Manteros
Dice El País que el Congreso tramita suavizar las penas para los inmigrantes que venden "música pirata", o sea, los manteros, y que algunos llegan a tener condenas de cárcel de ocho años. Son sólo dos menos que la mínima por homicidio, y una pena similar a la violación, castigada con cárcel de seis a 12 años. La reforma pretendería ofrecer la posibilidad de sustituir las penas de cárcel por multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días". Pero la venta en el top manta podrá seguir siendo castigada con prisión si así lo considera conveniente el juez. Un buen número de iniciativas ciudadanas se han movilizado en contra de esta medida, por desproporcionada. La plataforma de artistas y juristas 'Ni un Mantero en Prisión' ha solicitado al Ministerio de Justicia 60 indultos hasta el momento y ya han logrado sacar de la cárcel a cinco presos pagando las responsabilidades civiles y las multas. Porque, una vez que los manteros cumplen la pena de prisión, como suelen ser insolventes, si tienen que indemnizar o cubrir una multa, y no pueden, se quedan seis meses más en la cárcel. El País ya ha hecho referencia con anterioridad, en alguna ocasión, a estas iniciativas para sacar de la cárcel a los manteros, pero no se ha ocupado tan a fondo de tratar éste u otros aspectos de la reforma del código penal.
"Los políticos tienen que corregir esta indecente situación que fue generada por ellos mismos en el Código Penal de 2003", declara Julián Ríos, de la plataforma de artistas y juristas. "Está en sus manos y en su conciencia; y si la tienen, dejarán a un lado las presiones de las entidades de gestión de derechos y evitarán que más manteros sufran en la cárcel". El Ministerio de Justicia ha concedido ocho indultos a manteros desde junio de 2009. En todos los casos se sustituyó la prisión por una multa o trabajos en beneficio de la comunidad. El último indulto concedido por el Consejo de Ministros, según El País, es de hace unas tres semanas y pico, concedido a un senegalés. Sin embargo he buscado el Consejo más cercano a la fecha dada en el artículo y no he encontrado nada, así que quizás el artículo está realizado en una fecha diferente a la del día en que se publicó o los indultos no salen en las referencias.
Las penas actuales por vender discos piratas en la calle son de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses, según fija el actual Artículo 270.1 del Código Penal, cuya retirada no está contemplada en el texto aprobado por el Ejecutivo. El proyecto de reforma del Código Penal que cambiaría esta situación se aprobó en el Consejo de Ministros del 13 de noviembre. Pero repetimos: la decisión última es del juez, que puede seguir dictando prisión. La reforma no despenaliza el top manta, pero evita que jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales paguen las multas para que los manteros salgan de la cárcel, como está ocurriendo ahora, decían en El País.
Un artículo del periódico Diagonal que también hacía referencia a la aprobación inicial del Consejo de Ministros recogía la opinión de varios colectivos que abogan por la despenalización del top manta. "Cualquier propuesta que no despenalice al mantero y no cambie en realidad su situación es insuficiente", sostenía Alcira Padín, integrante del Punto Mantero. En términos similares se expresaba la plataforma Mbolo Moye Doole, al considerar que el Gobierno se desentiende del problema. "Al dejarlo como facultad de los jueces", expresaba este grupo en un comunicado, "no cambia la situación de las [en ese momento] 118 personas que se encuentran en prisión (...), ni de los cientos que ya han cumplido condena y que no pueden acceder a un permiso de residencia por tener antecedentes penales", como es el caso del último indultado. Diagonal contaba en enero la historia de otro mantero, éste en Aragón, miembro de la Red de Apoyo a Sin Papeles, condenado a seis meses de cárcel por vender cedés y todavía pendiente de su indulto. "La esperanza es que una vez que el proyecto de reforma del Código Penal se presente en el Parlamento, podamos incluir la despenalización de la venta al por menor en el debate de enmiendas", declaraba el ya referido Julián Ríos, que es profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas, a Diagonal.
