El nombramiento no vale

El 30 de marzo el Govern de la Generalitat recurrió a un decreto para cambiar la ley y garantizarse el control del consejo de gobierno de los medios de comunicación públicos de Catalunya. Tras la reciente marcha del que fuera presidente de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Albert Sáez, su sustituto, Enric Marín (ERC), debiera de haberse sometido el nombramiento a votación en el Parlament, para lo que hubiera necesitado el apoyo de dos tercios de la cámara. El tripartito, queriendo saltarse tal requisito, tiró por la vía recta y aprobó el nombramiento por decreto (modificó un artículo de la ley), de modo que ya sólo haga falta, en segunda votación, la mayoría absoluta de los partidos que comparten el gobierno de la Generalitat. Lo incluí en mi blog el día 31 (leer). Me parece magnífico que Cataluña reclame tanto la sentencia sobre el Estatut de una vez (ver artículo de Ernest Benach en El Periódico) como que se planteen recusar a los cuatro miembros del TC que han acabado mandato, e incluso que si se tercia los diputados del PSC voten de forma separada al PSOE en el Congreso. Pero la ley hay que cumplirla. Y el Consejo de Garantías Estatutarias acaba de determinar que el procedimiento por el que se nombró a Enric Marín presidente de la CCMA es, qué casualidad, contrario al Estatut. En concreto va contra el artículo 64.1 del Estatuto el decreto ley que modificaba la Ley de la CCMA. Vamos, que han incumplido el mismo texto que quieren defender.

Ello sin menoscabo de volver a afirmar que la justicia que se administra en España es un completo desastre. Javier Álvarez, experto en tribunales de la Cadena Ser, publica en la página web de la emisora una noticia según la cual el contenido del informe del servicio de inspección del CGPJ, que ha analizado durante cuatro meses (de diciembre de 2009 a marzo de 2010) el funcionamiento de los seis juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, critica duramente su funcionamiento, con deficiencias tales como instalaciones precarias y hacinadas, funcionarios poco preparados y mal pagados, posibilidad de riesgos laborales o falta de confidencialidad en las traducciones. El informe, que ahora se remite al Ministerio de Justicia, propone más de 20 soluciones y reformas que abarcan el 95 por ciento de todos los parámetros analizados. La inspección del consejo denuncia, por ejemplo, la falta de coordinación entre los seis juzgados y sugiere que compartan los datos de las órdenes de detención para evitar el riesgo de prolongar innecesariamente la prisión durante fines de semana o días de fiesta (inhábiles). ¿De quién es la culpa? ¿Para cuándo una verdadera modernización de la justicia, que como vemos no sólo son algunos de sus representantes los que están anclados en el pasado, sino también sus medios y sus instalaciones?