Programas electorales: religión y laicismo
PSOE
La laicidad del Estado es consustancial a la idea de libertad e igualdad. La inmensa mayoría de los ciudadanos ama la libertad personal frente a imposiciones religiosas. Aprecian que la laicidad constitucional es una garantía para la libertad individual y un principio que favorece la convivencia de ciudadanos iguales con creencias diversas. Es una laicidad positiva.
En nuestro país junto a un proceso notable de secularización y disminución de la práctica religiosa tradicional se ha producido un incremento cuantitativo y cualitativo de la diversidad religiosa, lo que implica cambios en la vida y en las tradiciones culturales de nuestros pueblos y ciudades y también políticas públicas no exentas de controversia y contradicciones.
Esta diversidad de identidades es un hecho característico de la mayor parte de los países europeos en lo que constituye uno de sus desafíos mayores: cómo construir cohesión social, cultural y política de país a partir de la diversidad, cómo construir una idea de ciudadanía común en nuestras democracias y cómo evitar derivaciones hacia el extremismo que constituyen una amenaza para la igualdad de género, los derechos individuales y la democracia.
La separación entre Estado y confesiones religiosas, es una medida positiva de fomento del pluralismo religioso y de la libertad de no profesar religión alguna. En este terreno proponemos las siguientes medidas:
Aseguraremos la neutralidad religiosa en los espacios y actos públicos, puesto que el Estado tiene el deber de garantizar que en los espacios tutelados por los poderes públicos no exista confusión entre lo público y lo religioso.
Suprimiremos los privilegios que se conservan en la legislación hipotecaria en beneficio de la Iglesia Católica. La Ley Hipotecaria arrastra un privilegio en favor de la Iglesia Católica, tributario de épocas pasadas y carente de justificación, que equipara la Iglesia Católica a las Administraciones territoriales y Corporaciones de derecho público, facultándola para emitir sus propios certificados de dominio en ausencia de título escrito de dominio, que resulta contrario a su naturaleza jurídica y al principio de aconfesionalidad del Estado. En consecuencia se procederá a modificar el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento a fin de eliminar este injustificado privilegio.
Dije que no iba a opinar de los programas, solo plasmarlos, pero aquí hay que decir que durante la legislatura que ahora acaba el Gobierno socialista propuso la Ley de Libertad Religiosa, que ha quedado en el cajón y no se rescata en este texto. En cuanto a la "laicidad constitucional" que cita, no existe.
PP y CiU no hacen ninguna mención a este tema. Es de suponer que para ambas formaciones todo está bien como está. Por su parte, Equo aboga por un estado federal, laico y republicano, siendo la única mención a la cuestión religiosa en su programa.
UPyD
El artículo 16 CE sobre libertad religiosa, apartado 3, quedará redactado así: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal". UPyD impulsará la laicidad del Estado, garantizando la libertad de conciencia y de prácticas religiosas legítimas -que no atenten contra los principios básicos de la Constitución-, así como la autofinanciación de las confesiones religiosas y la total separación de preceptos religiosos e instituciones del Estado.
IU
El laicismo supone la existencia de las condiciones políticas, jurídicas y sociales que permiten garantizar el derecho al pleno ejercicio de la libertad de conciencia en cualquiera de sus manifestaciones y en un plano de igualdad.
Hoy no existen tales condiciones porque el carácter aconfesional aludido en la Constitución viene negado con la afirmación del Art. 16.3 de que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Se ignora así la libertad de convicciones de libre elección, limitando las creencias o convicciones a las que tienen un carácter religioso.
Esas relaciones se sustentan en: Concordato del año 1953, el Acuerdo base del 1976, los Acuerdos con la Santa Sede en 1979 y en la ley de Libertad Religiosa de 1980 que amparan subvenciones, privilegios fiscales, en la educación, presencia y simbología religiosa en instituciones públicas..., negando el principio de separación entre Iglesias y Estado.
Con el objetivo de la construcción de un estado laico proponemos como más relevante lo siguiente:
- Reforma de la Constitución en sus artículos 16 y 27 para suprimir cualquier privilegio confesional, reforzando el carácter laico del estado y del sistema público educativo.
- Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979 y del Concordato de 1953.
- Derogación de la Ley Orgánica de Libertad de Religiosa de 1980 y elaboración de una “Ley Orgánica de Libertad de Conciencia” que proteja, sin distinciones ni privilegios, todo tipo de creencias y convicciones, sean de naturaleza religiosa o de cualquiera otra naturaleza.
- Eliminar cualquier tipo de financiación pública, exención fiscal o administrativa, donación de suelo público o subvención directa a instituciones religiosas y sus correspondientes asociaciones. Son los fieles de cada religión quienes, en su caso, deben contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas. Se suprimirá del IRPF la financiación de la iglesia católica. El patrimonio religioso de interés cultural o histórico artístico, que sea restaurado con fondos públicos, deberá ser afectado al uso público.
- Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y espacios de titularidad pública. En ningún espacio público (escolar o universitario, sanitario, centro penitenciario, juzgados, etc.) habrá recintos destinados al culto de cualquier confesión religiosa.
- Los actos confesionales no tendrán carácter “oficial”. Ningún funcionario público participará en su condición de tal. No debe haber ninguna ostentación de fe en la Jefatura del Estado. No se celebrarán ritos religiosos en actos oficiales, como tomas de posesión, reconocimiento de méritos, rendición de honores, funerales de Estado, inauguraciones, etc.
- Respetar en la escuela el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia de alumnado y profesorado, suprimiendo el adoctrinamiento religioso o la exhibición de símbolos confesionales.
- Los poderes públicos velarán por la laicidad de las enseñanzas impartidas en los itinerarios oficiales, dentro de los centros educativos de titularidad pública y de los privados sostenidos con fondos públicos por lo que la enseñanza de cualquier doctrina religiosa debe quedar fuera de la enseñanza oficial exigiendo que, de forma inmediata, quede fuera del horario lectivo.
- No existirá financiación pública para los centros educativos con ideario religioso u otro que suponga exclusión o segregación ideológica o de cualquier otro tipo para el alumnado. No se subvencionarán centros educativos con ideario propio ya sean de carácter religioso o de cualquier otra naturaleza ideológica.
- Suprimir la obligación de declarar de forma implícita o explícita, sobre la ideología, creencias o religión sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en cualquier tipo de documentación civil.
- Facilitar que cualquier ceremonia civil pueda celebrarse dignamente al margen de connotaciones religiosas. Los poderes públicos han de garantizar en toda la red sanitaria la atención a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a una Muerte Digna y las disposiciones del Testamento Vital.
- Para fortalecer la convivencia en un plano de igualdad reivindicamos: incorporar conmemoraciones civiles al calendario laboral y escolar, nombres de personas ilustres de todas las tradiciones al callejero municipal, denominación neutra de las vacaciones escolares, igual acceso a los medios de comunicación públicos, eliminando el privilegio de trato concedido a sectores confesionales.
- Someter los ficheros de datos de la Iglesia Católica a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y por tanto al derecho de rectificación y cancelación de datos por parte de los interesados. No obstante, se garantizará a quien quiera ejercer la apostasía sin ninguna traba para quienes la prefieran.
La laicidad del Estado es consustancial a la idea de libertad e igualdad. La inmensa mayoría de los ciudadanos ama la libertad personal frente a imposiciones religiosas. Aprecian que la laicidad constitucional es una garantía para la libertad individual y un principio que favorece la convivencia de ciudadanos iguales con creencias diversas. Es una laicidad positiva.
En nuestro país junto a un proceso notable de secularización y disminución de la práctica religiosa tradicional se ha producido un incremento cuantitativo y cualitativo de la diversidad religiosa, lo que implica cambios en la vida y en las tradiciones culturales de nuestros pueblos y ciudades y también políticas públicas no exentas de controversia y contradicciones.
Esta diversidad de identidades es un hecho característico de la mayor parte de los países europeos en lo que constituye uno de sus desafíos mayores: cómo construir cohesión social, cultural y política de país a partir de la diversidad, cómo construir una idea de ciudadanía común en nuestras democracias y cómo evitar derivaciones hacia el extremismo que constituyen una amenaza para la igualdad de género, los derechos individuales y la democracia.
La separación entre Estado y confesiones religiosas, es una medida positiva de fomento del pluralismo religioso y de la libertad de no profesar religión alguna. En este terreno proponemos las siguientes medidas:
Aseguraremos la neutralidad religiosa en los espacios y actos públicos, puesto que el Estado tiene el deber de garantizar que en los espacios tutelados por los poderes públicos no exista confusión entre lo público y lo religioso.
Suprimiremos los privilegios que se conservan en la legislación hipotecaria en beneficio de la Iglesia Católica. La Ley Hipotecaria arrastra un privilegio en favor de la Iglesia Católica, tributario de épocas pasadas y carente de justificación, que equipara la Iglesia Católica a las Administraciones territoriales y Corporaciones de derecho público, facultándola para emitir sus propios certificados de dominio en ausencia de título escrito de dominio, que resulta contrario a su naturaleza jurídica y al principio de aconfesionalidad del Estado. En consecuencia se procederá a modificar el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento a fin de eliminar este injustificado privilegio.
Dije que no iba a opinar de los programas, solo plasmarlos, pero aquí hay que decir que durante la legislatura que ahora acaba el Gobierno socialista propuso la Ley de Libertad Religiosa, que ha quedado en el cajón y no se rescata en este texto. En cuanto a la "laicidad constitucional" que cita, no existe.
