Zaplana, de mentiroso a adivino y... ¿transgresor de la ley?

Por la tarde, en Alicante y en un mitin de su partido, coincidente con la retahila de congresos provinciales que están teniendo, Eduardo Zaplana se atrevió a pronosticar que habrá elecciones generales, a más tardar, en la primavera de 2006, ya que no cree que el Gobierno socialista aguante más allá de esa fecha. Tras asombrarme con sus dotes de vidente y con que sepa mejor que el propio Gobierno cuando serán las elecciones, y cuando aún no me había recuperado de la impresión me entero, por una nueva exclusiva de la Cadena Ser, el azote del PP, de que en un informe preliminar el Tribunal de Cuentas considera que la mayor parte de los contratos de imagen y publicidad adjudicados por Zaplana en su etapa al frente del ministerio de Trabajo vulneran la ley de contratos del estado. Y que además de adjudicarse, algunos de ellos, como el de la revalorización de las pensiones en 2003, mediante un procedimiento urgente sin publicidad, las relacionan directamente con la intención de fomentar una imagen favorable del Gobierno del PP, antes que el propósito de ofrecer información institucional.

La campaña para publicitar la revalorización de las pensiones, que empezó en octubre de 2002 y culminó en enero de 2003, además de vulnerar la ley de contratos del estado, no era necesaria, no fue neutral, y mucho menos se trató de información institucional, ya que según relatan los autores del anteproyecto está llena de mensajes que relacionan la revalorización de las pensiones con el PP.

Los autores del informe señalan que algunas de las empresas beneficiadas trabajaron para el Partido Popular en las elecciones autonómicas del 2003. En concreto en Valencia, Canarias, Baleares y Madrid. La de las pensiones, de más de seis millones de euros, fue para Carat, la empresa que preside el ex portavoz del primer Gobierno Aznar, Miguel Angel Rodríguez. Las campañas costaron más de 60 millones de euros, más de 10.000 millones de pesetas, que el ministerio de Zaplana se gastó en sus apenas dos años de gestión, sobre todo en las polémicas campañas de las pensiones. La de 2004, de corte similar a la anterior, fue suprimida merced a una resolución de la Junta Electoral.