Guardans
Nada más llegar al cargo de director general del ICAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales), el anteriormente conocido como eurodiputado convergente Ignasi Guardans, nombrado por la sinpar Ángeles González-Sinde, a la sazón ministra de la cosa cultural, firmó una orden ministerial que desarrollaba la Ley de Cine de diciembre de 2007. Un centenar de cineastas redactó y firmó un manifiesto en contra de dicha orden, al entender que perjudicaba a las producciones más modestas. Guardans se defendió de las acusaciones formuladas, que circularon sobre todo vía correo electrónico: "Sí hay un cambio en cuanto a la financiación de las películas de menos de dos millones de euros. Es un procedimiento distinto del actual, pero en ningún lugar se suprimen ni reducen las ayudas a las películas del llamado cine independiente o de autor". Fue en agosto. La orden ministerial estaba " en proceso de consultas". Sería a la vuelta del verano cuando, según Guardans, se estudiarían y analizarían todas las propuestas con todos los implicados.
Con el verano a punto de echar el cierre, el señor director general del ICAA se acaba de desahogar en el Senado diciendo que España "está en la cola de Europa" en ayudas públicas al cine. "No estoy pidiendo más dinero para el cine, aunque quizá sí para la gestión de recursos" dedicados a la cinematografía, suplicó Guardans, para aclarar después que ninguna fuerza política "debe poner en cuestión lo esencial: que el cine español debe y puede recibir ayuda pública". Antes había pedido que estas ayudas no se discutiesen y quedasen fuera del habitual rifirrafe político.
Pero el otoño le acaba de traer un disgusto al que en Europa era adalid de libertades y aquí quiere restringirlas: los "Cineastas contra la orden" han vuelto. En un texto enviado al Ministerio de Cultura el pasado día 6, directores, productores y técnicos de películas de bajo presupuesto (menos de tres millones de euros, que entienden se verían damnificados si la orden llega a ser una realidad) vuelven a decir que el contenido del texto es un grave error. Guardans ha recibido a una representación de los firmantes del manifiesto, pero las aguas siguen bajando con turbulencias. Por ejemplo, se recoge el testimonio de David Trueba, que apoyó la Ley de Cine ("no era perfecta pero había un intento por poner las cosas en claro", sostiene) y que tiene ahora otra opinión. Declara que, con esta orden ministerial, "las ayudas a la cinematografía van a acabar en las grandes cadenas de televisión, que se van a adueñar de la producción en España, y no porque tengan pasión por nuestro cine sino solo el objetivo de hacer dinero" (la orden obliga a las cadenas a invertir en cine español, cuando la realidad es que ya lo hacen: Antena 3 Films, Estudios Picasso, Mediapro y Sogecine).
Como las televisiones no tienen competencia, los firmantes auguran un futuro negro para los directores más modestos o la gente que empieza, temiendo que no quieran financiar proyectos innovadores, atrevidos, transgresores o sencillamente alternativos. Algunas peticiones, que no se pongan límites a las ayudas a guiones -en la orden se habla de un número de ayudas anual no superior a 12- y rebajar la cuantía máxima de cada una para que haya un mayor número de beneficiados. O que se elimine el listón de dos millones de euros del coste de un proyecto para acceder a esa ayuda, que a los únicos que favorece es a los productores "poderosos". El texto incluye otros aspectos igualmente polémicos, como el de igualar las miniseries a las tv movies o el escaso apoyo a las producciones hechas en lenguas españolas distintas al castellano -es decir, apartheid cultural al catalán, al vasco y al gallego-.
Más otoño caliente para el Gobierno en un área que seguro ni sospechaban...
Opinión extra. Jorge Martínez Reverte: "El presidente Zapatero recibe siempre desde los sectores descontentos la misma acusación: no consulta a nadie, lleva una dirección personalista de la política y sus decisiones no tienen pinta de haber sido muy meditadas. Improvisación y actitud caudillista, en suma".
Con el verano a punto de echar el cierre, el señor director general del ICAA se acaba de desahogar en el Senado diciendo que España "está en la cola de Europa" en ayudas públicas al cine. "No estoy pidiendo más dinero para el cine, aunque quizá sí para la gestión de recursos" dedicados a la cinematografía, suplicó Guardans, para aclarar después que ninguna fuerza política "debe poner en cuestión lo esencial: que el cine español debe y puede recibir ayuda pública". Antes había pedido que estas ayudas no se discutiesen y quedasen fuera del habitual rifirrafe político.
Pero el otoño le acaba de traer un disgusto al que en Europa era adalid de libertades y aquí quiere restringirlas: los "Cineastas contra la orden" han vuelto. En un texto enviado al Ministerio de Cultura el pasado día 6, directores, productores y técnicos de películas de bajo presupuesto (menos de tres millones de euros, que entienden se verían damnificados si la orden llega a ser una realidad) vuelven a decir que el contenido del texto es un grave error. Guardans ha recibido a una representación de los firmantes del manifiesto, pero las aguas siguen bajando con turbulencias. Por ejemplo, se recoge el testimonio de David Trueba, que apoyó la Ley de Cine ("no era perfecta pero había un intento por poner las cosas en claro", sostiene) y que tiene ahora otra opinión. Declara que, con esta orden ministerial, "las ayudas a la cinematografía van a acabar en las grandes cadenas de televisión, que se van a adueñar de la producción en España, y no porque tengan pasión por nuestro cine sino solo el objetivo de hacer dinero" (la orden obliga a las cadenas a invertir en cine español, cuando la realidad es que ya lo hacen: Antena 3 Films, Estudios Picasso, Mediapro y Sogecine).
Como las televisiones no tienen competencia, los firmantes auguran un futuro negro para los directores más modestos o la gente que empieza, temiendo que no quieran financiar proyectos innovadores, atrevidos, transgresores o sencillamente alternativos. Algunas peticiones, que no se pongan límites a las ayudas a guiones -en la orden se habla de un número de ayudas anual no superior a 12- y rebajar la cuantía máxima de cada una para que haya un mayor número de beneficiados. O que se elimine el listón de dos millones de euros del coste de un proyecto para acceder a esa ayuda, que a los únicos que favorece es a los productores "poderosos". El texto incluye otros aspectos igualmente polémicos, como el de igualar las miniseries a las tv movies o el escaso apoyo a las producciones hechas en lenguas españolas distintas al castellano -es decir, apartheid cultural al catalán, al vasco y al gallego-.
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