PP y CiU no hacen ninguna mención a este tema. Es de suponer que para ambas formaciones todo está bien como está. Por su parte, Equo aboga por un estado federal, laico y republicano, siendo la única mención a la cuestión religiosa en su programa.
UPyD
El artículo 16 CE sobre libertad religiosa, apartado 3, quedará redactado así: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal". UPyD impulsará la laicidad del Estado, garantizando la libertad de conciencia y de prácticas religiosas legítimas -que no atenten contra los principios básicos de la Constitución-, así como la autofinanciación de las confesiones religiosas y la total separación de preceptos religiosos e instituciones del Estado.
IU
El laicismo supone la existencia de las condiciones políticas, jurídicas y sociales que permiten garantizar el derecho al pleno ejercicio de la libertad de conciencia en cualquiera de sus manifestaciones y en un plano de igualdad.
Hoy no existen tales condiciones porque el carácter aconfesional aludido en la Constitución viene negado con la afirmación del Art. 16.3 de que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Se ignora así la libertad de convicciones de libre elección, limitando las creencias o convicciones a las que tienen un carácter religioso.
Esas relaciones se sustentan en: Concordato del año 1953, el Acuerdo base del 1976, los Acuerdos con la Santa Sede en 1979 y en la ley de Libertad Religiosa de 1980 que amparan subvenciones, privilegios fiscales, en la educación, presencia y simbología religiosa en instituciones públicas..., negando el principio de separación entre Iglesias y Estado.
Con el objetivo de la construcción de un estado laico proponemos como más relevante lo siguiente:
- Reforma de la Constitución en sus artículos 16 y 27 para suprimir cualquier privilegio confesional, reforzando el carácter laico del estado y del sistema público educativo.
- Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979 y del Concordato de 1953.
- Derogación de la Ley Orgánica de Libertad de Religiosa de 1980 y elaboración de una “Ley Orgánica de Libertad de Conciencia” que proteja, sin distinciones ni privilegios, todo tipo de creencias y convicciones, sean de naturaleza religiosa o de cualquiera otra naturaleza.
- Eliminar cualquier tipo de financiación pública, exención fiscal o administrativa, donación de suelo público o subvención directa a instituciones religiosas y sus correspondientes asociaciones. Son los fieles de cada religión quienes, en su caso, deben contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas. Se suprimirá del IRPF la financiación de la iglesia católica. El patrimonio religioso de interés cultural o histórico artístico, que sea restaurado con fondos públicos, deberá ser afectado al uso público.
- Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y espacios de titularidad pública. En ningún espacio público (escolar o universitario, sanitario, centro penitenciario, juzgados, etc.) habrá recintos destinados al culto de cualquier confesión religiosa.
- Los actos confesionales no tendrán carácter “oficial”. Ningún funcionario público participará en su condición de tal. No debe haber ninguna ostentación de fe en la Jefatura del Estado. No se celebrarán ritos religiosos en actos oficiales, como tomas de posesión, reconocimiento de méritos, rendición de honores, funerales de Estado, inauguraciones, etc.
- Respetar en la escuela el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia de alumnado y profesorado, suprimiendo el adoctrinamiento religioso o la exhibición de símbolos confesionales.
- Los poderes públicos velarán por la laicidad de las enseñanzas impartidas en los itinerarios oficiales, dentro de los centros educativos de titularidad pública y de los privados sostenidos con fondos públicos por lo que la enseñanza de cualquier doctrina religiosa debe quedar fuera de la enseñanza oficial exigiendo que, de forma inmediata, quede fuera del horario lectivo.
- No existirá financiación pública para los centros educativos con ideario religioso u otro que suponga exclusión o segregación ideológica o de cualquier otro tipo para el alumnado. No se subvencionarán centros educativos con ideario propio ya sean de carácter religioso o de cualquier otra naturaleza ideológica.
- Suprimir la obligación de declarar de forma implícita o explícita, sobre la ideología, creencias o religión sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en cualquier tipo de documentación civil.
- Facilitar que cualquier ceremonia civil pueda celebrarse dignamente al margen de connotaciones religiosas. Los poderes públicos han de garantizar en toda la red sanitaria la atención a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a una Muerte Digna y las disposiciones del Testamento Vital.
- Para fortalecer la convivencia en un plano de igualdad reivindicamos: incorporar conmemoraciones civiles al calendario laboral y escolar, nombres de personas ilustres de todas las tradiciones al callejero municipal, denominación neutra de las vacaciones escolares, igual acceso a los medios de comunicación públicos, eliminando el privilegio de trato concedido a sectores confesionales.
- Someter los ficheros de datos de la Iglesia Católica a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y por tanto al derecho de rectificación y cancelación de datos por parte de los interesados. No obstante, se garantizará a quien quiera ejercer la apostasía sin ninguna traba para quienes la prefieran.
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