La "Ley Sinde" explicada para torpes


O sea, para gente como yo, vamos.

El Gobierno cocina una llamada "Ley de Economía Sostenible" (en adelante LES) para, dicen, "cambiar el modelo productivo". Con el problema de que ahora hay crisis y ha pasado más de un año desde la presentación del texto, que por ello queda en gran parte obsoleto o desfasado ahora mismo, aparte de ser un "cajón de sastre" donde han metido casi de todo.

Aun reconociendo las bondades de dicha ley, llevaba una trampa en su disposición final segunda (en adelante DF2). Era la modificación de la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, creada en 2001) y de la LPI (Ley de Propiedad Intelectual), para cuya reforma ya existe una subcomisión en el Congreso de la que el Gobierno ha pasado olímpicamente. Esta reforma incluía la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, con la única potestad de atender las reclamaciones de los poseedores de derechos (básicamente las entidades de gestión) de cara a cerrar las páginas web que enlazaran a copias de material sujeto a derechos de autor: videojuegos, cine o música. O que enlazaran a sitios desde donde descargar este material. Hasta ahora las sentencias judiciales han avalado en su mayoría que enlazar a estas páginas no es delito, puesto que sólo dicen dónde descargar los archivos, pero no los alojan directamente. De ahí que esta regulación prescinda casi completamente de la instancia judicial, que no entraría al fondo de la cuestión, y sólo tendría cuatro días para decidir, no si la página ha cometido un delito, sino si la comisión es competente para actuar contra ella (eliminación de la tutela judicial efectiva).

Esto, además de que podría colapsar los juzgados de lo Contencioso Administrativo, creaba un precedente peligroso, puesto que esta norma no citaba de forma única y explicita a este tipo de páginas, de modo que podía llegar a afectar a simples sitios personales, como éste mismo, donde habitualmente se citan artículos de prensa o se muestran partes escaneadas de los mismos, siempre citando la procedencia y sin ánimo de lucro (esta página en concreto no tiene instalado el Ad Sense). O, sencillamente, la norma es tan ambigua que alguien (o un partido político) podría querer llegar a cerrar un sitio blog personal porque no le gusta lo que de él o ella o ellos se dice en dicho sitio. Ello crea inseguridad jurídica y, a las malas, censura (ataque a la libertad de expresión). Esto afecta a los sitios personales donde se hace crítica política (también como éste). Y ello incluido al hecho de que muchas de las personas que en Internet se han opuesto a la ley también resultan ser creadores de contenidos (ejemplos, Jesús Encinar, Julio Alonso o Álvaro Ibáñez). O que aún quedaba por establecer tanto el reglamento de dicha Comisión de Propiedad Intelectual como sus componentes, que si eran miembros del Ministerio de Cultura o de la propia industria de contenidos iban a ser juez y parte.

Desde el Gobierno se ha dicho una y otra vez que sólo iban contra los sitios de descargas y que en ningún caso iban contra los usuarios, pero el caso es que, cuando ya se barruntaba que la llamada "ley Sinde", como se ha acabado llamando a la DF2 tomando el apellido de la ministra de Cultura, podía no salir adelante, ese ente llamado Coalición ya andaba amenazando con ir contra los usuarios. Otro tema es el del "pirateo" de libros, es otro ejemplo de industria que no se adapta a los cambios. La plataforma Libranda es el ejemplo de ese reloj parado en el tiempo: lo explicaba hace tiempo Enrique Dans, citando variadas fuentes, y lo ejemplificaba de forma magnífica Juan José Millás en su columna del pasado viernes. Luego, gracias a los cables de Wikileaks que iba filtrando El País nos hemos ido enterando de que 1) EE UU intentó, a través de su embajada, lograr un endurecimiento de la legislación contra las descargas para proteger a su industria; 2) que en otro cable que El País no asoció a las descargas se habla de reuniones con Sinde, Sebastián y otros; 3) que al final fue el propio Gobierno español el que pidió a la embajada de EE UU que presionara a otros partidos españoles para que se aprobase la ley, y hoy mismo 4) se publica que la legación estadounidense investigó a siete webs españolas de enlaces, dos de las cuales fueron llevadas a juicio y posteriormente exculpadas. Por suerte, de momento, la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados echó ayer abajo la "ley Sinde" después de que varios grupos pidieran votar la DF2 de forma separada al resto de la LES. Este apéndice metido con calzador quedó así fuera de una ley que ha llegado a fagocitar.

La desesperación del Gobierno es tal que, según dice El País, el PSOE estuvo negociando hasta con el PP. Fue vergonzoso estar atendiendo a la webcam del Congreso y a Twitter e ir comprobando cómo la votación se iba retrasando: primero a las dos de la tarde, luego a las tres y cuarto, tres y media, ocho... así hasta las diez de la noche, ya en la web de RTVE. Y todo porque al PSOE no le salían las cuentas para sacar adelante la "ley Sinde" y estaba tratando de retrasar o evitar ese batacazo. Ese despropósito cargado de improvisación y malas maneras lo relatan Fernando Garea y José Manuel Romero en El País. Ahora la norma pasa al Senado, donde ya amenazan con intentar colarla en las enmiendas. Según Marta Gastón, que ayer defendió la "ley Sinde" en la Comisión de Economía, ésta "es una tesela hacia el desarrollo sostenible". Y se queda tan pancha. La sesión donde esto puede ocurrir se celebra el 18 de enero.

Postdata:
nueva demostración de que este insulto a la democracia procede de allá donde se proclaman adalides de la misma: la embajada de EE UU vuelve a pedir más esfuerzos del Gobierno español contra las descargas ilegales. Esto se llama injerencia en un estado soberano. Claro que, ¿es España un estado soberano? ¿Qué es España?

Por cierto, la imagen que ilustra esta entrada es una captura de este vídeo que Gina Tost y Toni A. Martínez grabaron en agosto y que ayer tuvo una segunda vida.

Ayer en el palacio de la Carrera de San Jerónimo se aprobaron más cosas, unas buenas y otras malas. Se ve que tenían prisa por sacarlo todo adelante antes de irse de vacaciones: una ley del servicio postal que incluye de soslayo (como enmienda) una ayuda de 80 millones a concesionarias quebradas de autopistas, la ley antitabaco (lo único bueno), los Presupuestos Generales del Estado y una reforma de la Ley Electoral que aparte de seguir favoreciendo a PSOE y PP establece que hasta las cadenas privadas de televisión tengan que ofrecer la información electoral ajustándose a las cuotas que establezca la Junta Electoral Central. Eso no es periodismo y abunda en el desastre de convertir a los medios en meras correas de transmisión de la propaganda política, lo que resulta en una peor democracia. Por supuesto también se han puesto de acuerdo, hace poco, para blindar las pensiones de diputados y senadores. Y aún nos queda la reforma de las pensiones. A una amiga: así, ¿cómo quieres que busque noticias optimistas para colgarlas? Suerte que hay una: el Pacto de Toledo acordó en su reunión de ayer mejorar las pensiones de viudedad para los mayores de 65 años así como ampliar la prestación por orfandad hasta los 25 años. Eso sí, son solo recomendaciones.

Textos sobre la "Ley Sinde". De cuatro abogados: Carlos Sánchez Almeida, David Maeztu, David Bravo y Javier de la Cueva. Un sitio para enterarse bien de todo: Nación Red. Y recordando que como intentarán volver a la carga en el Senado, habrá que seguir denunciando y protestando (y actuando).

Comentarios

RGAlmazán ha dicho que…
Muy completa información.

Salud y República

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