Tribunal militar para civiles
En una decisión sin precedentes, será un tribunal militar marroquí el que juzgue a los siete independentistas saharauis que fueron detenidos el 8 de octubre en el aeropuerto de Casablanca tras visitar el campo de refugiados de Tinduf (Argelia).
La noticia del día, por desgracia, es la manifestación de Madrid contra el aborto. Mucho menos éxito ha tenido la celebrada por la mañana contra la reforma de la Ley de Extranjería. ¿Tendrían los afectados miedo a la posibilidad de ser arrestados? Mientras, la televisión autonómica valenciana llena sus noticias de actuaciones policiales contra inmigrantes. Una mención de 30 segundos al caso Gürtel ocupó el lugar undécimo.
Y mientras, el Gobierno, logrando apoyos para unos presupuestos de derechas.
Ah, las discográficas españolas, Promusicae, siguen llorando sin darse cuenta de que el modelo de negocio les queda caducado. Ahora piden al Gobierno una ley contra las descargas. Al respecto del auge de Spotify, reportaje en El País y algunas frases. Enrique Dans: "Las grandes discográficas con su modelo tradicional de rentabilidad, están ahogando este nuevo modelo. Quieren su dinerito, pero, ¿aportan ahora el mismo valor que antes?". Mario Rigote, responsable de La central digital, plataforma dependiente de la SGAE que agrupa a sellos españoles y latinoamericanos, y a artistas que han apostado por la autoproducción y la autoedición: "La posición de las majors es inmovilista, por ejemplo, al pedir anticipos. Hay que universalizar el acceso a la música con un modelo sostenible". Las majors vienen exigiendo a las plataformas de streaming -escucha instantánea online- cantidades que van en torno a un euro por cada mil escuchas. Estos pagos, cuando la base de clientes es muy grande, pueden acabar ahogando un proyecto, dice el texto.
Sigue la controversia dentro del propio sector del cine contra la orden ministerial que regula las ayudas de la Ley de Cin, al entender que favorece a las grandes producciones sobre las medianas y sobre todo las pequeñas, o porque, dicen, favorece a las cadenas de televisión. En El País y en Público. La división dentro de la industria cinematográfica patria no ha descendido. El caso es que ya está acabada su redacción y se va a enviar al BOE y a Bruselas, según el Sindeministerio.
La noticia del día, por desgracia, es la manifestación de Madrid contra el aborto. Mucho menos éxito ha tenido la celebrada por la mañana contra la reforma de la Ley de Extranjería. ¿Tendrían los afectados miedo a la posibilidad de ser arrestados? Mientras, la televisión autonómica valenciana llena sus noticias de actuaciones policiales contra inmigrantes. Una mención de 30 segundos al caso Gürtel ocupó el lugar undécimo.
Y mientras, el Gobierno, logrando apoyos para unos presupuestos de derechas.
Ah, las discográficas españolas, Promusicae, siguen llorando sin darse cuenta de que el modelo de negocio les queda caducado. Ahora piden al Gobierno una ley contra las descargas. Al respecto del auge de Spotify, reportaje en El País y algunas frases. Enrique Dans: "Las grandes discográficas con su modelo tradicional de rentabilidad, están ahogando este nuevo modelo. Quieren su dinerito, pero, ¿aportan ahora el mismo valor que antes?". Mario Rigote, responsable de La central digital, plataforma dependiente de la SGAE que agrupa a sellos españoles y latinoamericanos, y a artistas que han apostado por la autoproducción y la autoedición: "La posición de las majors es inmovilista, por ejemplo, al pedir anticipos. Hay que universalizar el acceso a la música con un modelo sostenible". Las majors vienen exigiendo a las plataformas de streaming -escucha instantánea online- cantidades que van en torno a un euro por cada mil escuchas. Estos pagos, cuando la base de clientes es muy grande, pueden acabar ahogando un proyecto, dice el texto.
Sigue la controversia dentro del propio sector del cine contra la orden ministerial que regula las ayudas de la Ley de Cin, al entender que favorece a las grandes producciones sobre las medianas y sobre todo las pequeñas, o porque, dicen, favorece a las cadenas de televisión. En El País y en Público. La división dentro de la industria cinematográfica patria no ha descendido. El caso es que ya está acabada su redacción y se va a enviar al BOE y a Bruselas, según el Sindeministerio.
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