Ni un céntimo
Me hallo profundamente indignado tras conocer que voy a pagar de mi bolsillo 3,5 euros para el sostenimiento de la Iglesia Católica. No sirve de nada dejar sin marcar la famosa casilla del IRPF. En mi caso, logré apostatar de la Iglesia tras más de dos años de trámites, primero yendo al Obispado de Málaga y posteriormente recurriendo a la Agencia Española de Protección de Datos. Tras mi primera actuación, en el libro de bautismo únicamente se anotó que mi partida quedaba inmovilizada, y que cualquier acto que se realizase debía ser comunicado al Obispado. Tras el referido recurso, se ha instado a que conste mi renuncia expresa a pertenecer a este culto, con la expresión: "Renunció a la Iglesia por acto formal". Y ahora me encuentro con que todo mi esfuerzo para no dar ni un céntimo a estos señores es en vano. Me parece vergonzoso tener que seguir dando dinero a esta gente y me gustaría que existiese el modo efectivo, quizá mediante una "Lista Robinson", para poder negarme a hacerlo.
Cierto que muchos de sus edificios son monumentales y requieren conservación, pero una desamortización como las del siglo XIX y la reconversión de estos espacios en centros culturales, siempre necesarios, sería una buena alternativa. Empezando por los que ya no se usan para el culto. Cierto también que desempeñan una destacada labor educativa, pero con financiación del Estado, que además paga a los profesores, y es éste el que responde, en lugar de la Iglesia, cuando se produce, de cuando en cuando, uno de esos despidos por conducta no acorde a la doctrina de la fe, algo tan simple a veces como una separación matrimonial o una convivencia sin boda de por medio. Sólo la atención a enfermos y pobres justifica en tal caso la ayuda de las instituciones, pero por desgracia no parece ésta la mayor preocupación de los responsables eclesiásticos, como llevamos viendo toda la legislatura. Y además, flaco favor se hace el Gobierno si parte de las ayudas se destina, por parte de la Conferencia Episcopal, a financiar el hierro candente que es en estos momentos la Cadena Cope.
Claro, se dirá, una separación total entre Iglesia y Estado socava la Navidad, la Semana Santa, la vinculación religiosa existente en el ámbito militar, los patrones del Ejército y las Fuerzas de Seguridad, las ofrendas al patrón de España o del pueblo que sea, fiestas locales, y hasta los funerales de Estado. Pero si en verdad ninguna religión debe ser la oficial del Estado, tarde o temprano habrá que acabar con determinados usos sociales incompatibles y anacrónicos. Y, al margen de otras confesiones, es creciente, a causa de la inmigración, la presencia de población musulmana. Es injusto que tengan que aguantar todas las festividades españolas que tienen como base la religión católica, por mucho que puedan pedir permisos para celebrar las suyas. Aún sigue siendo noticia periodística (lo fue hace poco en El País) cuando un empresario decide cambiar los horarios de trabajo para permitir a sus empleados musulmanes respetar el Ramadán. Espero que alguien se decida a denunciar los acuerdos con la Santa Sede fechados de modo perverso en 1979.
Cierto que muchos de sus edificios son monumentales y requieren conservación, pero una desamortización como las del siglo XIX y la reconversión de estos espacios en centros culturales, siempre necesarios, sería una buena alternativa. Empezando por los que ya no se usan para el culto. Cierto también que desempeñan una destacada labor educativa, pero con financiación del Estado, que además paga a los profesores, y es éste el que responde, en lugar de la Iglesia, cuando se produce, de cuando en cuando, uno de esos despidos por conducta no acorde a la doctrina de la fe, algo tan simple a veces como una separación matrimonial o una convivencia sin boda de por medio. Sólo la atención a enfermos y pobres justifica en tal caso la ayuda de las instituciones, pero por desgracia no parece ésta la mayor preocupación de los responsables eclesiásticos, como llevamos viendo toda la legislatura. Y además, flaco favor se hace el Gobierno si parte de las ayudas se destina, por parte de la Conferencia Episcopal, a financiar el hierro candente que es en estos momentos la Cadena Cope.
Claro, se dirá, una separación total entre Iglesia y Estado socava la Navidad, la Semana Santa, la vinculación religiosa existente en el ámbito militar, los patrones del Ejército y las Fuerzas de Seguridad, las ofrendas al patrón de España o del pueblo que sea, fiestas locales, y hasta los funerales de Estado. Pero si en verdad ninguna religión debe ser la oficial del Estado, tarde o temprano habrá que acabar con determinados usos sociales incompatibles y anacrónicos. Y, al margen de otras confesiones, es creciente, a causa de la inmigración, la presencia de población musulmana. Es injusto que tengan que aguantar todas las festividades españolas que tienen como base la religión católica, por mucho que puedan pedir permisos para celebrar las suyas. Aún sigue siendo noticia periodística (lo fue hace poco en El País) cuando un empresario decide cambiar los horarios de trabajo para permitir a sus empleados musulmanes respetar el Ramadán. Espero que alguien se decida a denunciar los acuerdos con la Santa Sede fechados de modo perverso en 1979.
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