Si Cataluña decide irse, ¿pasaría algo?

Para redactar esta entrada de mi blog, voy a recurrir a tres textos de opinión. Dos son de Fernando Ónega en La Vanguardia en los últimos días y uno es de Victoria Prego este domingo en El Mundo. Son dos visiones opuestas. El primero lamentaría enormemente que Cataluña acabara dejando de ser parte de España. La segunda, ni se alegra, ni se entristece. No muestra sentimiento alguno. Solo se limita a decir que no hay instrumentos legales dispuestos para la posible secesión catalana. No dice ni si quiere que se produzca, ni si le gustaría que pasase. Pero sí parece que desearía que hubiese maneras de castigar a los promotores de dicha iniciativa, con lo cual, aunque no dice nada, podemos suponer parte de su pensamiento.

Empiezo por los textos de Ónega, que son de libre acceso en la web del periódico. El primero, "Catalunya, ¿adéu?", es del día 15, y el segundo, "La asignatura catalana", está centrado en la visita de Mariano Rajoy a Barcelona, donde dio una conferencia y cenó con empresarios.

En el del jueves 15 expone: "este cronista asiste entristecido y alarmado al torrente de palabras que llegan de Catalunya invocando el desenganche de España" (...) "No tengo palabras para describir el desconsuelo que produce esa sensación de que se prepara un divorcio" (...) "Exagera el nacionalismo español al denunciar que se erradica al castellano, y exageran los políticos de Catalunya al denunciar que la justicia española persigue al catalán" (...) "Me da miedo todo esto" (...) "se adivinan señales de intolerancia y el rencor suele ser el paso que sigue al desencuentro. Yo quiero a Catalunya en España, o España en Catalunya, me da igual".

En el del sábado 17, la mención es más breve, pero muy clara: "La justicia es ciega, pero es también inoportuna por mala suerte, por falta de cálculos, o por falta de sensibilidad. Sólo por una de estas razones se entiende el momento de la resolución judicial sobre la inmersión lingüística".

Extraeré a continuación fragmentos del artículo de Victoria Prego "La España indefensa", que está ilustrado con la imagen de una persona sosteniendo un ejemplar de carné de identidad de catalán. No podemos decir que sea falso, como establece el pie, sino en todo caso ilegal o alegal. La tesis del artículo es que un incumplimiento de la legislación y de las sentencias judiciales por parte de altos representantes de la Administración del Estado (los miembros del Govern catalán) quedaría con un castigo muy escaso, de un periodo de inhabilitación, por el llamado ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que el castellano sea lengua vehicular de la educación en esta autonomía junto al catalán. Teme Prego que si un día desde Cataluña se proclamase la independencia, este hecho quedaría sin castigo.

Dice: "¿Por qué un representante de la Administración del Estado se permite un desafío que no se comprendería en ningún otro lugar del mundo jurídica y políticamente civilizado? Sencillamente porque puede. Puede cualquier dirigente desde cualquier autonomía. Y porque la realidad que nadie menciona es que el sistema democrático de la España constitucional no dispone de los instrumentos legales de defensa efectiva necesarios para impedir que la desobediencia a los tribunales le salga baratísima, casi gratis, al funcionario que la cometa".

Explica Prego que el castigo que el Código Penal depara a la autoridad o al funcionario que se niegue a cumplir una resolución judicial es de una "simple multa" y una inhabilitación de seis meses a dos años para ejercer cargo o función pública. A continuación, se pregunta: "¿Quién, con una política de inmersión lingüística que tiene como estrategia consolidada la exclusión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, se echaría para atrás ante semejante sanción coactiva?". No entraré en la sarta de manipulaciones y mentiras que se esconde en esa frase y en algunas que la siguen más adelante. El caso es que Prego aprovecha la excusa del 'conflicto lingüístico' para ir un paso más allá.

Dado que, advierte, no existen los instrumentos efectivos para impedir y castigar de modo adecuado esa posible desobediencia cuando se produzca, y dice que no existen las medidas para responder a la misma, la señora se pasa varios pueblos y dice que, por lo mismo, no hay "respuesta ni mecanismos de defensa" para el supuesto de la independencia, tanto de Cataluña como del País Vasco. De modo que Prego se aventura a escribir lo siguiente: "Es decir, que si un día los diputados del Parlament de Cataluña, o del País Vasco, o de cualquier comunidad autónoma aprueban por mayoría suficiente la secesión de España, no pasaría nada porque, a menos que medie violencia, no hay prevista para eso ninguna sanción penal. Ni tampoco la hay para quien convoque un referéndum para ratificar esa secesión. La hubo en 2003, pero se derogó en 2005". Acaba el texto con una absurda comparación entre la diferencia de castigo para la misma persona, diputado autonómico, si vota dicha secesión o si es detenido por conducir con exceso de alcohol en sangre y por exceso de velocidad.

Bien, pues... si Cataluña o el País Vasco deciden separarse de España, no hay castigo legal y supuestamente proporcional y/o adecuado previsto para ello. ¿Cuál es el problema? Ojo, que cuando habla de mediar violencia, Prego se refiere a si la ejercen los secesionistas. Demos gracias a que la columnista no sugiere la posibilidad de emplear a las Fuerzas Armadas para ocupar el territorio que ose proponer o proclamar esa independencia. ¿Dónde está el temor de Prego? No suelo leer a esta columnista, pero por ventura he tenido acceso a este texto y poco me ha faltado para llevarme las manos a la cabeza. No deja claro Prego (quizá lo ha hecho en artículos anteriores) qué le parecería la independencia de Cataluña o el País Vasco. Si se alegraría o si se entristecería. Pero si propone que tal idea se castigue, muy a favor no creo que esté.

Diferentes, muy diferentes, me parecen los planteamientos de Ónega y Prego. El primero lamentaría, y mucho, la marcha de Cataluña de ese paraguas común llamado España. Lo contempla poco menos que como una tragedia, pero parece que lo asumiría con resignación y sin tratar de impedirlo, desde luego nunca por las malas. La segunda, claramente, optaría por medidas coercitivas y punitivas llegado el caso. Yo, les confieso, soy más de la opinión de Ónega. Cataluña, no te vayas, por favor. Pero si te quieres ir, no seré yo quien lo impida. Eso sí, ese día lloraré de tristeza ante tu marcha.