sábado, junio 06, 2009

El Gobierno del PSOE suspende de modo clamoroso en Derechos Humanos

Este pasado martes día 2, 98 organizaciones y asociaciones pro-derechos humanos y profesionales del sector jurídico, así 329 personas del ámbito de la Justicia, la Universidad y el Periodismo presentaron en Madrid un Manifiesto conjunto sobre la reforma legislativa que busca limitar la llamada jurisdicción universal de la Audiencia Nacional, y que contó con una abrumadora mayoría a favor de la medida en la votación celebrada en el Congreso.

Organizaciones como Amnistía Internacional (acceso al Manifiesto) o Human Rigths Watch (HRW) lo consideran "una conquista irrenunciable de la democracia que posibilita que los crímenes internacionales no queden impunes. Esto engrandece la calidad democrática de nuestro sistema judicial y el compromiso con la defensa de los Derechos Humanos", asegura el manifiesto. Para todos ellos, la credibilidad española está en juego. "La ley ha sido eficaz contra los déspotas del Tercer Mundo, pero cede ante los poderosos", en referencia a EE.UU., China y Rusia. Si la reforma se aprueba, no descartan recurrir ante el TC porque, afirman, España estaría incumpliendo sus compromisos con los Derechos Humanos. Consideran que limitar la jurisdicción universal sería tanto como "un acto de encubrimiento" en casos de genocidio.

SOS Racismo ha alertado además de la "consolidación" de la xenofobia institucional y el endurecimiento del discurso político en materia de inmigración en 2008 como "consecuencia" de la crisis económica, así como culpa al Gobierno de "fomentar la xenofobia" al vincular crisis e inmigración -por ejemplo con el Plan de Retorno Voluntario- según recoge su Informe Anual 2009 sobre racismo en el Estado Español. Consideran que el llamado "racismo institucional" se materializa con el "cambio de discurso del Gobierno y la propuesta de nuevas leyes", que muestran la "cara más xenófoba y conservadora" del Ejecutivo socialista.

Además, diversos colectivos como el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Económico y Social, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y todo tipo de ONG y colectivos de extranjeros han criticado recientemente (en abril) el anteproyecto de Ley de Extranjería que preparaba el Gobierno, al entender que "criminaliza al inmigrante en situación irregular", "incumple convenios internacionales" y "concibe el internamiento como un instrumento represivo", además de criticar al Gobierno por su "falta de diálogo", su "falta de transparencia" y su "alto secretismo" a la hora de la elaboración. La Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine) se manifestó contra este borrador y la política europea de inmigración.

El Ejecutivo presentó en mayo un nuevo texto que dice haber tenido en cuenta las diversas aportaciones de los organismos a los que el texto fue sometido a consulta. Destaca el tratamiento a las víctimas de violencia de género en situación irregular, suaviza la reagrupación familiar y el internamiento de los indocumentados (llamados despectivamente "sin papeles") y aclara que las ONG no serán penalizadas por prestarles ayuda. No obstante, mantiene la filosofía restrictiva de la primera versión.

El miércoles 18 de junio de 2008, 16 europarlamentarios socialistas españoles rompieron el voto de su grupo y apoyaron la directiva sobre expulsión de inmigrantes y deportación de menores aprobada en el Parlamento Europeo. Una propuesta defendida, entre otros, por el Partido Popular, la Alianza Nacional de Gianfranco Fini, la Liga Norte de Umberto Bossi y el partido polaco de los hermanos Kaczynski, uno de ellos empleado por el PSC en su propaganda electoral encaminada a no votar a la derecha. Como escribió Soledad Gallego-Díaz, Zapatero y De la Vega se empeñaron en explicar entonces que la directiva "no afecta a la legislación española". Cuando los estados miembros están obligados a transponer el contenido de las directivas comunitarias. El texto aprobado dice que los inmigrantes sin documentación podrán permanecer detenidos "hasta 18 meses", de modo que, aunque se dijo que nunca se llegaría a semejante plazo, el Gobierno socialista dio así vía libre a que cualquier futuro gobierno español, sea del color que sea, pueda ampliar el internamiento hasta dicho tope, renunciando así a poder criticar cualquier decisión que, en materia de internamiento de inmigrantes no documentados, pueda adoptar el Partido Popular en el futuro. El ponente de la directiva recordó que el Gobierno del PSOE presionó para endurecer la norma.

En el marco de la crisis económica mundial, Amnistía Internacional parece dar un claro giro a la izquierda en su informe anual 2009, afirmando que la actual recesión es una crisis de derechos humanos. AI denuncia las restricciones migratorias como consecuencia de la crisis económica en la Unión Europea y Estados Unidos. La organización critica estas políticas "abiertas o solapadas de discriminación, marginación y exclusión adoptadas o toleradas por el Estado y aplicadas con la connivencia de empresas o actores privados".

