Los Mossos, esas almas de la caridad
Sólo necesitaría dos noticias de El País para argumentar este post:
Cuatro años de cárcel para dos 'mossos' por detención ilegal y pegar a un detenido. La sentencia es firme y los policías deberán ingresar en prisión. El Tribunal Supremo ha condenado a penas que suman cuatro años de cárcel a los Mossos d'Esquadra Albert Fabregat y Juan Díaz Fortes y a otros tres años a la agente del mismo cuerpo Mónica Fraile por detener de manera injustificada a un ciudadano cuando estaban de paisano y posteriormente pegarle e insultarle en comisaría.
El mal uso de un bote de humo dejó sin testículos a un detenido por los Mossos. Un perito judicial considera inapropiado que la policía lanzara una granada aturdidora dentro de un coche. Ese artefacto no puede utilizarse contra personas porque se corre el riesgo de producir heridas, y menos aún en un espacio cerrado y pequeño como un coche. El artefacto está diseñado para espacios abiertos. El caso está en fase de instrucción y un sargento y un agente de los Mossos están imputados.
Está muy bien que nos quejemos de que el FBI use la foto de un político español para elaborar retratos robot de terroristas islámicos, pero primero nos deberíamos preocupar de nuestra propia brutalidad policial. Según Amnistía Internacional, de España les preocupa en particular la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos. Ya lo denunciaron en 2007 en un informe que relataba las denuncias contra agentes de los diversos cuerpos policiales de toda España, y la cosa no parece haber mejorado demasiado.
Resulta esclarecedor en este sentido su informe "SALIR DE LAS SOMBRAS. ES HORA DE PONER FIN A LA DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN" (septiembre 2009), al que ya he recurrido en otras ocasiones (ver post del 22 de noviembre). En España se puede mantener detenida a una persona en régimen de incomunicación por un periodo de hasta 13 días, los primeros 5 sin tener la posibilidad de ser llevado ante un juez, lo que viola normas internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Mientras, el PP y los que le siguen el juego piden la cadena perpetua alegando que los criminales que han cometido delitos graves salen impunes y nuestra justicia es blanda, lo cual es una falsa sensación transmitida por la magnífica televisión de basurero y de sucesos que tenemos. Tratando de legislar a golpe de titular. Lo dice hoy Ignacio Escolar en la contra de Público: "Falla una sociedad que admite que se legisle a golpe de suceso macabro, del ritmo que marcan ciertos medios carroñeros que hacen de cada crimen un éxito de audiencia, un sangriento botín del que después los políticos populistas también sacan su tajada. Pero vayamos a los datos. España es el país con más presos por habitante de toda la UE: 166 reclusos por cada 100.000 personas, muy por encima de Francia (96), Italia (92) e incluso Gran Bretaña (153). La población reclusa, unas 76.000 personas, casi se ha duplicado en los últimos 15 años, desde que la reforma del Código Penal de 1995 endureció las condenas. ¿Significa esto que España es un país inseguro, y que por eso se llenan las cárceles? Pues tampoco. La tasa de criminalidad española es de las más bajas de Europa y los delitos más graves, como los asesinatos o los robos con violencia, no han parado de disminuir. Pese a estas cifras, existe la percepción contraria: que las condenas son blandas y que la delincuencia se ha disparado. La inseguridad ciudadana aparece como un problema cada vez mayor en las encuestas. Es la distancia entre la realidad y lo que sale por televisión".
Cuando alguien explica algo mejor que tú, deja que lo explique ese alguien. Sólo añadiría dos cosas: el gobierno ha legislado para los titulares cuando ha convertido en pena de cárcel lo que sólo eran faltas o causas más leves, como algunos tipos penales relacionados con el tráfico. Ahí hay un aumento de presencia en las cárceles. Otro, los inmigrantes ilegales o que han delinquido y que están en espera de expulsión (7.591 extranjeros reincidentes fueron repatriados en 2009). Dentro de este grupo están los "manteros", el último eslabón de una cadena y por supuesto el más débil. Lo que bien podría ser una simple falta se castiga en la actualidad con hasta dos años de prisión. Así se mantiene en la última reforma del código penal.
