Manifiesto FAAP
Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa
En los últimos veinte años, se han sucedido las voces de organizaciones y profesionales de la información alertando del progresivo deterioro del periodismo en nuestro país. El espectacular crecimiento de los medios de comunicación, su desarrollo tecnológico, su cada vez mayor influencia en la sociedad, ha ido incomprensiblemente acompañado de un acelerado empeoramiento de las condiciones y la calidad del trabajo de los periodistas. Un número cada vez mayor de periodistas trabajan en condiciones precarias.
Los medios de comunicación son hoy más que nunca un instrumento de influencia política y social. Vivimos en una sociedad de constante bombardeo informativo, de comunicaciones instantáneas y de mensajes no filtrados que necesitan profesionales preparados y competentes para seleccionar esa información y hacérsela llegar a la ciudadanía. Sin embargo, el periodismo pasa por los peores momentos de su historia: es hoy una profesión desacreditada. Las empresas someten a los profesionales a sistemas laborales que impiden la calidad del trabajo, quiebran la dignidad profesional y no permiten ejercer un periodismo libre, crítico y riguroso.
Los periodistas trabajan hoy en un andamio sin arnés de seguridad, sin cascos, sin descansos, sin contratos o con sueldos que apenas les permiten llegar a fin de mes manejando un bien tan preciado como la información. Cuando un periodista tropieza en su labor diaria se resquebrajan los cimientos de nuestro sistema porque los medios de comunicación son parte esencial de la democracia, de la libertad y del progreso.
En estos momentos, la precariedad laboral es la mayor amenaza que tiene la libertad de expresión y de información.
Hace seis años, la Asociación de la Prensa de Cádiz realizó una investigación sociológica que reveló una fotografía desoladora: la inmensa mayoría de los periodistas malvivían de una profesión rejuvenecida y feminizada pero que, con el paso del tiempo y de manera silenciosa, se había sumido en una sonrojante precariedad laboral. Se pusieron entonces en marcha diversas medidas para resolver esta situación desde la acción unitaria con los sindicatos, creando el foro provincial de organizaciones de periodistas. Acciones encaminadas a lograr convenios colectivos que amparasen un salario y un trabajo dignos, con condiciones laborales semejantes a las de otros sectores, incentivando la conciliación de la vida familiar y laboral así como combatiendo la discriminación de las periodistas.
Ni la acción sindical, la intervención de la Inspección de Trabajo para acabar con abusos patronales que vulneran el ordenamiento jurídico o la creación de un sello de calidad laboral para promover las buenas prácticas han dado el resultado esperado. Ninguna empresa periodística gaditana ha recibido ese sello que pretendía promover un cambio en una estrategia empresarial común de deterioro de la profesión.
Hoy la situación es aún peor y hay indicios para creer que aún no se ha tocado fondo. A la precariedad laboral se suma ahora una alarmante pérdida de empleos en empresas consolidadas. Veteranos periodistas se han quedado sin trabajo, los más afortunados acogidos a prejubilaciones y los menos a escuálidas indemnizaciones. La sangría en el empleo no ha hecho más que empezar. La mayor parte de las empresas se están deshaciendo de uno de los pilares esenciales en la información: el periodista.
En estos momentos de crisis y desesperanza general, uno de los principales objetivos de las autoridades públicas debe ser crear unas condiciones que garanticen el elevado nivel de calidad exigible a los medios de comunicación y garantizar la independencia total de los periodistas, dignificando sus condiciones de trabajo. En el caso de los periodistas, la precariedad laboral no deteriora sólo su dignidad y la calidad de la información sino también la de nuestra democracia.
En el 198 aniversario del IX decreto de las Cortes Extraordinarias reunidas en la Real Isla de León es preciso recordar que para que la libertad de prensa allí establecida tenga vigor y actualidad hace falta que quienes ejercen el periodismo tengan contratos decentes con el que desarrollar su labor. Cuando recordamos la Constitución gaditana y su artículo 371 tenemos también que reivindicar que la libertad de expresión no es tal sin que los periodistas tengan un trabajo digno.
