Couso, Protsyuk: justicia (se busca)

Por una sola de las revelaciones de Wikileaks, de las que afectan a España, ya vale la pena que hayan sido filtradas y publicadas. Me refiero al hecho de que la embajada de EE UU en Madrid moviera los hilos para tratar de parar las investigaciones de la justicia española sobre los vuelos secretos de la CIA, las torturas en Guantánamo y, sobre todo, el asesinato a sangre fría del cámara de Telecinco, José Couso, sin olvidar que en el mismo ataque falleció Taras Protsyuk, cámara de Reuters (ver los cables). Se asegura que fiscales y ministros colaboraron para que no fructificaran las órdenes de detención contra los tres soldados de EEUU que cañonearon sin justificación el Hotel Palestina.


El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, fueron informando puntualmente a la sede diplomática estadounidense, según relatan los cables, de los movimientos para cerrar la investigación, a pesar de que hoy Conde Pumpido haya salido a defenderse y negarlo todo, asegurando que la justicia española no cede a presiones ni injerencias. La causa sigue abierta pese a todo y la lleva el juez Pedraz.

Estas son las dos ovejas negras del lado de la judicatura, pero hay otros tres que en ese momento eran miembros del Gobierno de España y que según se desvela también trataron de hacer esfuerzos por el cierre de, principalmente, el caso Couso. Se trata de la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega (hoy en el Consejo de Estado como premio), el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar (en el Parlamento Europeo) y el ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos (diputado raso en la actualidad).

Los cinco, y algún otro alto cargo de menor rango, serían culpables de intentar torpedear una investigación por asesinato. Y lo más probable es que, pese a ello, no les pase nada. Con todo, no debemos pasar por alto los nombres de los autores materiales de la muerte de Couso y Protsyuk: el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson.

Quien comunicó a la entonces secretaria de Estado Condoleezza Rice que el Gobierno y los fiscales estaban colaborando para cerrar la investigación sobre el caso Couso fue el embajador estadounidense de la época, de nombre Eduardo Aguirre, en un telegrama confidencial.

Tanto Rodríguez Zapatero, como Moratinos, como la actual ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, han dado la callada por respuesta y han salido por patas cuando la prensa les ha preguntado por estas revelaciones en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Mientras, la persecución contra Julian Assange, buscado por una poco consistente acusación de violación, continúa. Se ha vuelto el enemigo público número 1 de EE UU. También se ataca al sitio web de Wikileaks o a su cuenta de Twitter, con ataques de denegación de servicio (DDoS). El último episodio consiste en que Amazon ha dejado de albergar la página de Wikileaks debido a las presiones del Gobierno de Estados Unidos.

Cristina Fernández Pereda, de El País, indica que el sitio "Talking Points Memo" relata cómo logró Joe Lieberman, presidente del comité de Seguridad Nacional del Senado, presionar a Amazon para que dejara de alojar a Wikileaks en sus servidores.

La frase que soltó Hillary Clinton el primer día fue antológica. La secretaria de Estado estadounidense dijo que la revelación de Wikileaks "es un ataque a la comunidad internacional". No, si la "comunidad internacional" es algo más que EE UU, que es el país afectado por las filtraciones, que demuestran que usa sus embajadas y consulados, no para fortalecer relaciones con los países donde están radicadas, sino para espiar a sus gobernantes. Lo ha dejado muy claro el jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández: los documentos del Departamento de Estado son un "problema de Estados Unidos".

El catedrático de Periodismo de la UMA Bernardo Díaz Nosty (la universidad tampoco escapa al debate) ha comentado este miércoles qué ocurre con eso de la supuesta amenaza a la seguridad con la fábula de una zorra que se dedica a cuidar gallinas y que, cuando ha visto que se le han escapado unas cuantas, reúne a todas las demás y les dice que estén tranquilas, que ella las va a proteger, y que para eso va a reforzar las vallas que rodean el gallinero, de modo que no pueda escapar ninguna más. Vamos, de hecho Barack Obama ha creado una comisión para frenar las fugas masivas de información, presidida por un alto responsable de la lucha contra el terrorismo.

El NYT, uno de los diarios que ha recibido los cables, mandó los documentos en primer lugar a la mismísima Casa Blanca para que les diera el visto bueno acerca de lo que se podía publicar y lo que no, de modo que además la señora Clinton está montando el espectáculo porque ya estaba avisada de lo que iba a pasar. De modo que la información estratégica o comprometida no va a ver la luz, al menos en los cinco diarios que han recibido la documentación. Eso quiere decir que quien quiera verlos tiene que entrar en Wikileaks. Algunos medios de comunicación alternativos en España ya han dicho que van a ir traduciendo y publicando esas partes oscuras que El País se va a reservar.