"Es patente que los gobiernos no sólo han renunciado a la regulación económica y financiera en favor de las fuerzas del mercado, sino que además han fracasado estrepitosamente a la hora de proteger los derechos humanos, la vida y el sustento de las personas. Miles de millones de personas sufren inseguridad, injusticia y humillación. Estamos ante una crisis de derechos humanos", dijo a BBC Mundo la secretaria general de la organización, Irene Khan.

El Informe 2009 de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos en el mundo, referido a España, pone de manifiesto que los esfuerzos de las autoridades para controlar la inmigración, en colaboración con la Unión Europea y algunos países africanos, pusieron en peligro los derechos de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo. Los acuerdos de readmisión firmados entre España y numerosos países del norte y oeste de África no incluían garantías adecuadas en materia de derechos humanos.

AI advierte de que la crisis está acentuando la repatriación de inmigrantes a países donde no se garantiza el respeto de los derechos humanos, como Marruecos, Mauritania y Libia. Otra denuncia sobre España es que fue en 2008 el octavo país del mundo que más armas exportó, incluyendo entre los destinatarios a naciones "donde se cometen graves violaciones de derechos humanos y con conflictos armados donde la población civil está atrapada", denunció la Sección Española de AI. Entre los países receptores se encontraban Israel, Colombia, Marruecos y Pakistán, donde la población civil se encuentra "en una grave situación".

Se recibieron numerosos informes de tortura y otros malos tratos atribuidos a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, unas denuncias que no daban lugar sistemáticamente a investigaciones independientes, prontas y exhaustivas, que se sigan considerando estas denuncias como parte de una estrategia para desacreditar al Estado -sobre todo en los casos de terrorismo-, que los casos judiciales avancen con lentitud y escasa diligencia, y que se impongan penas leves a los agentes a los que se declara culpables. En este sentido, AI equipara a España con Turquía, Kazajistán, Rusia, Ucrania y Uzbekistán en cuanto a la respuesta judicial que se da a las denuncias de tortura y malos tratos de detenidos para obtener confesiones.

Algunos casos de negligencia en materia de devoluciones recogidos en el informe:

- El 22 de julio de 2008, Basel Ghalyoun fue devuelto a Siria, a pesar de que podía correr riesgo de tortura y detención arbitraria en ese país. Ni él ni su abogado habían sido informados de la orden de expulsión, y su abogado no pudo recurrirla antes de que Ghalyoun fuese expulsado. A su llegada a Siria, fue detenido y recluido en régimen de incomunicación en un lugar no revelado.
- El 31 de diciembre, Murad Gasayev, ciudadano ruso de origen checheno, fue extraditado a Rusia a pesar de que existían indicios de que correría riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos, así como de ser sometido a juicio sin las debidas garantías.

Con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo, Amnistía Internacional se ha dirigido a los candidatos y candidatas recordándoles que los derechos humanos deben ocupar un lugar relevante no sólo en el discurso europeo sino también en las acciones, programas y planes de la Unión Europea, impulsando una política coherente sobre los mismos dentro y fuera de los estados miembros.

La lista elaborada por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) coloca a España como uno de los países europeos que más discrimina a los musulmanes que viven en su territorio, en quinto lugar tras Malta, Italia, Finlandia y Dinamarca, según el estudio presentado en la Casa Árabe de Madrid. La encuesta se ha realizado en 14 países comunitarios. El 43% de los encuestados en España declara haber sido parado por la policía en los últimos 12 meses y el 72% lo atribuye a sus características raciales.

- Evaluación de CEAS-Sáhara sobre las referencias a la libre autodeterminación del Sáhara Occidental en el programa electoral de las elecciones europeas:
Incluye una breve referencia en el final del párrafo dedicado al Oriente Medio, dentro de la sección "La Unión Europea: actor global" de su Programa Electoral PSOE Europeas 2009, en la página 17: "Los socialistas tenemos como objetivo estratégico el apoyo a una paz justa en Oriente Próximo. Sostenemos la existencia de dos Estados, con fronteras internacionalmente reconocidas, lo que comporta la creación de un Estado palestino independiente y democrático, que viva en paz y respeto mutuo con Israel. Queremos desterrar de Oriente Medio las armas de destrucción masiva, lo que exige trabajar también en una vía dialogada con Irán. Apoyamos, asimismo, una solución justa, aceptable por las partes y duradera para el Sahara Occidental, de acuerdo con las Resoluciones de la ONU ".

Aunque, irónicamente, el anterior párrafo de su programa dice: "La Presidencia española de 2010 organizará la Conferencia de Autoridades locales y regionales, el Encuentro civil Euromed, el Foro empresarial Euromed y la Conferencia de Mujeres, y la reunión de la Asamblea Parlamentaria Euromed. Y promoverá la profundización en el Estatuto Avanzado de Asociación con Marruecos ya alcanzado ".

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