La Ley Sinde, una imposición externa

Lo sospechaba mucha gente y se publicó. Me tengo que ir hasta el 9 de diciembre del año pasado, cuando Ignacio Escolar escribió que EE UU presionaba a España a cuenta del peer to peer (P2P) y se menciona que España lleva dos años en la llamada Lista 301, una lista negra de los países donde más se atenta contra el copyright estadounidense. Las revelaciones de Wikileaks demuestran que la permanencia o no de nuestro país en esa lista fue una de las armas empleadas por la Administración estadounidense, con la embajada como intermediario de las gestiones, para lograr que en España prosperase un endurecimiento de la legislación contra las descargas, plasmado en la famosa "Ley Sinde" que se encuentra en el anexo de la Ley de Economía Sostenible (LES), en estos momentos en tramitación parlamentaria. En el transcurso de esas fructíferas presiones, El País así lo ilustra en un gráfico, mantuvieron reuniones secretas con miembros del Gobierno, así como con el presidente del PP. Se trató por ejemplo del vicepresidente de AOL Time Warner en 2005, o del presidente de la Motion Pictures Association en 2008. El actual embajador de EE UU se reunió con Mariano Rajoy en enero de este año ante el hecho de que el PP se manifestara públicamente del lado de los internautas. La entonces llamada Disposición Final Segunda, colada de rondón en la LES para luchar contra las descargas, motivó como sabemos una ola de protestas que se ve reflejada en el cable 238.241, de 4 de diciembre de 2009, donde se cita el "Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet", pensado y escrito contra dicha Disposición, se comenta la reunión de un grupo de sus firmantes con la ministra de Cultura y se menciona de forma expresa al abogado Carlos Sánchez Almeida, que entre otras cosas mantiene un blog en El Mundo, y que se encargó de la defensa del sitio de enlaces "elrincondejesús", que es mencionado en otro de los cables de la embajada de EE UU. Su dueño fue absuelto por el Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona de los cargos que le imputaba la SGAE.

La mención a Sánchez Almeida se refiere precisamente a uno de sus textos para El Mundo, aquel donde hablaba de la "siniestra Sección Segunda". Le citan como "el autoproclamado (sic) 'Abogado del Navegante', cuando en realidad ése no es otro que el nombre del blog donde se escribió la pieza. Sánchez Almeida no se ha autoproclamado nada. En este caso yo casi hablaría de ignorancia o de estupidez por parte de quien redactó el cable. En el texto vemos burradas como una traducción literal del nombre de la coalición Izquierda Unida como "United Left".

Veamos parte del contenido del cable 238.241:

"Internet users' associations have reacted with shrill denunciations. A manifesto harshly critical of the government's proposals that appeared on the Internet early on December 2 has reportedly garnered tens of thousands of adherents".

"The Minister of Culture met with a group of Internet experts in an effort to restore calm, and the Presidency put out a clarifying press release".

"Final Disposition 1 of the draft LES proposes to add "safeguarding intellectual property rights" to this list of interests that could justify interrupting service or removing offending material. (...) In support of these measures, LES would also amend the RLD 1 to expand the jurisdiction of an existing Intellectual Property Commission affiliated with the Ministry of Culture".

"The draft law would establish a "Second Section" of the Commission as the "competent organ" under LSSI Articles 8 and 11 (which requires service providers to cooperate with such entities)".

"The Manifesto argues that "copyright cannot be placed above citizens' fundamental rights such as privacy, security, the presumption of innocence, effective judicial protection, and freedom of expression." Its authors decry the empowerment of an administrative entity to do judges' work, and claim that bypassing the judicial system violates due process".

"Several attorneys specializing in telecommunications and Internet law published op-eds opposing the measures, arguing that websites should not be shut down without a judicial order. An opinion piece in daily El Mundo by self-proclaimed "Surfer's Lawyer" Carlos Sanchez Almeida, entitled "Closing Websites: The Sinister Second Section," denounces "the systematic contempt with which our political class treats the judicial power."



El texto, en definitiva, como el anteriormente publicado por El País donde se mencionaban las presiones para cerrar el 'caso Couso' (ver entrada anterior) y las investigaciones sobre Guantánamo y los vuelos secretos de la CIA sobre territorio español, pone de manifiesto una terrible evidencia: no sólo hubo gestiones y presiones de un estado extranjero, cometiendo una clara injerencia en el devenir de la política interna y la justicia de España, es decir, vulnerando la soberanía nacional de otro país, sino que además los gobernantes y fiscales españoles fueron receptivos a estas presiones, hasta el punto de pergeñar legislaciones ad hoc para satisfacer en la medida de lo posible las pretensiones estadounidenses. En el caso de delitos cometidos por nacionales de EEUU contra españoles (Couso, arresto ilegal de cinco españoles o residentes por supuestos delitos terroristas) o en territorio español (los arrestos y los vuelos secretos), una de las claves era la modificación de la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional, lo que finalmente se hizo por parte del Gobierno, pero no para contentar a EE UU sino a Israel. En el caso de la propiedad intelectual, estas presiones derivan en el anexo a la LES.

Como bien ha comentado Sánchez Almeida a Público, "Se ha confirmado lo que veníamos denunciando el último año. Nuestras leyes vienen impuestas desde fuera (...)". Y, como denuncia, mientras se hacen estas revelaciones, el Gobierno, el principal partido de la oposición y las entidades de gestión tienen la boca oportunamente cerrada, no ya con esparadrapo, más bien con grapas. Estos entes "están defendiendo unos intereses, los de la industria del entretenimiento de EEUU, distintos a los que deberían defender, los de los ciudadanos españoles". Zapatero ha pasado de no levantarse al paso de la bandera de EE UU, o de retirar las tropas de Irak, a bailarle el agua a la industria del entretenimiento estadounidense, cuando lo que debería defender es a la cultura española. Sin duda esto es más propio de una república bananera que de una democracia consolidada y verdadera.