Cuatro años de cárcel para dos 'mossos' por detención ilegal y pegar a un detenido. La sentencia es firme y los policías deberán ingresar en prisión. El Tribunal Supremo ha condenado a penas que suman cuatro años de cárcel a los Mossos d'Esquadra Albert Fabregat y Juan Díaz Fortes y a otros tres años a la agente del mismo cuerpo Mónica Fraile por detener de manera injustificada a un ciudadano cuando estaban de paisano y posteriormente pegarle e insultarle en comisaría.
El mal uso de un bote de humo dejó sin testículos a un detenido por los Mossos. Un perito judicial considera inapropiado que la policía lanzara una granada aturdidora dentro de un coche. Ese artefacto no puede utilizarse contra personas porque se corre el riesgo de producir heridas, y menos aún en un espacio cerrado y pequeño como un coche. El artefacto está diseñado para espacios abiertos. El caso está en fase de instrucción y un sargento y un agente de los Mossos están imputados.
Está muy bien que nos quejemos de que el FBI use la foto de un político español para elaborar retratos robot de terroristas islámicos, pero primero nos deberíamos preocupar de nuestra propia brutalidad policial. Según Amnistía Internacional, de España les preocupa en particular la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos. Ya lo denunciaron en 2007 en un informe que relataba las denuncias contra agentes de los diversos cuerpos policiales de toda España, y la cosa no parece haber mejorado demasiado.
Resulta esclarecedor en este sentido su informe "SALIR DE LAS SOMBRAS. ES HORA DE PONER FIN A LA DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN" (septiembre 2009), al que ya he recurrido en otras ocasiones (ver post del 22 de noviembre). En España se puede mantener detenida a una persona en régimen de incomunicación por un periodo de hasta 13 días, los primeros 5 sin tener la posibilidad de ser llevado ante un juez, lo que viola normas internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Mientras, el PP y los que le siguen el juego piden la cadena perpetua alegando que los criminales que han cometido delitos graves salen impunes y nuestra justicia es blanda, lo cual es una falsa sensación transmitida por la magnífica televisión de basurero y de sucesos que tenemos. Tratando de legislar a golpe de titular. Lo dice hoy Ignacio Escolar en la contra de Público: "Falla una sociedad que admite que se legisle a golpe de suceso macabro, del ritmo que marcan ciertos medios carroñeros que hacen de cada crimen un éxito de audiencia, un sangriento botín del que después los políticos populistas también sacan su tajada. Pero vayamos a los datos. España es el país con más presos por habitante de toda la UE: 166 reclusos por cada 100.000 personas, muy por encima de Francia (96), Italia (92) e incluso Gran Bretaña (153). La población reclusa, unas 76.000 personas, casi se ha duplicado en los últimos 15 años, desde que la reforma del Código Penal de 1995 endureció las condenas. ¿Significa esto que España es un país inseguro, y que por eso se llenan las cárceles? Pues tampoco. La tasa de criminalidad española es de las más bajas de Europa y los delitos más graves, como los asesinatos o los robos con violencia, no han parado de disminuir. Pese a estas cifras, existe la percepción contraria: que las condenas son blandas y que la delincuencia se ha disparado. La inseguridad ciudadana aparece como un problema cada vez mayor en las encuestas. Es la distancia entre la realidad y lo que sale por televisión".
Cuando alguien explica algo mejor que tú, deja que lo explique ese alguien. Sólo añadiría dos cosas: el gobierno ha legislado para los titulares cuando ha convertido en pena de cárcel lo que sólo eran faltas o causas más leves, como algunos tipos penales relacionados con el tráfico. Ahí hay un aumento de presencia en las cárceles. Otro, los inmigrantes ilegales o que han delinquido y que están en espera de expulsión (7.591 extranjeros reincidentes fueron repatriados en 2009). Dentro de este grupo están los "manteros", el último eslabón de una cadena y por supuesto el más débil. Lo que bien podría ser una simple falta se castiga en la actualidad con hasta dos años de prisión. Así se mantiene en la última reforma del código penal.
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