El propio periódico del Grupo Prisa dejaba claro desde un primer momento que iba a colaborar con la administración estadounidense en la no difusión de según qué cosas amparándose en la seguridad de dicha nación y de las fuentes informativas. Así, leemos que "todos los medios han hecho un esfuerzo supremo por evitar la revelación de episodios que pudieran suponer un riesgo para la seguridad de cualquier país, particularmente de Estados Unidos, el más expuesto por estas revelaciones. Por esa razón, algunos de los documentos que serán puestos a disposición de nuestros lectores a partir de hoy aparecerán parcialmente mutilados". ¿A quién o a qué se está protegiendo realmente? Y se continúa diciendo que El País "ha operado de forma responsable con el país objeto de la filtración con la intención de causar el menor daño posible. Entre otras precauciones, se ha decidido aceptar los compromisos a los que The New York Times llegue con el Departamento de Estado para evitar la difusión de determinados documentos".

Otro apunte interesante del profesor Díaz Nosty: resulta cuando menos contradictorio que Soraya Sáenz de Santamaría haya declinado opinar sobre lo que dicen los documentos de Wikileaks argumentando que el contenido de las informaciones difundidas por Wikileaks "no ha sido confirmado" y que el PP no se pronunciará de momento sobre las mismas porque es un "partido serio y responsable", mientras que al mismo tiempo, con menos pruebas aún, sí se atrevan desde el PP a poner en cuestión la solvencia de las entidades financieras españolas.

Igual es que en el PP no quieren pronunciarse sobre Wikileaks por si sale algo relacionado con la última etapa de gobierno de José María Aznar, quien por cierto ha dicho que las revelaciones le parecen simples "cotilleos". Y en verdad tiene razón, porque eso parecía la práctica totalidad de lo que El País vendió a bombo y platillo el primer día. Quizá por eso, y porque estas revelaciones pertenecen a la etapa Bush, es por lo que EEUU dio el visto bueno a su difusión (y para ver dónde estaba el agujero). Ex diplomáticos españoles consideran que desde EE UU se ha exagerado el peligro de la filtración y celebran que ésta haya tenido lugar.

Postdata. Entrevista a Javier Couso en 'La Noche en 24 Horas'. "¿Qué hace un gobierno, de mi país, con la Fiscalía General del Estado, prometiéndole a un gobierno extranjero que va a hacer todo lo posible para que no se investigue lo que le ha pasado a un ciudadano español? Eso para mí son relaciones de república bananera frente a la metrópoli, no de una potencia media como es España, que es un estado de derecho, que además ha firmado el cumplir las condiciones de Ginebra".

- Qué se ha dicho de las revelaciones sobre el caso Couso:

Javier Couso (hermano): "Lo que hace EEUU con sus tropelías es como proteger a criminales de guerra", en El País.

"Couso, el enemigo está en casa", por Ramón Lobo.

"Wikileaks y el caso Couso"
, por Olga Rodríguez, testigo ocular del asesinato.

"Los ministros mienten (y no tenemos derecho a saberlo)", por Íñigo Sáenz de Ugarte.

"La democracia teatral", por Ignacio Escolar.

- Sobre Wikileaks:

Entrevista de Andy Greenberg (Forbes) a Julian Assange.

"Amazon no soporta la presión" y "Assange y el sistema", por Íñigo Sáenz de Ugarte.

"WikiLeaks: Secrets shared with millions are not secret", Max Frankel, The Guardian.

"Wikileaks Evolves", Raffi Khatchadourian, The New Yorker.

"La revolución de Julian Assange", por Pepe Cervera, Retiario.

En Proyecto Equo, "Wikileaks o la democracia transparente".

Postdata. Enrique Dans: "Wikileaks: buscando el eslabón débil".

Por si le pasara algo, M.Á. Bastenier nos cuenta que Assange "ha dejado debidamente codificado un paquete de nuevas revelaciones de 1,4 gigabites, equivalente a varias veces el volumen de los 250.000 documentos del Departamento de Estado, que está preparado para su detonación si llegara el momento". Él mismo ya ha dejado algunas pistas: afectaría a dos bancos estadounidenses, a petroleras y a farmacéuticas. Lo dice en la entrevista con Greenberg.

Este jueves, El País dedica su portada a la connivencia del Gobierno de Zapatero para echar tierra sobre los vuelos secretos de la CIA. Así, Miguel González escribe que el Gobierno socialista y la Embajada de EE UU en Madrid "coincidieron, ante el estallido en 2005 del escándalo de los vuelos de la CIA, en minimizar su impacto en la opinión pública y evitar fricciones por las investigaciones judiciales, según informes confidenciales estadounidenses". Aún más: "Tras un encuentro en 2006 entre la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y el embajador Eduardo Aguirre, un cable confidencial expuso: “De la Vega subrayó que España no tiene reparos a los vuelos de inteligencia [de la CIA y otras agencias] a través del territorio español; ellos simplemente quieren ser informados”. En esos vuelos iban supuestos terroristas capturados ilegalmente y torturados después en cárceles secretas. La embajada de EE UU también trató de impedir que este procedimiento prosperara en la justicia española. Expertos penales creen que la fiscalía vulneró la ley en sus tratos con EE UU.

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