende a un sector productivo como el ICAA o el INAEM. No era tan importante que la Biblioteca tuviera una dirección general como tampoco la tiene El Prado o El Reina Sofía. Lamento que Del Corral no lo viera así". Es decir, alude únicamente a motivos económicos. No ve el valor intrínseco de la cultura y, específicamente en este caso, del patrimonio bibliográfico de un país. Un valor no mesurable en dinero. La frase "No atiende a un sector productivo" es clara: a la ministra, y es de suponer que al Gobierno en general, que debe compartir su criterio, sólo le vale lo que dé ganancias en la cuenta de resultados. Y por lo que parece de la ciencia piensan lo mismo.
Les dejo con una carta que ha enlazado el periódico Diagonal en su página de Facebook. Es la "Instancia de un funcionario al excelentísimo señor presidente del Gobierno de España". Se puede hallar aquí y dice cosas interesantes: "Revisada la constitución del reino de España (que por ahora y hasta que no sea derogada continúa en vigor) no se menciona en ninguno de sus artículos a los mencionados “inversores” ni “mercados financieros”, ni menos que el gobierno del estado esté obligado a supeditar su política a dichos señores. Tampoco consta que el reino de España ni la Unión Europea hayan firmado tratado ni convenio alguno con los mencionados señores por los que este país haya cedido en favor suyo la soberanía en materia económica (...) Las SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable), vehículo favorito de las grandes fortunas de este país, tributa el 1% en el impuesto de sociedades, cuando el tipo general es del 30% (...) Las entidades financieras de este país obtuvieron durante el año 2009 beneficios por importe de 16.000 millones de euros. Gran parte de esos beneficios fueron obtenidos comprando deuda pública del Estado a largo plazo al 4%, cuando a la banca el mismo Estado la está financiando con ingentes cantidades de dinero al 1% (...)". Y el resto lo leen allí, por favor.
Además, en Público. Sobre el número de funcionarios existente. En España no hay tantos funcionarios como sí los hay en las consolidadas democracias y estados del bienestar del norte de Europa, como Dinamarca, Suecia y Finlandia. La catedrática Miren Etxezarreta no duda en afirmar que "el sector público está subdimensionado tanto en el tipo de personal como en gasto, que es inferior a la media. Además, hay muchas necesidades de la sociedad que se tendrían que cubrir". Según los datos del Observatorio Social de España, por cada 100 habitantes, hay 6,5 empleados públicos. Una cifra muy alejada de los 17 de Dinamarca o de los 14 de Suecia. Expertos de izquierdas indican que España tiene el mayor déficit en la protección social a la infancia y a la dependencia. Hacen falta hospitales, escuelas, guarderías... Por otro lado hay áreas 'infradotadas' y otras 'sobredotadas' de personal. En el primer grupo estarían la sanitaria y la educativa. Lo que quiere decir el artículo es que otros países tienen más funcionarios porque destinan más medios a áreas como educación y sanidad públicos, donde aquí falta personal.
También está la entrevista a Juan Francisco Martín Seco. Economista y ferviente defensor de lo público, analiza los orígenes reales de la crisis financiera y critica el liberalismo, afirmando que Zapatero debería haber tomado medidas contra la crisis nada más llegar al Gobierno... en la primera legislatura: "La crisis estaba cantada. Llevábamos ocho años con el crecimiento basado en el crédito. Zapatero compró la mercancía averiada y asumió que la economía iba bien".
En otro relevante texto de fondo, economistas de izquierdas plantean posibilidades de recorte para evitar la congelación de las pensiones o la rebaja del salario de los funcionarios anunciadas por Zapatero. ¿Dónde? Retirando las tropas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones de ahorro) y eliminando la inversión en I+D de la industria militar prevista para 2010 (950 millones) se lograría el mismo efecto sobre los presupuestos públicos que congelando las pensiones. La eliminación de las exenciones que se aplican a los premios de loterías, apuestas y sorteos, que permitiría un ingreso a las arcas públicas de 1.165 millones, suficientes para ahorrarse la mitad del tijeretazo al sueldo de los funcionarios este año (2.250 millones). La supresión de 20.000 cargos de libre designación supondría un ahorro de 1.120 millones al año. También sugieren eliminar el FROB, las clases de religión o la casilla a la Iglesia Católica en el IRPF. Pero el Gobierno prefiere sacrificar otras cosas según hemos visto.
El Gobierno retrasa otra vez la Ley de Ciencia. Elude enviar al Congreso el proyecto definitivo ya aprobado. (enlace)
La ausencia de texto inquieta a diputados y senadores de los grupos de la oposición, a los que desde el Gobierno se les ha pedido «consenso», pero que carecen de información concreta sobre la que pronunciarse. La situación no es la habitual. Todos los anteproyectos de ley que se aprueban en Consejo de Ministros suelen llegar al Congreso de los Diputados el mismo viernes de su visto bueno o a la mañana siguiente. (...) La norma se anunció a bombo y platillo con la creación del Ministerio al inicio de la Legislatura, en abril de 2008. Iba a sustituir a la obsoleta Ley de Ciencia de 1986 y propiciar el cambio de modelo productivo de España, del ladrillo a la investigación. Meses después del anuncio se distribuyó un primer borrador de tanteo en febrero de 2009, pero la iniciativa quedó en dique seco durante casi un año. (...) con un texto que nadie ha visto y unas propuestas sobre la carrera profesional que no convencen a los investigadores, la llave que iba a "facilitar el cambio de modelo productivo", tal y como la "vendió" el Gobierno, no llega. Y en los tiempos que corren, sus promesas se esperan como agua de mayo.
