Abusos ignorados

Ya he hablado de este tema antes. Cuando saltó a los medios, en diciembre, al publicarse el informe "Si vuelvo, ¡me mato!". Ahora la noticia ha desaparecido. La voracidad mediática es así. Son los abusos en centros de menores o centros de protección terapéuticos en Andalucía, Cataluña y Madrid, los casos que Amnistía Internacional ha podido estudiar y que concentran el 55% de los establecimientos de este tipo existentes en España. En el número 101 de su revista vuelven a la carga, en un reportaje firmado por Carmen López. Uno de los testimonios es de Sara Casas, que tras dar tumbos por cuatro centros similares en Andalucía acabó en el Dulce Nombre de María en Málaga, teniendo en aquel entonces 15 años. El texto empieza así: "Si tú, por ejemplo, ataras a tu hija o a tu hijo a una silla con cinta de embalar, si además le dieras medicación sin decirle para qué, si le tuvieras aislado durante días en una habitación, si no informaras a nadie de lo que le ocurre... El fiscal o la autoridad judicial, correctamente, te los quitaría. Si eso lo hace la administración en los centros de protección terapéuticos no pasa absolutamente nada. Y el menor sigue allí". En la web de la ONG se puede contemplar el testimonio de Sara Casas y el de otras personas que han aceptado contar su experiencia, así como el citado informe y un formulario a rellenar y enviar para pedirle a Rodríguez Zapatero que el gobierno que preside:

- Exija que las denuncias de posibles abusos se investiguen rápida y exhaustivamente, y se facilite a los menores el acceso a un recurso judicial efectivo y a reparaciones justas y oportunas.

- Produzca y publique estadísticas que permitan cuantificar el número de menores, así como el número de plazas y centros terapéuticos en el sistema de protección en toda España.

- Adopte medidas concretas para garantizar el control, la inspección y rendición de cuentas de los organismos y entidades privadas que se encarguen de la gestión de estos centros.

- Destine los máximos recursos tanto económicos como legales y políticos para garantizar una protección efectiva y coordinada en todo el territorio del Estado.

- Modifique la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 1/1996 para que establezca unos estándares claros sobre la situación jurídica de los y las menores internados en centros de protección terapéuticos y asegure el acceso a medidas de reparación para las víctimas de abusos.