Todo ello hay que relacionarlo con las últimas reformas de las leyes de Extranjería y Asilo aprobadas por el Ejecutivo, altamente restrictivas de los derechos de los inmigrantes, o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) fruto de las presiones ejercidas, y que limitó la aplicación del principio de jurisdicción universal a los casos en que existan víctimas españolas, los responsables del delito se encuentren en España o cuando exista algún vínculo de conexión relevante con nuestro país, lo que por ejemplo ha parado las denuncias de Aminatou Haidar contra Marruecos, la del Tibet contra China por la represión previa a los JJ.OO. o la que se instruía por los bombardeos contra asentamientos civiles practicados por el estado de Israel en 2002 y que ahora tratan de emplear en su defensa.
El abogado y profesor Julián Ríos, entrevistado hace apenas un mes por El País, es uno de los impulsores de la plataforma "Contra el endurecimiento constante de las condenas de cárcel: Otro derecho penal es posible" junto a un grupo de juristas para "desmontar mitos creados en torno al sistema penal". España tiene una tasa de delitos mucho menor que la media europea y una delincuencia en línea descendente desde hace 20 años. Sin embargo, la percepción instalada, en gran parte a causa del sensacionalismo periodístico, sobre todo el televisivo, es la de que el país es cada vez más peligroso; en España hay un mayor porcentaje de reclusos que en ningún otro estado europeo: la cifra se ha multiplicado por cuatro en 30 años.
Estamos asistiendo a continuas manifestaciones de familiares de víctimas de delitos violentos que, creyéndose en posesión de la verdad absoluta, piden un endurecimiento aún mayor de las penas, creando una falsa alarma y un debate interesado al que se suma sin rubor el Partido Popular, con el ánimo de recaudar votos y desgastar aún más al gobierno al precio que sea, incluso al de convertir a España en un estado policial, con el que supongo estarían encantados. Las referidas reformas legales citadas más arriba no ayudan precisamente a evitar esta deriva, y todavía hay quien se atreve a asegurar que el PSOE es un partido de izquierdas y progresista: el gobierno y el principal partido de la oposición las aprueban en comandita, y sólo a veces con ayuda de otros. "La sociedad parece creer que la cárcel está llena de delincuentes peligrosísimos, pero no es cierto", continúa Ríos. "La inmensa mayoría están presos por delitos de drogas o contra el patrimonio. La prisión debe usarse cuando es realmente imprescindible. No vale para todo. España tiene que pensar en alternativas eficaces a la prisión, con expertos y de forma sosegada. No caben más presos en nuestras cárceles".
"Los políticos tienen que corregir esta indecente situación que fue generada por ellos mismos en el Código Penal de 2003", declara Julián Ríos, de la plataforma de artistas y juristas. "Está en sus manos y en su conciencia; y si la tienen, dejarán a un lado las presiones de las entidades de gestión de derechos y evitarán que más manteros sufran en la cárcel". El Ministerio de Justicia ha concedido ocho indultos a manteros desde junio de 2009. En todos los casos se sustituyó la prisión por una multa o trabajos en beneficio de la comunidad. El último indulto concedido por el Consejo de Ministros, según El País, es de hace unas tres semanas y pico, concedido a un senegalés. Sin embargo he buscado el Consejo más cercano a la fecha dada en el artículo y no he encontrado nada, así que quizás el artículo está realizado en una fecha diferente a la del día en que se publicó o los indultos no salen en las referencias.
Las penas actuales por vender discos piratas en la calle son de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses, según fija el actual Artículo 270.1 del Código Penal, cuya retirada no está contemplada en el texto aprobado por el Ejecutivo. El proyecto de reforma del Código Penal que cambiaría esta situación se aprobó en el Consejo de Ministros del 13 de noviembre. Pero repetimos: la decisión última es del juez, que puede seguir dictando prisión. La reforma no despenaliza el top manta, pero evita que jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales paguen las multas para que los manteros salgan de la cárcel, como está ocurriendo ahora, decían en El País.