En los últimos veinte años, se han sucedido las voces de organizaciones y profesionales de la información alertando del progresivo deterioro del periodismo en nuestro país. El espectacular crecimiento de los medios de comunicación, su desarrollo tecnológico, su cada vez mayor influencia en la sociedad, ha ido incomprensiblemente acompañado de un acelerado empeoramiento de las condiciones y la calidad del trabajo de los periodistas. Un número cada vez mayor de periodistas trabajan en condiciones precarias.
Los medios de comunicación son hoy más que nunca un instrumento de influencia política y social. Vivimos en una sociedad de constante bombardeo informativo, de comunicaciones instantáneas y de mensajes no filtrados que necesitan profesionales preparados y competentes para seleccionar esa información y hacérsela llegar a la ciudadanía. Sin embargo, el periodismo pasa por los peores momentos de su historia: es hoy una profesión desacreditada. Las empresas someten a los profesionales a sistemas laborales que impiden la calidad del trabajo, quiebran la dignidad profesional y no permiten ejercer un periodismo libre, crítico y riguroso.
Los periodistas trabajan hoy en un andamio sin arnés de seguridad, sin cascos, sin descansos, sin contratos o con sueldos que apenas les permiten llegar a fin de mes manejando un bien tan preciado como la información. Cuando un periodista tropieza en su labor diaria se resquebrajan los cimientos de nuestro sistema porque los medios de comunicación son parte esencial de la democracia, de la libertad y del progreso.
En estos momentos, la precariedad laboral es la mayor amenaza que tiene la libertad de expresión y de información.
Hace seis años, la Asociación de la Prensa de Cádiz realizó una investigación sociológica que reveló una fotografía desoladora: la inmensa mayoría de los periodistas malvivían de una profesión rejuvenecida y feminizada pero que, con el paso del tiempo y de manera silenciosa, se había sumido en una sonrojante precariedad laboral. Se pusieron entonces en marcha diversas medidas para resolver esta situación desde la acción unitaria con los sindicatos, creando el foro provincial de organizaciones de periodistas. Acciones encaminadas a lograr convenios colectivos que amparasen un salario y un trabajo dignos, con condiciones laborales semejantes a las de otros sectores, incentivando la conciliación de la vida familiar y laboral así como combatiendo la discriminación de las periodistas.
Ni la acción sindical, la intervención de la Inspección de Trabajo para acabar con abusos patronales que vulneran el ordenamiento jurídico o la creación de un sello de calidad laboral para promover las buenas prácticas han dado el resultado esperado. Ninguna empresa periodística gaditana ha recibido ese sello que pretendía promover un cambio en una estrategia empresarial común de deterioro de la profesión.
Hoy la situación es aún peor y hay indicios para creer que aún no se ha tocado fondo. A la precariedad laboral se suma ahora una alarmante pérdida de empleos en empresas consolidadas. Veteranos periodistas se han quedado sin trabajo, los más afortunados acogidos a prejubilaciones y los menos a escuálidas indemnizaciones. La sangría en el empleo no ha hecho más que empezar. La mayor parte de las empresas se están deshaciendo de uno de los pilares esenciales en la información: el periodista.
En estos momentos de crisis y desesperanza general, uno de los principales objetivos de las autoridades públicas debe ser crear unas condiciones que garanticen el elevado nivel de calidad exigible a los medios de comunicación y garantizar la independencia total de los periodistas, dignificando sus condiciones de trabajo. En el caso de los periodistas, la precariedad laboral no deteriora sólo su dignidad y la calidad de la información sino también la de nuestra democracia.
En el 198 aniversario del IX decreto de las Cortes Extraordinarias reunidas en la Real Isla de León es preciso recordar que para que la libertad de prensa allí establecida tenga vigor y actualidad hace falta que quienes ejercen el periodismo tengan contratos decentes con el que desarrollar su labor. Cuando recordamos la Constitución gaditana y su artículo 371 tenemos también que reivindicar que la libertad de expresión no es tal sin que los periodistas tengan un trabajo digno.
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