Inmatriculaciones de la Iglesia: a buenas horas
La información estrella del diario Público hoy lunes es una según la cual la Iglesia en España ha registrado a su nombre miles de propiedades que habían sido financiadas por ayuntamientos o mediante aportaciones populares, aprovechando una reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el gobierno de Aznar en 1998. A través del hecho de la información principal, sobre el registro de inmuebles en Navarra, vehicula sus tres artículos:
"La Iglesia se apropia de cientos de bienes locales", "Atrios, viviendas, viñas y un frontón" y "Cara y cruz de las luchas vecinales", las dos primeras firmadas de forma individual por Daniel Ayllón. La primera de esas noticias, la que justifica todo, cita como fuentes un informe que realizó el Parlamento navarro en 2008, tras una consulta de Izquierda Unida, un recuento del Arzobispado de Pamplona y Tudela, al ecónomo diocesano y delegado episcopal para el patrimonio, Javier Aizpún, y unas declaraciones del profesor de Derecho Eclesiático de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres. Nada menos... pero nada más. En la segunda de las noticias se recoge, ya sí, la opinión de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que reclama la propiedad pública de los inmuebles situados en la comunidad foral, y cita, ahí sí -debió de haberlo hecho en la información principal-, el libro presentado a finales del año pasado por esta plataforma, "Escándalo monumental" (Ed. Al Taffaylla), escrito por José María Esparza y Pedro Leoz Cabodevilla. El tercer caso habla de lo que ocurre al respecto en Alicante, Cáceres, La Coruña, León y Madrid.
Y ocurre que tengo mis serias dudas de que al redactor de Público se le haya ocurrido la idea de estos artículos a él solo. Porque el periódico Diagonal ya sacó este mismo tema a finales de enero, en su número 118, entrevistando a los autores del libro "Escándalo monumental", y donde hay hasta cuatro artículos relacionados más, destacando el que lleva por título "La Iglesia pasa el cepillo al patrimonio". Y para que quede claro que el tema viene de antiguo, en la hemeroteca de Diagonal hay un artículo del 21 de febrero de 2008 donde ya se habla de este tema y se recoge el criterio de Esparza como portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra, y otro sobre los privilegios y exenciones fiscales de la Iglesia, con fecha 4 de octubre de 2007. Bien está, en todo caso, que haya otro periódico, en este caso Público, que se haga eco de estas informaciones, silenciadas de manera escandalosa en todo el resto del aparataje mediático del estado. Como esa otra noticia de Público sobre los 6.000 millones de euros que se le dan cada año a la Iglesia, sin casilla del IRPF ni nada. Este mismo periódico lo dijo en 2008 y recogieron la opinión del diputado socialista Álvaro Cuesta, que manifestó que considera "inconstitucional y discriminatoria" esta aportación del Estado, pero que sepamos no ha movido un dedo o si lo hizo le han movido a él. Un mes antes de ese artículo, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió al clero que el Gobierno no aceptaría "tutelas morales", pero al mismo tiempo defendió la cooperación del Gobierno con la Iglesia porque no supone "menoscabo" de la "laicidad" del Estado. ¿Qué laicidad, si les dais 6.000 millones por la cara? Mientras no se eliminen estos favoritismos, ni se eche abajo el Concordato, cualquier intento de éste o cualquier gobierno futuro por tratar de "vender la moto" de que se potencia el laicismo y la separación Iglesia-Estado no serán más que milongas, como el anteproyecto de la nueva Ley de Libertad Religiosa, que podemos calificar de reforma muy blanda y cobarde, un fiasco, un auténtico "bluff". España, de "estado aconfesional", nada, ya lo dice la viñeta de Vergara.
"La Iglesia se apropia de cientos de bienes locales", "Atrios, viviendas, viñas y un frontón" y "Cara y cruz de las luchas vecinales", las dos primeras firmadas de forma individual por Daniel Ayllón. La primera de esas noticias, la que justifica todo, cita como fuentes un informe que realizó el Parlamento navarro en 2008, tras una consulta de Izquierda Unida, un recuento del Arzobispado de Pamplona y Tudela, al ecónomo diocesano y delegado episcopal para el patrimonio, Javier Aizpún, y unas declaraciones del profesor de Derecho Eclesiático de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres. Nada menos... pero nada más. En la segunda de las noticias se recoge, ya sí, la opinión de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que reclama la propiedad pública de los inmuebles situados en la comunidad foral, y cita, ahí sí -debió de haberlo hecho en la información principal-, el libro presentado a finales del año pasado por esta plataforma, "Escándalo monumental" (Ed. Al Taffaylla), escrito por José María Esparza y Pedro Leoz Cabodevilla. El tercer caso habla de lo que ocurre al respecto en Alicante, Cáceres, La Coruña, León y Madrid.
Y ocurre que tengo mis serias dudas de que al redactor de Público se le haya ocurrido la idea de estos artículos a él solo. Porque el periódico Diagonal ya sacó este mismo tema a finales de enero, en su número 118, entrevistando a los autores del libro "Escándalo monumental", y donde hay hasta cuatro artículos relacionados más, destacando el que lleva por título "La Iglesia pasa el cepillo al patrimonio". Y para que quede claro que el tema viene de antiguo, en la hemeroteca de Diagonal hay un artículo del 21 de febrero de 2008 donde ya se habla de este tema y se recoge el criterio de Esparza como portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra, y otro sobre los privilegios y exenciones fiscales de la Iglesia, con fecha 4 de octubre de 2007. Bien está, en todo caso, que haya otro periódico, en este caso Público, que se haga eco de estas informaciones, silenciadas de manera escandalosa en todo el resto del aparataje mediático del estado. Como esa otra noticia de Público sobre los 6.000 millones de euros que se le dan cada año a la Iglesia, sin casilla del IRPF ni nada. Este mismo periódico lo dijo en 2008 y recogieron la opinión del diputado socialista Álvaro Cuesta, que manifestó que considera "inconstitucional y discriminatoria" esta aportación del Estado, pero que sepamos no ha movido un dedo o si lo hizo le han movido a él. Un mes antes de ese artículo, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió al clero que el Gobierno no aceptaría "tutelas morales", pero al mismo tiempo defendió la cooperación del Gobierno con la Iglesia porque no supone "menoscabo" de la "laicidad" del Estado. ¿Qué laicidad, si les dais 6.000 millones por la cara? Mientras no se eliminen estos favoritismos, ni se eche abajo el Concordato, cualquier intento de éste o cualquier gobierno futuro por tratar de "vender la moto" de que se potencia el laicismo y la separación Iglesia-Estado no serán más que milongas, como el anteproyecto de la nueva Ley de Libertad Religiosa, que podemos calificar de reforma muy blanda y cobarde, un fiasco, un auténtico "bluff". España, de "estado aconfesional", nada, ya lo dice la viñeta de Vergara.
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