Un artículo del periódico Diagonal que también hacía referencia a la aprobación inicial del Consejo de Ministros recogía la opinión de varios colectivos que abogan por la despenalización del top manta. "Cualquier propuesta que no despenalice al mantero y no cambie en realidad su situación es insuficiente", sostenía Alcira Padín, integrante del Punto Mantero. En términos similares se expresaba la plataforma Mbolo Moye Doole, al considerar que el Gobierno se desentiende del problema. "Al dejarlo como facultad de los jueces", expresaba este grupo en un comunicado, "no cambia la situación de las [en ese momento] 118 personas que se encuentran en prisión (...), ni de los cientos que ya han cumplido condena y que no pueden acceder a un permiso de residencia por tener antecedentes penales", como es el caso del último indultado. Diagonal contaba en enero la historia de otro mantero, éste en Aragón, miembro de la Red de Apoyo a Sin Papeles, condenado a seis meses de cárcel por vender cedés y todavía pendiente de su indulto. "La esperanza es que una vez que el proyecto de reforma del Código Penal se presente en el Parlamento, podamos incluir la despenalización de la venta al por menor en el debate de enmiendas", declaraba el ya referido Julián Ríos, que es profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas, a Diagonal.
Todo ello hay que relacionarlo con las últimas reformas de las leyes de Extranjería y Asilo aprobadas por el Ejecutivo, altamente restrictivas de los derechos de los inmigrantes, o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) fruto de las presiones ejercidas, y que limitó la aplicación del principio de jurisdicción universal a los casos en que existan víctimas españolas, los responsables del delito se encuentren en España o cuando exista algún vínculo de conexión relevante con nuestro país, lo que por ejemplo ha parado las denuncias de Aminatou Haidar contra Marruecos, la del Tibet contra China por la represión previa a los JJ.OO. o la que se instruía por los bombardeos contra asentamientos civiles practicados por el estado de Israel en 2002 y que ahora tratan de emplear en su defensa.
El abogado y profesor Julián Ríos, entrevistado hace apenas un mes por El País, es uno de los impulsores de la plataforma "Contra el endurecimiento constante de las condenas de cárcel: Otro derecho penal es posible" junto a un grupo de juristas para "desmontar mitos creados en torno al sistema penal". España tiene una tasa de delitos mucho menor que la media europea y una delincuencia en línea descendente desde hace 20 años. Sin embargo, la percepción instalada, en gran parte a causa del sensacionalismo periodístico, sobre todo el televisivo, es la de que el país es cada vez más peligroso; en España hay un mayor porcentaje de reclusos que en ningún otro estado europeo: la cifra se ha multiplicado por cuatro en 30 años.
Estamos asistiendo a continuas manifestaciones de familiares de víctimas de delitos violentos que, creyéndose en posesión de la verdad absoluta, piden un endurecimiento aún mayor de las penas, creando una falsa alarma y un debate interesado al que se suma sin rubor el Partido Popular, con el ánimo de recaudar votos y desgastar aún más al gobierno al precio que sea, incluso al de convertir a España en un estado policial, con el que supongo estarían encantados. Las referidas reformas legales citadas más arriba no ayudan precisamente a evitar esta deriva, y todavía hay quien se atreve a asegurar que el PSOE es un partido de izquierdas y progresista: el gobierno y el principal partido de la oposición las aprueban en comandita, y sólo a veces con ayuda de otros. "La sociedad parece creer que la cárcel está llena de delincuentes peligrosísimos, pero no es cierto", continúa Ríos. "La inmensa mayoría están presos por delitos de drogas o contra el patrimonio. La prisión debe usarse cuando es realmente imprescindible. No vale para todo. España tiene que pensar en alternativas eficaces a la prisión, con expertos y de forma sosegada. No caben más presos en nuestras cárceles".
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