González-Sinde: "Guardans, tranquilo". La ministra descarta reestructurar la dirección general del ICAA. (enlace)
La ministra repasó con los periodistas algunas preocupaciones que afectan a su Ministerio, como las quejas de los productores por que los recortes presupuestarios afecten también al cine: "Estamos trabajando para poder racionalizar dichos recortes y que afecten lo menos posible a las estructuras de las industrias culturales, para que, en la medida de lo posible, quede salvaguardada la producción". Considera que "ahora que contamos con el apoyo del público y la confianza de los distribuidores no es el momento de que se detenga" el respaldo público. Y zanjó la cuestión con que "hay que buscar vías para blindar estas canteras de talentos". Sobre si estos recortes podrían afectar a la dirección general del ICAA, como ha ocurrido en otro departamento suyo, la ministra señaló, delante del interesado, que "Guardans puede estar tranquilo".
Y lo peor, al final del artículo. Sinde vuelve a dejar claro lo que piensa este Gobierno. Justifica la supresión de la Dirección General de la Biblioteca Nacional, que supuso la marcha de Milagros del Corral, aludiendo a que "No atiende a un sector productivo como el ICAA o el INAEM. No era tan importante que la Biblioteca tuviera una dirección general como tampoco la tiene El Prado o El Reina Sofía. Lamento que Del Corral no lo viera así". Es decir, alude únicamente a motivos económicos. No ve el valor intrínseco de la cultura y, específicamente en este caso, del patrimonio bibliográfico de un país. Un valor no mesurable en dinero. La frase "No atiende a un sector productivo" es clara: a la ministra, y es de suponer que al Gobierno en general, que debe compartir su criterio, sólo le vale lo que dé ganancias en la cuenta de resultados. Y por lo que parece de la ciencia piensan lo mismo.
Les dejo con una carta que ha enlazado el periódico Diagonal en su página de Facebook. Es la "Instancia de un funcionario al excelentísimo señor presidente del Gobierno de España". Se puede hallar aquí y dice cosas interesantes: "Revisada la constitución del reino de España (que por ahora y hasta que no sea derogada continúa en vigor) no se menciona en ninguno de sus artículos a los mencionados “inversores” ni “mercados financieros”, ni menos que el gobierno del estado esté obligado a supeditar su política a dichos señores. Tampoco consta que el reino de España ni la Unión Europea hayan firmado tratado ni convenio alguno con los mencionados señores por los que este país haya cedido en favor suyo la soberanía en materia económica (...) Las SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable), vehículo favorito de las grandes fortunas de este país, tributa el 1% en el impuesto de sociedades, cuando el tipo general es del 30% (...) Las entidades financieras de este país obtuvieron durante el año 2009 beneficios por importe de 16.000 millones de euros. Gran parte de esos beneficios fueron obtenidos comprando deuda pública del Estado a largo plazo al 4%, cuando a la banca el mismo Estado la está financiando con ingentes cantidades de dinero al 1% (...)". Y el resto lo leen allí, por favor.
Además, en Público. Sobre el número de funcionarios existente. En España no hay tantos funcionarios como sí los hay en las consolidadas democracias y estados del bienestar del norte de Europa, como Dinamarca, Suecia y Finlandia. La catedrática Miren Etxezarreta no duda en afirmar que "el sector público está subdimensionado tanto en el tipo de personal como en gasto, que es inferior a la media. Además, hay muchas necesidades de la sociedad que se tendrían que cubrir". Según los datos del Observatorio Social de España, por cada 100 habitantes, hay 6,5 empleados públicos. Una cifra muy alejada de los 17 de Dinamarca o de los 14 de Suecia. Expertos de izquierdas indican que España tiene el mayor déficit en la protección social a la infancia y a la dependencia. Hacen falta hospitales, escuelas, guarderías... Por otro lado hay áreas 'infradotadas' y otras 'sobredotadas' de personal. En el primer grupo estarían la sanitaria y la educativa. Lo que quiere decir el artículo es que otros países tienen más funcionarios porque destinan más medios a áreas como educación y sanidad públicos, donde aquí falta personal.
También está la entrevista a Juan Francisco Martín Seco. Economista y ferviente defensor de lo público, analiza los orígenes reales de la crisis financiera y critica el liberalismo, afirmando que Zapatero debería haber tomado medidas contra la crisis nada más llegar al Gobierno... en la primera legislatura: "La crisis estaba cantada. Llevábamos ocho años con el crecimiento basado en el crédito. Zapatero compró la mercancía averiada y asumió que la economía iba bien".
En otro relevante texto de fondo, economistas de izquierdas plantean posibilidades de recorte para evitar la congelación de las pensiones o la rebaja del salario de los funcionarios anunciadas por Zapatero. ¿Dónde? Retirando las tropas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones de ahorro) y eliminando la inversión en I+D de la industria militar prevista para 2010 (950 millones) se lograría el mismo efecto sobre los presupuestos públicos que congelando las pensiones. La eliminación de las exenciones que se aplican a los premios de loterías, apuestas y sorteos, que permitiría un ingreso a las arcas públicas de 1.165 millones, suficientes para ahorrarse la mitad del tijeretazo al sueldo de los funcionarios este año (2.250 millones). La supresión de 20.000 cargos de libre designación supondría un ahorro de 1.120 millones al año. También sugieren eliminar el FROB, las clases de religión o la casilla a la Iglesia Católica en el IRPF. Pero el Gobierno prefiere sacrificar otras cosas según hemos visto.
Comentarios