La carta blanca de Israel

Una periodista española de origen catalán y una estudiante australiana han sido arrestadas en Ramala (Cisjordania) por las autoridades israelíes alegando que sus visados habían caducado, y estarían a la espera de una audiencia ante el Tribunal Supremo de este país, que determine si han de ser deportadas del país. En concreto, "una de las detenidas portaba documentación falsa y la otra tenía el visado expirado", según un portavoz del ejército israelí. Al menos una decena de soldados habría entrado de madrugada en la vivienda donde se alojaban las detenidas. La organización por la cual ambas se encontraban allí, llamada Movimiento Internacional de Solidaridad (ISM), ha indicado que el ejército israelí no habría cumplido con los requisitos necesarios para la incursión en Ramala. Denuncian que es una violación directa de los Acuerdos de Oslo entre Israel y la Autoridad Palestina, que prohíbe claramente cualquier invasión israelí en las áreas A de Cisjordania que no sea por motivos urgentes ni directamente relacionados con la seguridad. En cuanto a la ciudadana española, el Consulado General de España en Jerusalén ha afirmado que se le prestará toda la atención necesaria y que han comenzado por preguntar dónde se encuentra y de qué se le acusa. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha llamado al embajador israelí en España para pedir información sobre el modo de proceder de las autoridades de Israel en la detención de la española. El 'boleto' de la radio dice que comparece esta mañana.

A partir de esta información sigo hablando de Israel y de un uso partidista que sus autoridades hacen de una sentencia de la Audiencia Nacional española. Resulta que para defenderse del llamado Informe Goldstone, encargado por la ONU, que constata que Israel cometió crímenes de guerra durante la ofensiva bélica de inicios de 2009 contra la franja de Gaza [Operación Plomo Fundido], incluyendo el uso de fósforo blanco contra la población civil, se defienden citando los argumentos que empleó la AN para archivar una causa de jurisdicción universal por presuntos crímenes de guerra en Gaza en 2002. Este caso se cerró a raíz de las presiones de Tel Aviv, causantes del cambio en la legislación española para cortar de raíz las investigaciones abiertas por posibles delitos de lesa humanidad, al limitar la aplicación de la jurisdicción universal a los casos donde hubiera españoles involucrados. La AN echó tierra sobre el caso y cortó la instrucción al votar por mayoría aplastante que Israel es un Estado de derecho incluso cuando afecta al conflicto con los palestino, siendo éste el argumento remitido a la ONU en lo que no es sino la concesión de España, en la práctica, a la impunidad de Israel.